La propuesta de blanqueo de capitales efectuada por Cambiemos tiene como contracara el pago de los juicios de la Anses. Desde la estrategia política de Macri y sus funcionarios, el noble objetivo es el pago a las jubilaciones mientras que el medio que lo justifica es el blanqueo. En los hechos es lo opuesto: el objetivo es la liquidación del FGS de la Anses juntamente con el blanqueo, y el medio es introducir las demandas de los jubilados.

Como primer punto ineludible, un blanqueo de capitales es, en sí mismo, cuestionable, porque significa aceptar incumplimientos fiscales. Sin embargo, puede ser de utilidad económica según la coyuntura en particular, por lo que a la hora de tomar una decisión de este orden, entra en juego una ponderación de las opciones y necesidades macroeconómicas.

Blanqueo

Hace tres años, Rogelio Frigerio, actual Ministro del Interior, tuiteaba: “el modelo premia a los evasores con blanqueo y castiga a los q cumplen con sus obligaciones con una presión tributaria record”. Por su parte, Alfonso Prat Gay escribía en la red: “Mientras espera el Nobel a Axel x su CEDIN, CFK vuelve a prorrogar blanqueo. Argentina es el paraíso fiscal + gde del mundo”.

En este marco, cabe la pregunta: ¿por qué cambiaron de parecer? La tan anunciada lluvia de dólares no parece concretarse y a medida que se avecina el segundo semestre es cada vez más claro que los dólares tendrán un ingreso por la puerta financiera, no comercial. Con “la salida exitosa del cepo” sólo ingresaron 513 millones de Inversión Extranjera Directa en primer trimestre 2016 –enero, febrero, marzo–, contra 412 millones en el mismo trimestre del año pasado (2015). Si se mantiene un ingreso de 500 millones por trimestre, son 2000 millones de dólares al año. Es una cifra significativamente menor, por ejemplo, al ingreso de inversión extranjera en 2012, de 3744 millones de dólares, tratándose precisamente del primer año de plena vigencia del “cepo”, que fue fustigado por impedir las inversiones. Incluso en 2011 la inversión extranjera había sido de 3502 millones de dólares.

La inclusión de funcionarios públicos en el blanqueo podría constituir un dato de color, si no fuera por el reciente descubrimiento de cuentas offshore en Panamá y Bahamas donde figuran funcionarios de la actual gestión, entre los que se encuentra el mismísimo presidente. La aparición de sociedades de distintos funcionarios y socios macristas (Jorge Macri, Gustavo Arribas, Darío Lopérfido, Nicolás Caputo, Daniel Angelici, Néstor Grindetti) muestra un comportamiento generalizado reflejado también en la declaración de Macri de 18 millones de pesos en Bahamas.

Este blanqueo, en suma, permite “ordenar” la desprolija situación patrimonial de Macri y además de importantes funcionarios de Cambiemos. Pero la práctica tampoco se limita a los funcionarios: Amalia Lacroze de Fortabat, Héctor Magnetto, Gregorio y Jorge Pérez Companc, la familia Blaquier, Eduardo Eurnekian, los hermanos Pagani y Alfredo Coto, entre otros, han creado sociedades en paraísos fiscales en la última década.

En el marco del generoso blanqueo cabe una obligada mención a la fuga de capitales, donde se abre el interrogante: ¿por qué prefieren incentivos para que el dinero vuelva al país antes que evitar que se fugue? A partir de “la salida exitosa del cepo” la fuga de dólares aumentó sustancialmente. Al observar la cuenta “formación neta de activos externos de libre disponibilidad del sector privado no financiero” para el primer trimestre, se registra una compra de moneda extranjera por personas físicas y jurídicas de 4237 millones de dólares. Hay que agregar la salida de divisas de 2024 millones de dólares en diciembre, lo que totaliza unos 6200 millones de dólares de fuga en los primeros cuatro meses de gobierno de Cambiemos. Es un promedio mensual de 1500 millones de dólares de fuga, tres veces más que en 2015. Entre enero y noviembre de 2015 el promedio de salida de divisas mensual había sido de 590 millones de dólares.

Jubilados

El mentado objetivo del blanqueo es la implementación del “Programa de Reparación Histórica”, que supone reconocer las sentencias y efectuar un pago de los retroactivos, es decir, de los montos acumulados en el tiempo por las diferencias entre lo que debió haber cobrado el jubilado cada mes y lo que efectivamente cobró. La deuda asciende a 220 mil millones de pesos aproximadamente entre sentencias y actualizaciones (300.000 juicios a un promedio de 300.000 pesos, mas el 50% de actualización de haberes para 2,5 millones de jubilados –el haber medio es de 8135 pesos–).

