Ante un disparate del Gobierno se sumó otro despropósito de consultoras y opositores, quedando como víctimas una confundida mayoría de la población. La responsabilidad inicial por el desatino de la manipulación de los índices de precios le corresponde a la administración Kirchner. Pero sus críticos, desde economistas hasta políticos, respondieron con el mismo desprecio a criterios de rigurosidad y seriedad para estimar la evolución de la inflación. En ese cuadro de situación, no existe una referencia confiable del Indice de Precios al Consumidor. No es el numerito dibujado de menos del 10 por ciento del Indec-Moreno, ni el exagerado del 20 al 30 por ciento que gurúes de la city difunden con la misma prudencia que sus reiterados pronósticos esquivos, como la inminencia de la desaceleración de la economía, ni tampoco la aproximación arbitraria de la inflación a partir del índice de Mendoza o San Luis que duplica el IPC oficial. En esa nebulosa estadística, provocada por la torpe obsesión de pagar menos deuda por el ajuste de los bonos por el CER (inflación), se dispusieron reglas de juego del vale todo. El gran perdedor es la credibilidad del Indec y del sistema de estadísticas oficial, que impacta negativamente para la elaboración de indicadores claves y negociaciones relevantes de la economía: por ejemplo, el cálculo de las Cuentas Nacionales, la definición del programa monetario, la incidencia de la pobreza, el ajuste de salarios, la actualización de contratos, entre otros.

Resulta indudable el profundo desequilibrio que generó el desembarco caótico de Moreno & Cía. en el Indec, pero la exageración a dibujar a la baja se contrapuso la exageración de estimar a la suba el IPC. El sociólogo Artemio López, que pese a su cercanía con el oficialismo ha mantenido una posición muy crítica sobre el manejo del Indec en su blog Rambletamble, ha realizado un seguimiento semanal de la evolución de la canasta básica de alimentos que está muy lejos de los deseos del kirchnerismo. En esa tarea ha observado una caída pronunciada de esos bienes desde la semana previa a las elecciones hasta el presente. En su relevamiento semanal, que supone una recorrida de 1500 precios en 300 comercios de Capital y conurbano bonaerense, registró su pico en la estimación del 9 de octubre, con una valoración de 192,05 pesos en una cesta con una estructura idéntica a la tradicional del Indec. El cálculo para la semana del 20 de diciembre arrojó un valor de 173,77 pesos. Durante esos días, explica Artemio López, “se produjo la caída más importante desde que esta consultora releva esos precios, al retroceder 8,29 por ciento, que sumados a la baja de la última semana de noviembre, han retrotraído la valorización de la canasta básica a precios corrientes de finales de agosto de 2007”. Entre los principales descensos se ubicaron la papa y el tomate, los dos símbolos de la inminencia del Apocalipsis que no fue.

Si bien no se ha verificado un desborde inflacionario, esto no significa que no exista un problema importante. Este requiere de sutileza y diálogo con los protagonistas sectoriales y con los trabajadores del Indec, y no necesita prepotencia y autoritarismo en la gestión. Es evidente que se ha gatillado una aceleración en el ajuste de los precios de los servicios privados, además que el rubro alimentos y bebidas sigue en un estado de máxima tensión por la confluencia de factores externos e internos. Las mediciones de la Consultora Equis de Artemio López muestran un crecimiento del 13 por ciento de la canasta básica en seis meses, cuando dos meses antes el incremento era de casi 25 por ciento. De todos modos, pese a ese retroceso, la proyección anual de aumento de esa cesta mínima se ubica en el inquietante 30 por ciento. Esas subas son las que impulsan con más fuerza el alza del IPC porque aún no se ha ajustado la mayoría de las tarifas de los servicios públicos. Como el capítulo “Bienes”, entre los que se encuentra alimentos y bebidas, representa el 53 por ciento del IPC, mientras que el resto es el de “Servicios”, Artemio López calculó que, con el aumento de la canasta básica, el índice general de precios “se ubica en torno de la franja que va entre el 13 y el 15 por ciento anual”.

Sin embargo, como los sectores de más bajos recursos destinan casi la mitad de sus ingresos al rubro alimentos y bebidas, la inflación para la base de la pirámide social describe un salto hasta el 20 por ciento anual. Como es el estrato más vulnerable, con informalidad laboral y salarios más bajos que el promedio, la suba de esos precios ha impactado con más intensidad en sus presupuestos familiares, lo que se refleja en los aún elevados niveles de pobreza e indigencia. Ese indicador social no ha mejorado pese a lo que informa el Indec a partir del IPC-Moreno. En la alternativa más benigna se mantiene en los mismos niveles de 2006, aunque algunas estimaciones, como la Ernesto Kritz de SEL Consultores, la calculan para el primer semestre de este año en 28,3 por ciento, cinco puntos más elevada que la estadística oficial. Kritz señala en su último reporte que “además, una parte importante de los que emergieron de la pobreza continúan en una situación de vulnerabilidad”. Define en ese estado a las personas cuyo ingreso es hasta 0,5 veces más alto (unos 1350 pesos) que el valor de la canasta básica total, lo que equivale a unos 6 millones de personas de centros urbanos, que siguen siendo vulnerables aunque hayan superado la línea de pobreza.

En este año, el aumento de precios ha castigado con más severidad a los sectores de menores ingresos. Pese a que las quejas más visibles provinieron de capas medias y medias-bajas, en esos estratos no se ha registrado en promedio una caída de ingresos en términos reales debido al crecimiento del empleo en blanco y a la mejora de los salarios. En cambio, la población que vive en la pobreza tiene en general trabajos informales, con salarios medios que son 25 por ciento más bajos que la valorización de la canasta básica de una familia tipo. “La pobreza está cada vez más asociada a la informalidad laboral”, explica Kritz.

En ese contexto, resulta clave contener el alza de los precios de los alimentos, a la vez de establecer una estricta política de fiscalización para disminuir el empleo en negro para proteger a la población que vive en la pobreza. Esta estrategia es más relevante que toquetear el IPC, manipulación que está en función de la peculiar cruzada de generar un ahorro de millones de dólares en el pago a los tenedores de bonos ajustados por la inflación.

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