El Grupo Scotiabank, con sede en Toronto, Canadá, tiene un activo de más de 165 mil millones de dólares, con presencia en más de 50 países. En Argentina desembarcó a fines de 1997. Desde entonces, no hubo año en que no haya registrado ganancias. El detalle de esos saldos es el siguiente: en 1998 las utilidades fueron 12,8 millones; en 1999, 6,9; en 2000, 14,0; y en 2001, 19,5 millones. Durante ese corto período de cuatro años, la ganancia acumulada alcanzó los 53,2 millones de pesos/dólares, equivalente al 33 por ciento de la inversión inicial de compra del entonces Banco Quilmes, de la familia Fiorito. En pocas de esas decenas de plazas mundiales donde opera el Scotia habrá registrado una tasa de rentabilidad tan elevada como en la argentina. Pese a ello, dejó huérfana a esa filial y, en consecuencia, a la deriva a sus ahorristas, clientes a los que defraudó. No salió al rescate enviando dólares para atender la fuga, reclamando en cambio más asistencia del Banco Central a los 177 millones ya recibidos mediante redescuentos (préstamos). Para poner las cosas en perspectivas, un banco cuyos activos son una vez y media el actual Producto Bruto de Argentina exige que ese desahuciado país sudamericano siga bombeando recursos a su sucursal para atender la demanda de sus clientes.
“Me reuniré con el ministro de Economía argentino en Washington el fin de semana y le señalaré de forma muy contundente nuestros reclamos”, dice el ministro de Economía canadiense, Paul Martin. “Estoy profundamente entristecido”, afirma el presidente de Scotiabank mundial, Peter Godsoe. “Rogamos, a todos nuestros clientes, disculpas por las molestias ocasionadas”, reza el comunicado de la filial argentina, suspendida por 30 días para operar ante la imposibilidad de seguir devolviendo el dinero a los ahorristas. Esas declaraciones del Gobierno, casa matriz y sucursal canadiense muestran la prepotencia del poderoso, la hipocresía del banquero y el cinismo de sus delegados.
La reacción canadiense, como la del resto de la banca extranjera, cargando la culpa al Estado argentino del corralito y sus consecuencias es simplemente confundir para esquivar responsabilidades. En ese sentido, la pasividad expresada por parte del Banco Central resulta en los hechos complicidad con esa opulenta banca. El caso Scotia permite rescatar un reciente escrito del ex juez Salvador María Lozada, publicado en Le Monde diplomatique (marzo 2002). El magistrado recuerda que una sentencia de un Tribunal Superior de la provincia de Río Negro, en febrero 2002, condenó a la Banca Nazionale del Lavoro por la no devolución de depósitos en los siguientes términos: “Que la decisión aquí adoptada debe hacerse extensiva en forma concurrente a in solidum al grupo económico denominado Grupo Banca Nazionale del Lavoro Spa, debiendo entenderse por ‘grupo’ a la matriz y sus filiales”.
Cuando Salvador María Lozada era juez nacional de Comercio de la Capital Federal, sentó jurisprudencia al respecto con el caso “Cía. Swift de la Plata SA”, en 1971, que fue tomado como antecedente por el Tribunal rionegrino. En ese caso se rechazó el concordato preventivo presentado por la compañía, a la cual declaró en quiebra, extendiéndole la falencia a otras sociedades del mismo grupo económico a la que ella pertenecía. Traducido para el caso de las entidades financieras, “condenado un banco a devolver depósitos, este deber jurídico no alcanza sólo a la filial argentina, sino también a la matriz extranjera y al conjunto extranjero que constituye junto a todas sus empresas subsidiarias, filiales bancarias u otras”, explica Lozada.
Las crisis, entre otras cosas, es confusión. Tratar de no caer en las trampas que la banca y sus voceros del establishment y del gobierno va poniendo en ese sendero de deterioro permite, al menos, orientarse en esa nebulosa. Si se van, como amenazan los extranjeros, hay que estar atentos a que el muerto no quede en manos del Estado argentino. El fallo Lozada es el escudo.