El heterogéneo paquete “Blanqueo+jubilaciones” bajo discusión en el Congreso estipula un plazo de tres años para definir un nuevo régimen previsional, sobre el que por ahora se tejen conjeturas. El tema previsional es de gran complejidad. Abarca a la totalidad de la población adulta, en tanto contribuyente o beneficiaria; y sus impactos macroeconómicos son muy amplios. Además, si se trata de basar los beneficios en las historias laborales, abarca un sinfín de casos posibles: desde los trabajadores siempre empleados con una amplia historia en condiciones de formalidad hasta aquéllos que participan intermitentemente en mercados de trabajo no formales. Esto dificulta lograr soluciones equitativas.

Hay sin embargo dos principios que deberían respetarse.

El primero es que toda la población que no esté en edad de trabajar debe contar con un mínimo de cobertura, al margen de cuál haya sido su vida laboral. Salvo que nos desentendemos de la supervivencia de quiénes no reciben ingresos (algo inaceptable), siempre asignamos recursos a la población pasiva. Si esto no es brindado por un sistema jubilatorio, provendrá de otras vías como el asistencialismo o la ayuda familiar (o de la riqueza personal, que pocos la tienen). El sistema previsional es la vía que se ha elegido en las sociedades actuales; una vía digna, por fundarse en un derecho, y no en una dádiva de la caridad o de otros miembros del grupo familiar.

El segundo principio pasa por comprender que todo sistema previsional es en esencia de reparto. Esto es así, porque en definitiva destina una parte de la producción de la economía al consumo de la población pasiva (al igual que a los niños, a las amas de casa, a los enfermos o a los desempleados). La “cuestión previsional” consiste en definir cómo se construyen estos derechos en condiciones de sostenibilidad.

Se enfatiza este aspecto, porque la historia de los sistemas previsionales no ayuda. Desde un principio, se los definió por analogía a cualquier acto de ahorro individual. Contribuir al sistema previsional resultaba así equivalente a apartar parte del ingreso, para luego gastarlo en la etapa pasiva de la vida; de allí el propio nombre, que alude a la “previsión” que debe hacerse para la vejez.

Esta forma de ver el tema produce la percepción de que cada persona separa parte de la producción corriente para utilizarla a futuro. Es como si el ahorro se realizara en latas de alimento, ropa, para su uso posterior. Pero esto no ocurre: toda la producción de bienes de consumo de un período es utilizada durante ese mismo período. Nada se almacena, y sería un sinsentido hacerlo.

Cualquier ahorrista –relacionado o no con la cuestión previsional– ahorra en dinero y difiere consumo; pero lo único que obtiene es un derecho a utilizar su ahorro a futuro (con los intereses ganados). Este derecho no está asegurado: si en el período en que vence su ahorro la producción cae drásticamente por alguna razón, será poco lo que podrá comprar. En definitiva, el derecho al consumo en un período futuro dependerá de lo que ocurra en ese período futuro. Obviamente, si el ahorro da lugar a una inversión productiva, esto incrementa las chances de que el ahorrista obtenga un retorno útil, porque posiblemente habrá producción para adquirir. Pero si este ahorro se hizo para lograr un altísimo rendimiento financiero, y esto se traduce en un derrumbe de la inversión, es bien posible que el ahorrista enfrente dificultades para consumir en el futuro el resultado de su ahorro.

Esta última eventualidad podrá sonar disparatada, pero no lo es. La reforma previsional de 1994 en Argentina ejemplifica esta paradoja.

Privatización

La reforma fue anunciada para terminar con el “despojo” a los jubilados por parte del Estado y para incentivar el fin del trabajo en negro. Pero lo cierto es que la privatización del sistema previsional desfinanció al Estado: se desviaron ingresos a los fondos a capitalizar (gestionados por las Administradores de Fondos de Jubilaciones y Pensiones); la promesa de que la privatización previsional incentivaría el blanqueo salarial no se cumplió, y no hubo recaudación adicional. Esto contribuyó a una creciente contracción económica (casi 19 por ciento del PIB), que culminó con el derrumbe de la Convertibilidad. Se limitó así, y muy fuertemente, la posibilidad de retribuir a los beneficiarios del sistema jubilatorio privado. El sistema previsional de capitalización contribuyó así a la desestabilización macroeconómica, y no a asegurar la supervivencia de los jubilados.

¿Pero qué hay de los fondos que acumulan los sistemas jubilatorios de capitalización? ¿No son fondos disponibles para inversión? Estos fondos se constituyen y crecen en los períodos en que hay más aportes que beneficios. Así ocurrió durante el sistema previsional privado instituido en 1994; pero también había ocurrido cuando se universalizaron los aportes jubilatorios al Estado a partir de la segunda posguerra.

Pero una vez que se generaliza el pago de beneficios, estos fondos no crecen más: lo que entra como aporte equivale grosso modo a lo que se paga como beneficio. La única función que cumplen los “fondos de los jubilados” en esa circunstancia es la de reglar el cálculo de los beneficios. Así, cuando el sistema jubilatorio de capitalización madura, se percibe la transferencia de recursos de activos a pasivos, la esencia de cualquier sistema previsional. Y hoy día poco objeto tiene plantear el tema de eventuales fondos previsionales excedentes, porque se ha generalizado el beneficio jubilatorio; y no puede aceptarse que esto se modifique en el futuro.

Envejecimiento

¿Por qué entonces esta insistencia en los regímenes de capitalización? En los países centrales, se apuntó en realidad a otro tópico: el considerable envejecimiento de la población, por obra de una baja tasa de nacimientos y la prolongación de la esperanza de vida. La cantidad de pasivos por individuo activo crece, obligando a transferencias también crecientes. comprender que todo sistema previsional es en esencia de reparto. Esto es así, porque en definitiva destina una parte de la producción de la economía al consumo de la población pasiva , al atribuir a cada individuo la “responsabilidad” por su jubilación o pensión. En definitiva, será la economía la que decidirá cuánto será el beneficio, y ya no el Estado.

Pero ésta no es la forma decente de encarar el tema del envejecimiento de la población (algo que se prevé también para la Argentina). Es sólo escamotear el problema, que es el de cómo constituir un sistema sostenible de derechos a los frutos de producción por parte de la población pasiva.

Además de no inmunizar ante una crisis económica, el sistema de capitalización es poco lo que brinda. Por ejemplo, en la “época de oro” de la economía chilena (años ‘90), el haber que recibía el beneficiario del sistema de capitalización representaba en el orden del 40–45 por ciento del sueldo en actividad.

Pero hay algo más. La capitalización mata un segundo pájaro con el mismo tiro, porque aparece la veta para un jugoso negocio financiero.

Las discusiones en curso incluyen un replanteo del sistema previsional actual; pero aprender de los errores no parece estar en la agenda de muchos decisores hoy día. La coexistencia de una informalidad importante y una cobertura universal del sistema jubilatorio deberían traducirse en el abandono de cualquier idea de restituir un sistema de capitalización. Y si, contra toda lógica, se optara una vez más por tal sistema, es inevitable que sea estatal. Por lo menos, se evitará pagar el “tributo” a las finanzas.

* CESPA-FCE-UBA.