Economistas de la city dedicados a realizar pronósticos que casi nunca aciertan lo denominan en forma despectiva “veranito”. Roberto Lavagna subido a su ego, que está bastante por encima del promedio de los mortales, ilusiona con una salida de la recesión con indicadores que no merecerían el esbozo de una sonrisa. Unos y otro, en esa estúpida carrera para mostrar quién la tiene más clara, confunden el debate de la crisis y, en consecuencia, cómo dejarla atrás. La economía no está peor, sigue mal. O de otra manera, no sigue cayendo, permanece en el fondo del pozo. De todos modos, resulta interesante descubrir los motivos que detuvieron el terremoto que presagiaba el huracán final de la hiperinflación para reposar la economía en la paz del cementerio. Dos medidas han sido claves para recuperar la estabilidad del dólar, variable que condiciona al resto en un escenario de fuga. La primera fue el oportuno control de capitales y de cambio, que se fue perfeccionando mes a mes aunque sigue teniendo importantes filtraciones. La segunda, el simple y evidente efecto positivo de dejar de pagar una deuda que resultaba asfixiante para las finanzas públicas.
Más allá de cuestiones ideológicas, la eliminación de la absurda política de salir de la convertibilidad con libertad cambiaria para la liquidación de dólares de exportaciones permitió detener la sangría de reservas. Los exportadores vendían sus divisas a los bancos, actuando el Banco Central como un agente bobo al entregar dólares al mercado. Esa situación se alteró cuando con sentido común de supervivencia se obligó a los exportadores a entregar las divisas a la autoridad monetaria, a la vez que ésta dispuso restricciones a la entrega de billetes a operadores del mercado. Esa elemental política de regulación fortaleció la capacidad de intervención del Central, al tiempo que gatilló un proceso lento pero constante de recuperación de reservas.
El default declarado por Adolfo Rodríguez Saá excluyó a los organismos financieros internacionales. Así, el FMI, Banco Mundial y BID siguieron cobrando puntualmente hasta el 14 de noviembre pasado cada uno de los vencimientos de cuotas de capital e intereses. Como precisa Jorge Schvarzer en un reciente documento del CESPA, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, los organismos ocuparon un rol privilegiado en el recupero de préstamos, reduciendo “la posibilidad de cobro de los acreedores privados”. Lo mismo sostuvo, a fines de septiembre, el flamante presidente del Banco Central, Alfonso Prat Gay: “El país que más necesita de los prestamistas de última instancia (el FMI) es precisamente el que más dinero les paga”. Argentina abonó a los organismos unos 4300 millones de dólares en lo que va del año.
El saldo de esa “ingenua” política –tardío control de cambio y cumplir con los pagos a los organismos– fue una pérdida de unos 7000 millones de dólares de reservas.
A esta altura no existen dudas de que el nivel del tipo de cambio nominal está condicionado con la cantidad de reservas en poder del Banco Central. Además, que el valor del dólar define el recorrido de los precios. Así, un dólar descontrolado por el drenaje de reservas resultó el principal acelerador de la inflación. La suba de precios con caída del ingreso real de los hogares, entonces, provocó la explosión de la pobreza. Schvarzer calculó que esa torpe estrategia financiera empujó a unos 2 millones de personas a la categoría de pobres.
Un ejercicio numérico arrojaría que si el Central hubiera retenido esos 7000 millones las reservas se ubicarían ahora en unos 18.000 millones, el tipo de cambio no se habría disparado hasta los 4 pesos (cotizaría a no más de 2 pesos), los precios de los bienes de la canasta básica de alimentos no hubieran saltado a la estratosfera y, por lo tanto, la pobreza no habría alcanzado a casi el 60 por ciento de la población.
Ante esa desoladora evidencia, cuyo responsable intelectual es el FMI, que niega con argumentos inconsistentes un mínimo acuerdo para refinanciar vencimientos, a quién se le puede ocurrir sostener que no pagar a los organismos puede implicar mayores costos que pagar.