Por mucho que se discuta, en economía no hay forma de actuar con equidad. Más valdría dejar esa aspiración de lado, sobre todo si es sincera. ¿Cómo encontrar, por ejemplo, un arreglo equitativo para los impactos patrimoniales que tuvieron la devaluación y medidas posteriores como la pesificación asimétrica? Por eso resulta absurdo que la Justicia intervenga en el asunto como un Don Quijote con aspiraciones reparadoras. ¿Cómo pretender que una sentencia –por caso la redolarización de un plazo fijo– es “justa”? ¿Y por qué deberían amparar los jueces a algunos presuntos perjudicados (los depositantes) y no a otros (los asalariados)? Es más: en el caso de las empresas de servicios públicos, cuyas tarifas se mantuvieron congeladas, los tribunales se encargan de impedir cualquier reajuste tarifario. Estos fallos son claramente contradictorios con la declarada inconstitucionalidad de la pesificación, pero son simpáticos. Tampoco es posible hallar la manera apropiada de ajustar los balances empresarios para que no consignen ganancias ficticias de origen inflacionario, aunque no hacer nada, siguiendo adelante como si no hubiese habido un enorme salto en los precios, es innegablemente “injusto”. Como lo es, podría decirse, el sistema capitalista por definición, aunque con la franqueza de ni siquiera proponerse ser justo. Si además funciona mal, como en la Argentina, dando lugar a intervenciones decisivas del poder político, luego contestadas por los tribunales, los resultados se vuelven totalmente arbitrarios. Ni siquiera se ajustan a una regla de juego, por inequitativa que sea. Esto agudiza la incertidumbre, como ha hecho el reciente fallo de la Corte Suprema, tras el cual proliferan como nunca las conjeturas. En realidad, no se discute en el fondo hasta dónde querrá llegar el alto cuerpo con su afán de justicia, sino en qué medida se propondrá descoyuntar el precario equilibrio macroeconómico, en función de ciertos intereses políticos. Esto es, si se quiere, mucho más razonable que intentar una evaluación de la equidad de la sentencia. ¿De qué equidad puede hablarse después de lo que pasó?