BUENA MONEDA
› Por Alfredo Zaiat
En el hogar están instalados cuatro aires acondicionados, también tiene heladera, microonda, tostadora eléctrica, computadora, dos televisores, lavarropas, plancha y luces abundantes en cada uno de los ambientes. En general, no se prenden todos los artefactos a la vez. Pero si por algún motivo se encienden casi todos, por ejemplo cuando la familia numerosa se reúne en la casa para festejar la llegada de un nuevo año, lo más probable es que salten los tapones principales de la caja externa. Y así fue en el brindis a pocos minutos del 2008, recibido a la luz de varias linternas. Esos eventos familiares con concurrencia numerosa son varios en el año, salteados a lo largo de doce meses pero ninguno con un calor agobiante. Igual el dueño de la vivienda va a invertir en cables más gruesos, térmicas y estabilizadores para fortalecer la instalación eléctrica para evitar ese tipo de sobresalto por la recarga en la red interna.
En el sistema de distribución de electricidad de la Capital y parte del conurbano bonaerense se registra un aumento espectacular de la demanda. Ese incremento tiene su origen en dos factores: 1. el fuerte crecimiento económico, con comercios e industrias requiriendo energía a ritmo acelerado; y 2. un alza impresionante del parque de electrodomésticos, en particular aires acondicionados, debido a la mejora de los ingresos que rápidamente fue a satisfacer consumos postergados por crisis pasadas y, a la vez, por la atractiva política de financiamiento de bancos y cadenas comerciales. Además, los nuevos aires acondicionados vienen preparados para atender frío/calor, lo que ha provocado un sustancial cambio en la pauta de consumo energético, desplazando la electricidad al gas como fuente calórica en invierno. Entonces, cuando hace mucho calor o mucho frío y se encienden durante muchas horas los aires acondicionados –en algunas casas, calefactores en invierno– el sistema estalla, como los tapones del hogar mencionado.
El propietario de esa casa decidió invertir por prevención para enfrentar esos días picos de consumo, además por seguridad y responsabilidad. Respecto de las empresas de distribución de electricidad, la cuestión es si también deberían destinar millonarios recursos para transitar sin problemas los días de mayor demanda en verano, cuando la temperatura se mantiene arriba de los 35 grados durante varias jornadas, y en invierno, cuando el frío castiga los huesos. A diferencia del dueño que pasó fin de año a oscuras, las compañías piensan que no es rentable ni racional invertir para sostener un sistema eléctrico preparado para esos días de extremas máximas y mínimas temperaturas, cuando la demanda alcanza records.
Esa decisión tiene una lógica contundente desde el punto de vista de la tasa de retorno de una inversión en el ámbito del sector privado. Por caso, no es rentable destinar unos 100 millones de dólares en capacidad de transporte (cables) y estaciones transformadoras, monto estimado por especialistas del sector, para atender el requerimiento de una demanda excepcional por unos pocos días al año. Por ese motivo, en esas jornadas agobiantes hacen cortes rotativos, estrategia que desmentirán con vehemencia porque si no serían multados y hasta los ejecutivos de las empresas correrían el riesgo de afrontar denuncias en la Justicia.
Los cortes de estos días no fueron por imprevisión, sino por un esquema de negocios que tal como está definido no obliga ni alienta a realizar las inversiones necesarias para evitarlos. Por cierto, las empresas invierten, pero lo indispensable para que el sistema siga funcionando al borde del precipicio. Y el Estado regula, pero menos de lo que debiera. Este modelo eléctrico del modo que está diseñado no brindará respuestas a esa demanda creciente ni a los cambios en la pauta de consumo de la población. El debate sobre el nivel de las tarifas es importante, aunque ya se han autorizado ajustes para este año además de haberse entregado compensaciones en el anterior. Pero no es la cuestión central en la definición de un esquema energético previsible y seguro. El actual se presenta con inversiones insuficientes, descoordinación operativa, ausencia de planificación, deficiente control estatal y sobrecostos operativos.
En ese crítico panorama queda como fuera de tono la pretensión de prever el sendero futuro de la demanda y adelantarse con obras. Por el contrario, el camino que se transita consiste en exprimir al tope las instalaciones y sólo actuar cuando los equipos y cables se rompen, como cuando saltan los tapones en el hogar.
En su momento, el Estado invirtió para construir las redes eléctricas y las gasíferas pensando en la expansión del consumo y en el crecimiento de la economía. Destinó millonarios recursos sin el criterio de rentabilidad empresaria y sí de rentabilidad social. Gran parte de esas redes son las que aún hoy son las bases del sistema energético nacional y que permiten abastecer a la actual demanda.
En esa instancia aparece con claridad la distinta función que cumple el Estado y el sector privado cuando se trata de brindar un servicio público esencial para la población. Y, por lo tanto, los efectos negativos para los consumidores cuando el Estado abandona esa tarea indelegable, lo que no implica el desplazamiento total del sector privado como operador del servicio. De todos modos, incluso en este modelo, el Estado debe asumir con más autoridad el estilo de organización del consumo energético de la población. Su composición con escasa racionalidad hizo que, en los últimos años, se produjeran picos de demanda eléctrica: en verano, con los records de calor en los centros urbanos, y en invierno, cuando bajan las temperaturas y aumenta el consumo de calefactores eléctricos, aires acondicionados calor y las horas de las familias dentro del hogar. El Gobierno avanzó en el proyecto de cambiar lamparitas por las de bajo consumo, pero es apenas un primer paso en un camino que requiere por parte del Estado exigencias más rigurosas a los fabricantes sobre el funcionamiento de todos los electrodomésticos, y también mayor control sobre la importación de aparatos que no cumplen reglas mínimas de confiabilidad y de ahorro energético.
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