La pregunta es: ¿de dónde saldrán los recursos para pagar las sentencias? Si se presume que el blanqueo permitiría ingresar 45 mil millones de pesos (correspondientes a una suma de 20 mil millones de dólares), y considerando lo destinado en el presupuesto (12,5 mil millones de pesos) aun estarían faltando más de 150 mil millones. La intención es echar mano a “las utilidades” del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Dichas utilidades que arroja el FGS han servido para sostener el valor real de ese stock, por lo que “utilizar las ganancias” del mismo implica desarmar el propio fondo.

La venta de las acciones del FGS significa en la práctica, además, la desaparición de los directores estatales en esas compañías. Se trata de la histórica reparación, pero en este caso a los dueños de empresas privadas. Por eso, toman particular relevancia las declaraciones oportunamente realizadas por el ex ministro de Desarrollo Económico de Macri y ex gerente de Máxima de las AFJP, y actual ministro de Producción, Francisco Cabrera, quien indicó que “Yo propongo subastar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en pedazos, para que entren fondos de pensión del exterior”.

Financiamiento

Con la recuperación estatal del sistema previsional en 2008 se recompone el principio de solidaridad intergeneracional. Este implica que sean los trabajadores de hoy quienes financian las jubilaciones de los pasivos actuales. De este modo, la sustentabilidad del sistema previsional está fundamentalmente ligada a la dinámica del mercado de trabajo. Por ende, una afectación a través de menor empleo formal o menores salarios, significa un achicamiento de la recaudación de la Anses. Los despidos y suspensiones hasta abril de 2016 ascendieron a 154 mil personas, mientras que la dinámica salarial arroja una inflación 10 puntos por encima de los convenios negociados, factores que ya surtieron efectos en el nivel de consumo y producción.

Por esta propia dinámica contractiva, como la movilidad jubilatoria se encuentra vinculada a la evolución salarial y a la recaudación del sistema, se agudiza la dinámica a la baja de los haberes y, circularmente, de la recaudación. Primera alerta en torno al financiamiento del sistema.

En segundo lugar, será a su vez afectada la recaudación de la Anses con las devoluciones de coparticipación a las provincias, primero con el fallo de la Corte en diciembre último (San Luis, Santa Fe y Córdoba) y luego con el acuerdo de 3 por ciento anual por los próximos cinco años, para las restantes provincias.

En tercer lugar, la ley de primer empleo que se encuentra en el congreso significa una reducción de contribuciones patronales para jóvenes de entre 18 y 24 años, en detrimento nuevamente de la recaudación de la Anses.

Un cuarto factor es el aumento de las erogaciones del organismo: además de las sentencias, se encuentran los ajustes de los haberes de acuerdo a lo establecido por lo fallos (se estima un promedio de aumento del 50 por ciento), a lo que debe adicionarse la ley de pensión universal a la vejez. Esta última medida, si bien supone haberes que son 20 por ciento menores a la mínima, constituye una medida positiva en tanto institucionaliza la posibilidad de percibir un ingreso a pesar de no contar con aportes.

Como último punto, el recurso indefinido a la cobertura del “Tesoro” de los déficits de la Anses tiene serios límites. Desde la asunción del gobierno macrista la eliminación de retenciones afectó los ingresos del fisco, e incluso la reducción de impuesto de la soja incidió en la recaudación provincial.

En este complejo esquema, se ubican en estrecha ligazón las propuestas sobre la modificación de la edad jubilatoria. El proyecto oficial incluye la creación de un Consejo de Sustentabilidad Previsional donde se establece un plazo de tres años para crear un “nuevo régimen previsional universal, integral, solidario y sustentable”. No podemos menos que retrotraernos a las iniciativas del Banco Mundial en la década de los 90, que proponía: (i) el aumento de la edad jubilatoria, (ii) una cobertura de pobreza para todos los excluidos, (iii) la opción, para los que puedan pagar, de ahorrar en sistemas privados de administración de fondos con capitalización individual.

En definitiva, el fin de las medidas constituye sin dudas una reparación histórica, pero en este caso al poder económico, el cual se sintió invadido con la presencia de directores estatales en sus compañías luego de la estatización de las AFJP.

* Economistas del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).