Por Alfredo Zaiat

Se presenta la oportunidad de plantear un debate novedoso en el actual escenario económico. En los primeros cinco meses del año se cumplió la exigente meta de superávit fiscal comprometida con el FMI. La abundancia de recursos que registra el fisco es una situación extraña, inusual en las últimas décadas. Algunos historiadores remiten, con cierta exageración, a que semejante cuadro de holgura también se vivía cuando en las arcas del Banco Central se acumulaban las riquezas de oro en el primer gobierno de Juan Domingo Perón. La diferencia fundamental es que en esos años no había una molesta deuda externa. Que se presente la ocasión de discutir qué hacer con fondos crecientes no significa que se esté aprovechado esa circunstancia. A Roberto Lavagna no le interesa polemizar sobre esa cuestión porque de ese modo evita que lo perturben con temas incómodos. Por eso mismo tiene el vicio de confundir los números del superávit fiscal nominal comprometido con el FMI, con las proyecciones de crecimiento y con el verdadero excedente que tendrán las cuentas públicas. Como el Gobierno no abre ese debate, éste queda dominado por la aspiración de los acreedores defolteados de apropiarse de una porción aún mayor del excedente. Y en ese batallar van teniendo éxito. En un panorama de escasos cuestionamientos, defecto que es usual en períodos de opulencia ficticia, como en la convertibilidad, o fortuitas, como la actual por condiciones internacionales extraordinariamente favorables, el reciente documento sobre el proceso de reestructuración de la deuda del Plan Fénix de la Facultad de Ciencias Económicas (publicado en Página/12 el miércoles pasado) reconcilia al economista con su ciencia de estudio y con su compromiso con la sociedad.
Las obligaciones fiscales prometidas para los próximos años son de una magnitud inédita. Lavagna va trabajando de a poco el consenso de elevar el superávit fiscal de las cuentas públicas nacionales al excepcional nivel del 3 por ciento del PBI. Muestra como virtud el sobrecumplimiento de las metas fiscales con el FMI, cuando simplemente su cumplimiento implica ya un esfuerzo considerable. Si se puede tener un excedente mayor, por qué no asumir ese compromiso, reclaman en el FMI haciéndose eco de los intereses de los acreedores. Así la habilidad negociadora del ministro, ponderada por analistas políticos, ha fijado el objetivo de superávit en 2,4 por ciento para elevarlo a 2,7 por ciento para el próximo año, pero en realidad en éste lo superará en el 3 por ciento. No deja de ser llamativo semejante sendero en un escenario con niveles deprimidos del gasto público en términos reales en una economía que va saliendo de una de sus crisis más agudas.
El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento demostró que, desde la devaluación, el gasto público, de acuerdo con su poder de compra de bienes y servicios (medido en términos reales), contabilizó un fuerte ajuste: descendió del 35,8 al 25 por ciento del PBI.
En ese marco se plantea la absurda discusión de la coparticipación federal de impuestos. Absurda porque proponer una nueva ley de distribución de recursos es lo mismo que caminar hacia un callejón sin salida. O sea no tiene sentido si el objetivo es encontrar una puerta para un mejor y más equitativo reparto del dinero. Bien lo sabe el ministro, que hace un par de meses había mandado señales al Fondo que abrir ese debate implicaría un costo de 1,0 a 1,5 por ciento del Producto. A cambio les ha ofrecido la Ley de Responsabilidad Fiscal, que otra vez pone en el lugar del descarriado a las provincias, actuando la Nación como auditor de sus cuentas. Como el FMI no puede intervenir en los presupuestos provinciales, esa tarea ha sido asignada a la Nación. De ese modo se construye la siguiente secuencia de auditoría fiscal: FMI a la Nación, y ésta a su vez a las provincias.
Auditoría que, volviendo al comienzo, tiene a los pagos de la deuda como objetivo de esa tarea. La pelea de la coparticipación no es un problema de Felipe Solá por reclamar fondos para Buenos Aires. En realidad la Nación no puede resignar recursos que fue apropiándose de las provincias en los últimos años por diversos pactos fiscales. Esos fondos les resultan necesarios para los compromisos de pagos crecientes de la deuda. En esa lógica perversa se instaló un debate estéril.
Antes de definir cómo se distribuyen los recursos, se debe precisar cuál es el origen de éstos al momento de recaudarse. Esto significa, como se dice, no poner el carro delante de los caballos. En un contexto donde la mitad de la población es pobre y el 30 por ciento no tiene empleo o si lo tiene son changas, y donde aumenta el superávit fiscal para pagar la deuda, se mantiene una estructura tributaria marcadamente regresiva. Al respecto valen dos perlas de ese sistema: la renta financiera no está alcanzada por el impuestos a las Ganancias y el IVA se mantiene en la elevadísima alícuota del 21 por ciento. Y no es sólo poner los caballos donde tienen que estar sino luego saber adónde se quiere ir con el carro.