editor jefe de Cash - Página/12

Muchos conocerán casos de parejas que tratan de mantenerse unidas en matrimonio cuando todos saben que no se soportan uno al otro. Algunos amigos recomiendan el divorcio inmediato sin tantas idas y vueltas. Otros aconsejan seguir intentando una vía de entendimiento para salvar la unión. También existe un grupo que sugiere una separación gradual para evitar situaciones críticas. Unos pocos toman partido por alguno de los integrantes de ese matrimonio al plantear posiciones extremas, de no escuchar los reclamos del otro, que se ha convertido en enemigo luego de décadas de convivencia, años que reunieron momentos de calma y varios de turbulencias.

La relación de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional es un matrimonio que no da para más. No sólo porque la mayoría coincide en que la receta del organismo son medidas para el fracaso sino también porque el FMI y su hermano gemelo, el Banco Mundial, discuten internamente una política diferente hacia los países miembros. Sectores influyentes que manejan esas instituciones multilaterales de crédito, bajo la impronta de la administración republicana de George W. Bush, piensan que esos organismos tienen que dedicar sus mayores esfuerzos financieros a asistir a las naciones más pobres. Y actuar de veedores de las políticas económicas del resto de los países. Esa redefinición de funciones implica que deben dejar de ser bomberos de crisis financieras con recursos de los contribuyentes de los países ricos. Por ese motivo, el número uno del Fondo, Rodrigo Rato, planteó en la reciente Asamblea Anual la necesidad de estudiar la reasignación de las cuotas (el dinero que aporta cada país), porcentaje que define la cantidad de votos en el directorio. El proyecto es dar más espacio a países que se ubican como potencias en ascenso, como China, India y Brasil. Entonces, si naciones de desarrollo intermedio asumen mayores responsabilidades en el manejo del organismo, también la deben tener en sus políticas económicas y, por lo tanto, no necesitarían el auxilio del Fondo, que se concentraría así en las zonas pobres del planeta.

El “desendeudamiento” de la Argentina, la “independencia económica” de Brasil y el “desligamiento” de Uruguay, denominación que cada uno de esos países asignó a la política de ir cancelando la deuda con el Fondo, constituyen una pieza de esa nueva redefinición de funciones que se quiere implementar en ese organismo.

En ese contexto de discusión sobre el reordenamiento de instituciones internacionales, el gobierno de Kirchner asumió el desendeudamiento como una de sus principales herramientas para llevar adelante su política económica, que en algunos aspectos relevantes no merecería la reprobación de la tecnoburocracia del Fondo. Pero le brinda márgenes de libertad para concretar otras importantes medidas resistidas, como la fijación de retenciones, la instrumentación del control de capitales especulativos o la dilatación de aumentos de tarifas.

En un escenario como el actual, donde ambas partes se sienten cómodas, y descartada la vía de la quita y el default –más allá de eventuales amenazas– porque la actual administración no se plantea enfrentarse con el Grupo de los Siete (naciones que hoy controlan el FMI), la cuestión transita por precisar cuál es la estrategia de desendeudamiento más conveniente. Especialistas que siguen de cerca la marcha de las negociaciones apuntan que la política de pagar puede tener diferentes versiones:

1. Cancelar cada uno de los vencimientos de capital e intereses con el saldo del superávit fiscal, excedentes de otras cuentas y reservas del Banco Central. Esta política es la que se está desarrollando e implica un elevado costo fiscal, o sea un esfuerzo mayúsculo de una economía que pese a crecer a ritmo chino todavía continúa en emergencia sociolaboral.

2. Un grupo de funcionarios que se definen soldados de Kirchner, como la titular del Banco Nación, Felisa Miceli, plantea la opción de estudiar la desafiliación temporaria del FMI. Esa decisión habilita –según explican– a un plan de cancelación de la deuda más prolongado que el actual, para luego de saldada la cuenta reingresar al organismo. De esa forma, se aliviaría la exigencia que impone el presente cronograma de vencimientos.

3. La opción que Roberto Lavagna presentó en el proyecto de Presupuesto 2006 y acaba de llevar a Washington consiste en lograr también una extensión en los plazos de pagos, pero con una refinanciación del 60 por ciento de los vencimientos y cancelación del resto. Esto implica un proceso de desendeudamiento más liviano. Pero requiere de un acuerdo con el Fondo con las previsibles condicionalidades, siendo algunas de esas medidas resistidas por el propio ministro, como la de dejar caer el dólar. Es la opción que reúne más adeptos en el Gobierno, en un sector de la oposición y entre economistas, pero tiene el escollo de la ortodoxia y las anteojeras ideológicas de los funcionarios del FMI con sus reclamos.

4. Existe otro camino, que voceros de la city descartan por ignorancia, que resulta una estrategia reformulada de la primera mencionada. Esta consiste en continuar con el mismo ritmo de desendeudamiento pero, en lugar de aplicar recursos fiscales para ese objetivo, apelar al mercado de capitales local e internacional para hacerse de los dólares necesarios para afrontar los vencimientos. El principal argumento que se esgrime en contra de esa política es la equivocada idea de que los créditos del FMI tienen tasas mucho más bajas que la que puede conseguir el país emitiendo deuda. Al respecto, para impedir que discursos contaminados sigan repitiéndose incansablemente es muy útil releer la investigación de Claudio Zlotnik publicada en el Cash del 19 de junio de 2005.

Esa última estrategia es avalada en un esclarecedor informe del Centro de Investigaciones en Finanzas de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella, a cargo de Eduardo Levy Yeyati, al explicar “el (ilusorio) costo del desendeudamiento con el Fondo”. Levy Yeyati, economista que trabajó en el Banco Central y está más cerca de la ortodoxia que de la heterodoxia, explica que “el costo de renovar una facilidad de reservas suplementarias (SRF, en sus siglas en inglés, línea de asistencia del FMI) por 2 años de plazo implicaría un spread de 400 puntos básicos, por encima del spread demandado por el mercado para instrumentos del mismo plazo (aproximadamente 350 según la curva de rendimientos en dólares)”. Por consiguiente –concluye Levy Yeyati–, “en la medida en que los montos sean manejables, la cancelación de obligaciones con el Fondo mediante la emisión de deuda en el mercado privado puede resultar una opción atractiva tanto política como económicamente”.

Cuando el matrimonio no tiene más futuro, el camino adecuado es romperlo. La habilidad se encuentra en saber cómo hacerlo de la forma más conveniente.