En silencio, como estuvo en los últimos dos años, se murió una de las mejores iniciativas que tuvo hasta ahora el Gobierno: perdió estado parlamentario el proyecto de marco regulatorio de los servicios públicos privatizados, presentado por el Ejecutivo en agosto de 2004. Quienes lo promovieron hicieron nada para impulsarlo y quienes lo rechazaban se quedaron de brazos cruzados esperando su deceso. Esa norma iba a ser fundamental para reconstruir la relación con las privatizadas y el rol del Estado en su papel de regulador de un sector sensible. El proyecto pretendía establecer reglas transparentes de funcionamiento de servicios esenciales para la población y mecanismos de control operativos. Por desidia burocrática o por decisión política, se lo dejó perecer pese a que implicaba un avance sustancial en la siempre controvertida vinculación del Estado y sectores económicos poderosos, y el consiguiente impacto social de esa enredada relación. Otra vez más lo importante es ignorado y las luces apuntan a estridentes e improductivos cruces entre el Gobierno y el ex ministro de Economía. En otras palabras, el discurso por encima de los hechos. La forma y la sustancia.

Las acusaciones mutuas sobre las tarifas y el capitalismo de amigos son periféricas en el contexto donde se abandonó el proyecto de ley que aspiraba a poner un poco de racionalidad al particular universo de las privatizadas. Es una lástima que una iniciativa que hubiera significado un salto cualitativo en la organización económica del país quedara en el olvido sin siquiera ser discutida en las siete comisiones del Congreso donde aterrizó. Después de este retroceso, las actuales posiciones que asumieron Roberto Lavagna y Néstor Kirchner sobre las privatizadas quedan relativizadas. Discutirán y pelearán por el poder con todo derecho, y así habrá que entender los cruces que se regalaron referidos a las privatizadas. Pero no se trata de ideas sustanciales como parte de un debate económico de fondo. Lo que los diferencia en esta cuestión son matices en una misma lógica de gobierno con la cual ambos convivieron dos años y medio.

Roberto Lavagna nunca apoyó el proyecto de marco regulatorio en una posición que con poco disimulo estuvo volcada hacia las operadoras extranjeras. Julio De Vido inicialmente la empujó para luego ponerle un freno sin exponer motivos. Finalmente, Kirchner terció entre los dos y fue el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, quien le dio fuerza al proyecto para mandarlo al Congreso. Con dos años sin que se moviera ni un poquitito el trámite para analizar, estudiar y debatirlo, queda en evidencia que esos escarceos de palacio fueron y son simplemente peleas de poder.

Se abandonó ese plan que hubiera resultado un avance extraordinario en la compleja tarea de regular a uno de los poderes económicos surgidos durante la década del 90: las privatizadas. Dejaba atrás muchos de los vicios regulatorios que significaron ganancias extraordinarias para las compañías. Por caso, se definía que las tarifas no podían dolarizarse ni ajustarse por índices ajenos a la economía real, como la inflación de Estados Unidos. Esta última vía fue la aplicada durante la convertibilidad con un saldo nada desdeñable para esas empresas: contabilizaron de ese modo una ganancia adicional de 9000 millones de pesos/dólares en ese período.

Otro punto relevante del proyecto era que se disponía que las controversias jurídicas tendrían ámbito de resolución en la jurisdicción nacional, para no volver a caer en la trampa de los ’90 de perderla a favor de tribunales internacionales, como el Ciadi (organismo dependiente del Banco Mundial). También se reafirmaba el criterio de neutralidad tributaria, que se traduciría en que subas o bajas de impuestos debían ser trasladadas a las tarifas. Se impulsaba la tarifa social así como también el controvertido criterio de subsidios cruzados. Uno de los aspectos que despertó más resistencia entre las empresas fue el que estipulaba en forma explícita la responsabilidad de las casas matrices con sus subsidiarias que manejan las compañías privatizadas. Además, se establecía que el Estado asumía el papel de planificador de las inversiones de las empresas, lo que hubiera derivado que en casi todos los casos se hubiera terminado en el polémico mecanismo del fideicomiso. En los hechos, ese camino es el que se está transitando sin el marco legal global previsto.

En resumen, el proyecto establecía reglas para que el consumidor no siguiera siendo un rehén de las empresas, para que el Estado no continúe siendo un instrumento de generación de ganancias extraordinarias para las compañías y para que las propias empresas asuman con responsabilidad el objetivo de prestar un servicio público en forma universal, eficiente y con calidad.

En estos dos últimos años, en la práctica, dado el destino de cajón que tuvo la idea de marco regulatorio de las privatizadas, el proyecto fue una carta de negociación del Gobierno. En algunos casos para firmar actas-acuerdo, cartas de entendimiento o decretos con algunas compañías y conseguir la suspensión de las demandas respectivas en el Ciadi. En otros para conseguir el traspaso del control de compañías a grupos locales cercanos al calor del poder político. Y en unos pocos para presionar y tensionar la relación hasta el abandono de la concesión, como por ejemplo con Aguas Argentinas. No es sólo una cuestión de “capitalismo de amigos”, como azuza al Gobierno Lavagna, quien está bien acompañado del capitalismo “de sus amigos”. Sino que se trata de la ausencia de un marco de referencia claro y preciso para el funcionamiento futuro de un sector con rentas elevadas. Ganancias que se obtienen con el funcionamiento operativo y se contabilizan en los balances. Pero también donde se registran utilidades ocultas por vía de compras a empresas vinculadas al grupo de control o por contratos de inversión orientados desde el Estado.

Aquí la despreocupación por lo institucional-normativo tiene costos futuros elevados para la consolidación de una economía con crecimiento y equidad. El Gobierno tiene la chance de recuperar esa iniciativa que dejó morir. Simplemente tiene que volver a enviar el proyecto al Congreso.