Por lo general todos los gobiernos pregonan que sus políticas económicas y sociales apuntan a la promoción del “bien común”. Y como parte de ese bien común algunos –los declaradamente “progresistas”– impulsan la mejora en la distribución de los ingresos en la sociedad en su conjunto. Esto se logra con medidas tan obvias como, por ejemplo aumentando los salarios reales y la participación de los asalariados en el producto nacional, o contribuyendo a que sectores de menores ingresos puedan satisfacer plenamente sus necesidades básicas, entre otros factores.

En cambio cuando un gobierno no pretende ser tildado de “progresista” porque no lo es, pero tampoco quiere aparecer como no atendiendo al “bien común” introduce como concepto el “efecto derrame”. O bien considera que el “mercado” lo puede todo y que es el mercado en sí el que va a determinar cuál es el bien común. Esto significa que si determinadas medidas que son regresivas dado que indefectiblemente favorecen a los sectores de más altos ingresos tanto nacionales como extranjeros, eso está bien. Después de todo son los únicos capacitados, dicen, para realizar las inversiones necesarias para atender al bien común. El economista Javier González Fraga lo implica cuando dice: “Estamos sincerando la economía para que en lugar de tener una burbuja de crecimiento que alimente proyectos populistas tengamos décadas de crecimiento”.

En realidad ¿qué significa ese “sinceramiento” al que se refiere JGF? ¿El aumento de las tarifas públicas, como venimos padeciendo en la actualidad? ¿A qué tipo de “soluciones” se estaría promoviendo con éstas y otras medidas, como por ejemplo, echar gente a mansalva del sector público, y la recesión deliberada que se está generando y que el gobierno no ve con malos ojos porque de éste modo –dice– se lograría controlar el proceso inflacionario?

González Fraga disfraza su cometido refiriéndose a los “empleados medios” con “sueldo medio” y se horroriza porque “no deberían poder comprar celulares, plasmas, autos, motos o viajes al exterior”. Eso formaba parte de “una ilusión” dice. “Las cosas no se pueden hacer como uno querría, y menos después de 12 años donde se ha invertido mal, se alentó el sobre consumo, se atrasaron las tarifas y se atrasó el tipo de cambio”. “No digo que si era bueno o malo. Por supuesto que era bueno, pero no era normal. No era sostenible”.

La crítica al gobierno anterior no va por el lado en que lo plantea JGF. La crítica que muchos hicimos tiene que ver, entre otros factores, con su excesivo extractivismo que, impulsado desde los años 90, fuera promovido masivamente por el gobierno anterior, y que seguramente Macri va a seguir impulsando dado que –como dice el ideario neoliberal– “tenemos ‘ventajas comparativas’ en lo que hace a los recursos naturales.

El énfasis en la soja transgénica en desmedro de otros alimentos básicos; en la minería a cielo abierto; el fracking pese a sus enormes y negativas “deseconomías externas; en una política energética que no tomó en cuenta fuentes alternativas de energía como la eólica y solar; en mantener una regresividad en el sistema impositiva donde reina el IVA, un impuesto indirecto que va en desmedro de los sectores populares, en vez de otros impuestos directos que se orienten a sectores de altos ingresos; una política industrial excesivamente orientada hacia las grandes empresas y en especial la industria automotriz que dejó de ser sustitutiva de importaciones.

JGF se remite fundamentalmente a un aspecto de corto plazo de la actual política que está haciendo estragos en la sociedad: el aumento exorbitante de las tarifas públicas, que acompaña la devaluación, y otras medidas afines. Con respecto a este aumento vale la pena reflexionar sobre ella. Porque lo que está en juego es el acceso a la electricidad, el gas, el agua y otras necesidades básicas de la población, en especial de los sectores de más bajos ingresos de la comunidad. Y no cabe duda de que esto es muy diferente que hablar de sectores medios y su afán por las plasmas, los viajes al exterior.

¿Cuál es la argumentación que se plantea cuando hablamos de “tarifas públicas”? Hablamos de la provisión de bienes esenciales que tienden a satisfacer necesidades básicas de la población. Y el deseo es que la sociedad en su conjunto pueda acceder a cubrir esas necesidades básicas. Por ello, consideramos de que deberían ser considerados derechos equiparables a los derecho humanos, derecho al agua, a la electricidad. Que al igual que el derecho a la salud, a la vivienda, a la alimentación deberían ser considerados derechos ineludibles en toda sociedad.

Todas estas necesidades son muchas veces provistas por el Estado, como parte ineludible del “bien común”. Sin embargo, que en la mayoría de los países del mundo esas necesidades sean provistos por empresas públicas no garantiza de que esta política sea operada eficazmente, y cuando me remito a este concepto de eficiencia me estoy refiriendo, a “la medida en que se logra contribuir a satisfacer las necesidades básicas toda de la población”. Si remitimos a que las empresas públicas deben siempre ser superavitaria y nunca deficitaria, nos estaríamos alejando de nuestro concepto de bien común.

* Profesor de la UBA.