Terminó el primer semestre y comienzan los primeros balances de gestión del gobierno de Cambiemos. Por la relevancia que esta fuerza le da a la estrategia de inserción internacional (“Argentina tiene que volver al mundo”), vale la pena sintetizar lo que sugieren los datos oficiales disponibles de la balanza de pagos.

El resultado global indica que el gobierno de Macri logró acumular reservas por 4548 millones de dólares en la primera mitad de año, casi el doble de lo logrado por su antecesora Cristina Fernández en igual período de 2015. Y lo hizo intensificando algunas tendencias existentes y alterando otras. Su logro principal es el de casi haber triplicado el superávit de la cuenta capital (13.126 millones de dólares), para más que compensar el déficit cuadriplicado de la cuenta corriente (8578 millones de dólares). Esta primera descripción ofrece el sesgo central del cambio: un rol creciente de los capitales extranjeros, en particular de los financieros, por sobre los resultados del comercio exterior.

Los años expansivos del régimen de acumulación kirchnerista se basaron, entre otros rasgos, en los superávit gemelos (fiscal y comercial). Así, hasta comienzos de la década de 2010 el excedente comercial se encargó de financiar al resto de los usos de las divisas, otorgándole un significativo poder estructural a los sectores exportadores, entre los que se destacan las producciones primarias y ciertas manufacturas básicas.

Las divisas son un recurso escaso en una economía dependiente como la argentina, y por lo tanto la fracción del capital que cumple el rol de abastecedor asume una importancia decisiva. Atenazado entre las inconsistencias internas y la crisis internacional, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner pudo soportar el deterioro del saldo de cuenta corriente con las reservas acumuladas previamente y la imposición de diversos controles al sector externo: las DJAI, las limitaciones para remitir utilidades al exterior y los controles de cambios (ideológicamente llamado “cepo”).

Pero ante la insuficiencia de estas medidas, el propio kirchnerismo propició un viraje en su inserción externa desde 2014, giro que el conflicto con los fondos buitres impidió consolidar. El reconocimiento de fallos en el CIADI, el arreglo con el Club de París, la indemnización a Repsol y la suscripción de acuerdos financieros con China forman parte de esta redefinición que la balanza de pagos de 2015 comenzó a mostrar.

Este giro es el que Cambiemos tomó como programa y profundizó, eliminando aquellas políticas consideradas inconsistentes con el rumbo general (sobre todo las señaladas en el párrafo anterior). Y se puede afirmar que, en sus propios términos, le ha dado resultados.

La centralidad asumida por el capital extranjero se expresa en el incremento de las inversiones directas y las financieras. La inversión destinada a la actividad productiva (IED) casi se duplica (llegando a 1290 millones al cabo de los primeros seis meses de 2016). Pero este crecimiento palidece frente al notable incremento de los préstamos financieros de distintas fuentes. Incluso las inversiones de cartera crecieron, mostrando un saldo positivo por primera vez en el último lustro (869 millones). El rol del capital financiero se consolida así como la fuente privilegiada de divisas, desplazando de ese lugar a los grandes exportadores.

Esta renovada centralidad estructural del capital financiero se pone de manifiesto en las operaciones del sector público, donde el ingreso de capitales por la vía de préstamos se multiplicó por diez de un año al otro, explicando el grueso del superávit de la cuenta capital. Se trata básicamente de la emisión de títulos ligada al arreglo con los buitres, la más grande para una economía periférica en los últimos 20 años.

Este verdadero festival de bonos, con rendimientos que promedian el 7,14 por ciento anual en dólares, se articula con nuevas emisiones de deuda que, de conjunto, no sólo viabilizan el incremento de reservas, sino que también están sirviendo para financiar gastos corrientes del Estado en un cuadro de déficit de las cuentas públicas. En buena medida, éste se asocia al “sacrificio fiscal” implícito en muchas de las transferencias de ingresos motorizadas hacia las fracciones dominantes desde la asunción del gobierno, así como a los impactos que el ajuste regresivo acarrea sobre las finanzas estatales.

