Cómo señalar que la reacción de los deudores por el aumento del CVS resulta exagerada? ¿Cuál sería el camino para no quedar a la diestra de los Grupos Económicos que quieren que el Estado salga al rescate de esos pequeños deudores apostando a que servirá de antecedente para su abultado endeudamiento externo? ¿Cómo decir que los deudores del sistema financiero no son damnificados sino que pertenecen al selecto grupo que gozó de la protección estatal ante el terremoto posterior a la devaluación?
Aquí va el intento, que por supuesto tiene suerte incierta.
Toda generalización comete el pecado de la injusticia. No todos los casos de los deudores son iguales. Muchos están angustiados por el miedo a perder la vivienda, ya sea porque no recibieron aumento de salarios e incluso padecieron recorte de sus ingresos, o porque directamente perdieron el trabajo. Otros aprovechan el maná que se posó en sus manos caído del cielo Estado, que emitió bonos para compensar a los bancos por la pesificación de préstamos. Cualquier suba del capital del crédito por un índice de actualización, en este caso por el CVS, significa un sentimiento de opresión en el estómago difícil de exorcizar. Pero, precisamente, porque no todos los deudores son iguales, la cuestión merece un análisis más prudente que el que ofrece la demagogia de la política.
Los endeudados en dólares durante la convertibilidad han sido uno de los pocos sectores que han recibido en forma inmediata medidas compensadoras por la devaluación. Sus pasivos fueron pesificados a una paridad 1 a 1, lo que evitó la quiebra súbita con la consiguiente pérdida de la propiedad. Luego, cuando los precios se desbocaron, se les eliminó la indexación por la inflación pasada (el CER). Desde hace diecinueve meses no registran ninguna actualización un grupo de créditos, en un límite establecido por el Congreso por demás cuestionable.
Por caso, para los préstamos para vivienda única se definió que no tendrían indexación hasta un monto de 250 mil pesos –antes dólares–. Esto implicó que aquel que sacó un préstamo por esa suma compró una casa de por lo menos 310 mil dólares, puesto que los bancos otorgaban hasta un máximo del 80 por ciento del valor del inmueble. Luce, por lo menos, un despropósito que el Estado haya salido al rescate de ese deudor de patrimonio holgado, y que ahora con el ajuste del CVS se presione por un sendero similar. Si bien el precio de la propiedad en dólares se derrumbó, ese “damnificado” mantiene una deuda de 250 mil pesos, pero el valor del inmueble en pesos ahora no baja de los 500 mil pesos. O sea, que su relación pasivo-activo ha mejorado sustancialmente respecto de la que tenía cuando sacó el crédito.
Este es el caso extremo, pero sirve como ejemplo para evitar exageraciones para uno u otro lado. Deudores de montos pequeños y medianos tienen motivos para estar preocupados, puesto que sus ingresos no se modificaron (estatales y autónomos) o los aumentos que recibieron fueron escasos para hacer frente a un ajuste del crédito en un escenario de pérdida de poder adquisitivo por la disparada de los precios. Una eventual alteración del CVS tiene que estar pensada para ese lote de deudores, evitando una extensión hacia aquellos que no lo merecen ni por su nivel de ingresos ni por su capacidad patrimonial.
La protesta de los deudores por la aplicación del CVS, además, corre el riesgo de que sea apropiada por los sectores que han empezado un lobby contra la recomposición de los salarios. Si aumentan los sueldos, se ajustan los préstamos, ése es el mensaje que dejan flotando. Así se repite nuevamente una batalla dentro de una clase media empobrecida, dejando el terreno abonado para aquellos que apuestan a denostar la imprescindible política de ingresos desde el Estado.
Cómo vaya a resolver el Gobierno este dilema de la manta corta será, para observar si no repite errores pasados, muy atractivo.