Dom 23.10.2016
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EL PROYECTO OFICIAL EMPLEO JOVEN > SUBSIDIO A EMPRESARIOS Y FOMENTO DE LA FLEXIBILIZACIóN

Fomento de la precarización

La disminución de aportes patronales como incentivo a empresas, en esta oportunidad para contratar empleados jóvenes, ha mostrado que no ha funcionado. El desempleo disminuye cuando crece la economía y el mercado interno.

› Por Rubén Ernesto Seijo *

El Proyecto de Ley llamado Empleo Joven pretende crear un “Régimen de Promoción del Primer Empleo y de la Formalización del Trabajo” fue presentado por el Ministro de Trabajo al Congreso Nacional. Argumenta la necesidad de generar políticas que favorezcan la creación de empleo ordenando la economía y posibilitando la esperada lluvia de inversiones que dinamicen el mercado de trabajo. En ese marco, el Estado crea este régimen para incentivar y promover el ingreso de nuevas personas a esos nuevos puestos.

Según estadísticas oficiales, en junio de 2016 el desempleo juvenil era el doble del desempleo general, alcanzaba al 18,9 por ciento de los menores de 29 años –el general fue de 9,3 por ciento–, aumentando 6 por ciento respecto al tercer trimestre de 2015. Los beneficiarios de la política pública propuesta serían los empleadores que contraten a jóvenes de entre 18 y 24 años, el proyecto pretende bajar los impuestos que paguen los mismos tendientes a financiar la seguridad social y además darles un subsidio a aquellos empleadores que:

- Creen nuevos puestos de trabajo sobre la base de los existentes con contrato de tiempo indeterminado en el último trimestre de 2015.

- Ocupen esos puestos de trabajo contratando trabajadores en su primer empleo con no más de 36 meses de empleo registrado.

En el caso de las diez provincias del norte –Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes y Santiago del Estero– debido a la precaria situación laboral de las mismas se extiende al total de sus habitantes sin el tope de 24 años.

La reducción de las contribuciones patronales que perciban las empresas puede llegar hasta el 100 por ciento siempre que la remuneración del empleado no supere la suma equivalente a 1,5 veces el monto mensual del Salario Mínimo Vital y Móvil, mientras que en remuneraciones mayores llegará hasta el correspondiente a ese tope. Estas exenciones van a estar vigentes hasta un máximo de 3 años desde la entrada en vigencia del contrato de trabajo. Para compensar el desfinanciamiento del sistema jubilatorio que generará esta baja de impuestos el artículo 24 autoriza al Jefe de Gabinete de Ministros a ampliar los fondos presupuestarios para financiar desarrollo del Régimen propuesto, incluyendo la posibilidad de endeudamiento público. Quedan excluidas de las exenciones de las contribuciones patronales destinadas a la Obra Social y a las ART.

El incentivo económico propuesto será percibido mensualmente por el empleador por un monto que alcanza hasta el 8 por ciento de la remuneración bruta del empleado sujeta a contribuciones siempre y cuando no supere en una vez y media el SMVM. Para las diez provincias de la zona norte, este incentivo aumenta hasta el 17 por ciento de la remuneración bruta del empleado sujeta a contribuciones siempre y cuando no supere en una vez y media el SMVM.

En el capítulo referido al Régimen Especial de Regularización del Empleo no registrado por el cual el Empleador se establece que regularizando hasta 10 trabajadores que estaban en negro, el mismo será liberado de todas las multas y sanciones, así como también se le extinguirán las deudas comprendiendo capital e intereses correspondientes a la falta de pago de aportes y contribuciones.

Para un lector novato en estos temas el discurso de la inclusión de los jóvenes, la generación de trabajo genuino y la lucha contra el trabajo no registrado, es una propuesta atractiva. Si se mira en perspectiva histórica se puede observar que siempre que se aplicaron recetas de este tipo el resultado fue diferente al enunciado. Por ejemplo, durante el menemismo con el mismo objetivo de impulsar el empleo y blanquear puestos de trabajo las cargas sociales bajaron del 49 al 34 por ciento ; el resultado fue que el empleo no registrado subió desde el 25 al 50 por ciento, mientras el desempleo aumentó del 8 al 23 por ciento, a la vez que se produjo una transferencia desde los sectores del trabajo y de la pequeña y mediana empresa hacia el capital concentrado.

Un efecto colateral del proyecto es la posibilidad de reemplazar trabajadores ya existentes a través de la contratación de nuevos jóvenes dentro del nuevo Régimen, lo que implicaría nuevamente otra forma de disminución de costos para los empleadores. Siempre que no disminuya la base nominal del personal establecido en el último trimestre de 2015, sería conveniente para los empleadores deshacerse de trabajadores que cuenten con años de antigüedad, reemplazándolos por personal sin antigüedad alguna y por el cual podrían obtener hasta 36 meses de exenciones impositivas así y además la percepción extra de un ingreso mensual monetario.

Otro efecto sería la baja de los recursos de la seguridad social netos de aportes del Tesoro que es uno de los componentes del coeficiente de la movilidad jubilatoria, con baja de las contribuciones patronales disminuirían esos fondo y el impacto directo es una baja en el porcentaje por el que se actualizan las jubilaciones dos veces al año.

El Régimen especial para el “blanqueo” de los trabajadores no registrados es una legalización para aquellos empleadores que durante años han venido explotando trabajadores de manera ilegal, negándoles la cobertura social obligatoria que es un derecho reconocido por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y validado internacionalmente por la OIT.

La experiencia argentina reciente demuestra que la herramienta más adecuada para aumentar el empleo se tiene que basar en políticas de defensa de la capacidad de consumo de los trabajadores, de crecimiento del mercado interno y de desarrollo de la industria nacional. Ningún empresario va a aumentar la cantidad de puestos de trabajo y contratar mas trabajadores aún teniendo el beneficio de un menor costo, si la demanda del producto que fabrica esta en baja y el mercado al que puede vender sus productos se achica.

El desempleo en el país bajó del 25 por ciento a un dígito entre 2003 y 2015 en base a un Estado presente que realizó políticas activas basadas en la centralidad del trabajo decente y el crecimiento de la industria nacional como objetivos fundamentales. El mantenimiento de la misma estrategia permitió sostener una tendencia descendente hasta el 2015.

Desde el 10 de diciembre pasado hubo un cambio de rumbo y el mercado interno se está achicando. En lo que respecta a las pymes, principales generadoras de puesto de trabajo, enfrentan un triple ataque: a) menos demanda por causa del aumento del desempleo y la baja del salario real (luego de muchos años, los aumentos en paritarias de este año fueron por debajo de la Inflación);

b) más competencia, por las apertura indiscriminada a la entrada de productos importados; y c) más costos por el tarifazo.

Otro aspecto que muestra la experiencia reciente es que la legalización del trabajo no se logra con baja de aportes. Entre 2003 y 2013 se logró una considerable baja del empleo no registrado, recuperando el rol de control e inspección del Ministerio de Trabajo, fortaleciendo a las organizaciones sindicales y los procesos de negociación colectiva y simplificando los trámites de inscripción de trabajadores. Todo eso en un contexto favorable de crecimiento del empleo y del mercado interno por políticas activas a favor de la producción nacional.

* Docente de la Universidad Nacional de Quilmes y de la UBA.

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