Foto: Ana D’Angelo

El ministro de Planificación, Julio De Vido, dice que no pasa nada, que está todo bajo control y que no hay ni habrá crisis energética. Los analistas del sector advierten que el sistema está al borde del colapso por culpa de la imprevisión del gobierno de Néstor Kirchner. Las empresas energéticas (generación, transporte y distribución) afirman en diálogos reservados que están trabajando al límite y que se requieren inversiones inmediatas para evitar los cortes, pero que no las harán hasta no recibir un aumento de tarifas. ¿Quién de estos tres principales actores tiene razón en un tema sensible para la población? Ninguno posee la verdad completa, cada uno expresa parte de la realidad, que es entendible para sus propios intereses pero que distorsiona el necesario debate. De ese modo queda contaminada la información a partir de la mayor o menor presión de lobby que ejerce cada una de las partes sobre la opinión pública. Y los usuarios industriales y residenciales quedan en el medio de esa puja. Se requiere desmalezar el campo energético para, cuando se padezcan los cortes, saber distribuir los insultos en su justo término a quien corresponda.

A esta altura resulta incómoda esa estrategia de marketing oficial, que subestima la inteligencia media de la población, de negar que Argentina –como muchos otros países– enfrenta una crisis energética. No hay dudas de que existe una crisis y que el Gobierno la está enfrentando con relativo éxito, resultado que sorprende a los especialistas. Por cierto, en gran parte, con parches, improvisaciones y elevados costos monetarios, acciones que reflejan que tienen poder de reacción pero esquiva vocación de transparentar la situación crítica. No existe una campaña del Estado para el ahorro de energía, derivando esa tarea a las empresas en un increíble cambio de roles y responsabilidades. Si bien el ahorro puede ser que no sea sustancial, el cambio de horario es una potente herramienta de educación a la sociedad de que la energía es un recurso escaso y estratégico que hay que aprender a cuidarlo. Esa instancia es desestimada por el ministro De Vido. También es una delegación de obligaciones públicas que las grandes industrias tengan que conseguir de la forma que puedan la energía adicional sobre el consumido un año atrás –medida que fue postergada su implementación–. Cada una de esas iniciativas revelan que existe un problema que el Gobierno quiere esquivar porque evalúa que podría afectar su imagen. Sin embargo, la actual crisis es consecuencia de la prosperidad, de un veloz crecimiento, que pone al sistema eléctrico al límite, como lo colocaría en cualquier país que enfrenta una prolongada bonanza económica. Entonces, por una cuestión de marketing e imagen se expone una situación confusa donde se actúa con medidas propias de una crisis, pero ésta no se explicita.

El desajuste entre oferta y demanda energética en un sendero de crecimiento económico sostenido requiere de políticas permanentes de ahorro que son, en realidad, de uso eficiente de un recurso estratégico. Por la política de privatización y desregulación de los ‘90 y por el horizonte decreciente de reservas, Argentina enfrenta un cambio de paradigma en su sector energético. De tener un papel de exportador neto de petróleo, gas y electricidad, con la actual tendencia de reservas y demanda doméstica se convertirá en un importador creciente de esos recursos. Esa adaptación requiere de un plan de medidas oficiales, de previsión, porque se corre el riesgo de que la energía –por los límites en la oferta– se convierta en una restricción fuerte del crecimiento. El modelo de los ‘90 se quiere dejar atrás, pero no ha sido reemplazado por uno nuevo coherente y eficiente.

Por el lado de las empresas privadas el panorama tampoco es muy alentador. No manifiestan ninguna vocación inversora cargando la culpa de esa morosidad en la incertidumbre en las reglas de juego. Plantean que sin aumento de tarifas no pueden planificar una estrategia de expansión del servicio. En ese punto es donde los privados confunden el espacio que están ocupando. La energía, como la provisión de gas, de agua y cloacas, es un servicio público esencial para la población. Y como tal no debería estar subordinado a la lógica de la rentabilidad empresaria, como si una compañía de luz fuera lo mismo que una de despacho de pantalones. Si no están de acuerdo o les resulta no rentable participar del presente modelo de organización del sector energético caótico, con cambios regulatorios permanentes, con la definición de mecanismos alternativos para lanzar obras de expansión (leyes, fondos fiduciarios, subsidios, cargos específicos) que no siempre benefician a los usuarios y con una exagerada demora en la renegociación de los contratos de concesión la vía es dejar la concesión. La incertidumbre que sienten para su negocio no tiene que pagarla el consumidor con aumentos de tarifas. El ajuste en los precios tiene que estar en función de un esquema racional y eficiente del uso de la energía, no para financiar inversiones que deben ser parte de la ecuación riesgo-rentabilidad del sector privado. Si no es así, el Estado, como en el caso del agua, debería asumir la responsabilidad de brindar un servicio público relevante para la población.

Finalmente, los mediáticos analistas energéticos cumplen la tarea sucia de asustar con el caos, del mismo modo que durante años lo han hecho los economistas de la city. Como no podía ser de otra manera, también se equivocan en los pronósticos a partir de diagnósticos sesgados, actuando de voceros de intereses de las privatizadas. Son los que, en realidad, han entrado en colapso por la sucesión de papelones con sus fallidas previsiones de apagones generalizados o desabastecimiento de gas.