Según el presupuesto 2016 autorizado por el Congreso y la addenda realizada para pagar a los buitres, este año se sumarían 39.900 millones de dólares a la deuda oficial reconocida a fines de 2015 (la deuda emitida por el gobierno nacional desde su asunción representa más del 90 por ciento del total anual aprobado).

Volvemos así a un modelo de déficit fiscal financiado por deuda externa, con la consabida inestabilidad que esto produce. La ventaja con la que cuenta Cambiemos son los bajos niveles de deuda con privados en moneda extranjera de los que parte, uno de los legados del kirchnerismo.

La contracara de este creciente poder financiero es el deterioro de la cuenta corriente, por diversas vías. El saldo comercial es el segundo peor del último lustro, sólo superado por 2013, con un magro superávit de 1025 millones de dólares. Dentro de esta cuenta el rubro de servicios es el que impulsa el deterioro: mientras su déficit creció un 29 por ciento respecto de 2015, las mercancías han logrado mejorar un 13 por ciento su superávit en el mismo lapso. Debe resaltarse que este resultado se ha logrado por una caída de las importaciones mayor a la de las exportaciones.

La agenda externa presidencial, orientada a insertar a Argentina en áreas de libre comercio, seguramente incrementará las compras al exterior, reduciendo aún más el superávit al tiempo que se desplaza producción nacional y se afianza la reprimarización. A la vez, dado el contexto global, difícilmente el combo devaluación y quita o reducción de retenciones impulse un boom exportador, sino más bien lo que ha viabilizado hasta el momento: una fenomenal transferencia de ingresos hacia la cúpula exportadora (apenas 50 grandes empresas explican alrededor del 60 por ciento de las exportaciones totales del país).

Las divisas logradas vía la deuda y la especulación financian además la remisión al exterior de utilidades y dividendos (que se multiplicó trece veces y media de año a año) y los pagos de intereses (que crecieron dos veces y media). Estos rubros, que combinados alcanzaron los 9795 millones de dólares, son los pagos corrientes al capital extranjero, por lo que es previsible que el actual ingreso de divisas por la cuenta capital implique una mayor salida a futuro por estos motivos.

El rol predominante del capital extranjero en la estructura productiva argentina, consolidado en las últimas décadas, y en el (des)financiamiento de la balanza de pagos, renovado por Cambiemos, supone un persistente proceso de exacción de recursos.

Otro factor que resulta notable es la intensificación de la fuga que, simplificada aquí como la formación de activos en el exterior, se duplicó respecto de 2015 (en el primer semestre de este año fue de 6000 millones de dólares). Es decir, a pesar de los gestos y las garantías del gobierno, los dueños de los recursos (los capitalistas locales y extranjeros) siguen prefiriendo retirarlo del país, a menos que se les ofrezcan grandes ganancias de corto plazo (como en el espacio financiero, de allí la evolución reciente de las inversiones de portafolio).

Esto no debería sorprender cuando el propio presidente sugiere esperar por un blanqueo para invertir en el país que gobierna, avisando de antemano que lo haría en títulos públicos.

La balanza de pagos permite sintetizar un cambio de roles entre actores con poder estructural y un recambio al interior de la cúpula empresaria, donde el capital extranjero (en especial el financiero) ha desplazado relativamente al gran capital exportador. Se trata de un rumbo trazado sobre el endeudamiento progresivo para tapar fugas y filtraciones de todo orden.

Mientras tanto, por la vía de menor empleo y caída pronunciada del salario real, justificados en la búsqueda de competitividad, es la clase trabajadora la que sufre este cambio. El esfuerzo fiscal para pagar los crecientes compromisos de pago de deuda desplaza otros gastos sensibles para la población, como la actual disputa por las tarifas de los servicios públicos. La propuesta de Cambiemos carece así de sustentabilidad económica y social.

* Miembros de la Sociedad de Economía Crítica e Investigador IDAES/Conicet.