CAniceto Barrientos vivía en Villa Ana, Santa Fe. Durante su vida de capataz en la empresa fue contabilizando cuántas veces recibía el mismo vale con el mismo número. Llevaba la anotación en un cuaderno y el registro final marcó 137 veces. La Forestal pagaba a sus vapuleados trabajadores con vales que éstos a su vez debían canjear en los almacenes de la propia empresa. Así llevó esa contabilidad el paciente Aniceto Barrientos. La historia de esa compañía de capitales extranjeros (ingleses, franceses y alemanes), de fines del siglo XIX a principios del siglo XX, tiene el dramático significado de la desastrosa explotación de 1.500.000 hectáreas de quebrachales en el Chaco Austral (norte de Santa Fe, sur del Chaco y noreste de Santiago del Estero). Y también la explotación de sus trabajadores y los oscuros contactos con el poder de turno. La Forestal creció comprando tierras a precios miserables, recibiendo subsidios de la Nación y de las provincias y pagando constantes sobornos a funcionarios públicos. La firma se retiró del país y el 95 por ciento de sus trabajadores no pudieron jubilarse.

Este antecedente resulta ineludible por la denuncia de corrupción y la reacción empresaria ante el proyecto del diputado Héctor Recalde de eliminar progresivamente los vales La Forestal modelo Siglo XXI de precarización y explotación laboral. En una larga solicitada publicada en un diario, Pedro Arturo Bulla, el gerente general de Proms SA, una de las empresas nacionales emisoras de los tickets, que opera en un mercado dominado por dos multinacionales francesas (Accor y Sodexho Pass), expone una serie de argumentos desopilantes sobre la gravedad para el país si se elimina ese sistema de creación de dinero espurio. Afirma que sería perjudicial para el trabajador, como para los gremios que han adoptado los tickets en los convenios colectivos de trabajo. Señala que sería perder una conquista social. Se queja que los trabajadores no fueron consultados y recuerda, como padre proveedor, que ellos aceptan los vales con “beneplácito”. Y sigue con muchos otros despropósitos. Para concluir, en un sincericidio: “Creemos que todo el show mediático montado es La Gran Estafa versión argentina”.

Sólo hay que observar quiénes son, quiénes lo impulsaron –incluyendo algunos dirigentes gremiales– y qué motivos exponen en la defensa del sistema de tickets para determinar con mayor precisión a los protagonistas de esa película.

Además de las originales escalas de corrupción propuestas y de las características de un sistema que implica desprotección y pérdida de derechos laborales, existe un aspecto no abordado con profundidad de ese régimen de pago con papelitos de colores de una porción del salario. Se trata de la cesión del Estado de una facultad indelegable al sector privado –a multinacionales francesas– de la emisión de una particular moneda, de dinero secundario vía tickets para comprar alimentos y combustibles. Los vales actúan como moneda al servir como un medio de pago socialmente aceptado. Economistas y analistas tan preocupados por la expansión monetaria mantuvieron un peculiar silencio por un régimen que viola los preceptos ortodoxos de la organización de la economía. El circuito paralelo de emisión de moneda con vales representa el equivalente a 4000 millones de pesos, la mitad del monto que en su momento sumó el total de las despreciadas y cuestionadas cuasimonedas. Esa tercera moneda, con diferentes denominaciones según área geográfica de influencia, fue una reacción defensiva ante la espectacular crisis y desmonetización de la economía en el período 2000-2002. En esos años, Patacones, Lecop, Federales, Bocado, Lecor; hoy con los vales se llaman Luncheon, Ticket canasta. La diferencia fundamental es que las cuasimonedas eran emitidas por la Nación o las provincias para superar una situación excepcional y luego fueron rescatadas. En cambio, con los vales un grupo de empresas privadas se apropian de una facultad del Estado, como la emisión de moneda, con el objetivo de lucrar (una especie de señoreaje) con su comercialización. Un absurdo en materia monetaria, donde el Banco Central es un espectador pasivo de esa expansión paralela.

El Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (Cenda) elaboró un ilustrativo análisis sobre el impacto económico de los Vales Alimentarios. En ese trabajo, en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares, se destaca que el sistema de tickets se encuentra “llamativamente expandido”: en el primer trimestre del año, un 15 por ciento de los asalariados registrados cobró alguna suma en vales, con un promedio de casi 220 pesos. Ese monto representa también un 15 por ciento del sueldo declarado a la Encuesta por esos mismos trabajadores. El beneficio para las bancas centrales privatizadas y afines proviene de cuatro fuentes:

1. La comisión cobrada a los empleadores, que depende de la masa salarial involucrada alcanza hasta el 6 por ciento del monto total de vales adquiridos.
2. La comisión cobrada a los comercios que reciben los tickets del 1,5 al 6,0 por ciento, según el volumen y el poder de negociación.
3. El negocio financiero que nace de que la empresa emisora vende los tickets en efectivo y transcurre un período de tiempo antes de que tenga que canjearlos por dinero, generando así una masa de recursos que puede colocarse en el circuito especulativo.
4. El negocio del “descuento” castiga la urgencia de trabajadores o comerciantes. Necesitados del verdadero efectivo venden vales en un circuito usurario con tasas que superan el 10 por ciento. Esto es, tickets equivalentes a 100 pesos se cambian por 90 pesos en efectivo.

Los investigados del Cenda señalan que no se conocen públicamente los beneficios de las empresas derivados de los dos primeros puntos, pero calcularon una utilidad mínima de 140 millones de pesos anuales y una máxima de 400 millones. De 45 a 130 millones de dólares.

La Cámara Argentina de Comercio y la Unión Industrial Argentina, sin hacer una mínima consideración sobre el escándalo de la coima grabada por Recalde (padre e hijo), advirtieron que si se eliminara el sistema de tickets “habría un mayor costo para los empresarios sin beneficiar a los trabajadores” y que “el menor pago de cargas sociales no implica evasión, sino que favorece el blanqueo”. Esos atributos no se han verificado en la práctica y el dinero que ha dejado de percibir el Estado por ese sistema ha ido a engrosar las ganancias de las empresas emisoras y de las compañías que precarizaron el salario. Los investigadores del Cenda, en un cálculo conservador, estimaron que con los menores aportes y cargas que tienen los vales, el Estado pierde en el sistema provisional y en concepto de contribuciones patronales unos 650 millones de pesos por año.

Para los trabajadores, en tanto, el incremento del salario de bolsillo que implican los papelitos de colores de los tickets lo pierden porque esas sumas no se computan en la base de cálculo del sueldo anual complementario ni en una eventual indemnización.

En síntesis, los expertos del Cenda concluyen que “además de perder sus derechos al sueldo anual complementario y de desfinanciar el sistema jubilatorio solidario y de perder su derecho a la indemnización sobre una parte del salario, los trabajadores que cobran en tickets, en lugar de dinero reciben un monto de aplicación específica que se ven, en algunas ocasiones, a malvender en caso de necesitar efectivo, cayendo en manos de usureros”.

A principios del siglo pasado se aplicaban en el almacén o pulpería de La Forestal con los vales entregados por la propia empresa. Hoy, en el supermercado, estación de servicio o local de comida. La Gran Estafa, como tan bien lo definió uno de los protagonistas de ese filme.

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