Como si nada hubiera pasado y ni una cuota de responsabilidad les correspondiera de la peor crisis de la historia económica reciente del país, las AFJP y sus amanuenses chillones se rasgan las vestiduras por la decisión de Roberto Lavagna de devolver los bonos originales ante el rechazo de la pesificación de los préstamos garantizados. A mediados del 2001, luego del fracaso del ruinoso Megacanje de la dupla Cavallo-Marx, esos títulos públicos tenían el destino del default, como finalmente ocurrió. Para evitar ese quebranto a las Administradoras y a los bancos, se instrumentó ese documento de deuda denominado préstamo garantizado, con el aval de los recursos del impuesto a los débitos y créditos bancarios. Esos bonos fueron canjeados al ciento por ciento de su valor por esos nuevos títulos, nominados en dólares. La pesificación posterior a 1,40 más CER alcanzó a los préstamos garantizados, medida que nunca fue aceptada por las AFJP. Rechazo que tiene su origen en las anteojeras ideológicas de los gerentes de esas compañías, vinculadas con los principales bancos del sistema. Con aportes en pesos por parte de los trabajadores, con jubilación en pesos que pagan, salvados del default y con una rentabilidad creciente gracias a ese canje, repudiar ese trueque perjudica los intereses de sus afiliados y de sus inminentes jubilados, a quienes dicen defender con esa oposición.
La única AFJP que aceptó el convite de Economía para quedarse con los pesificados préstamos garantizados fue la del Banco Nación. Compañía que, casualidad o no, en lo que va del año lidera el ranking de rentabilidad del sistema, acumulando una ganancia histórica promedio a junio del 15,51 por ciento frente a la media del régimen del 15,29. Renunciar a ese canje implica incorporar a la cartera de inversiones bonos en default, que serán renegociados con quita de capital, reducción de tasas y extensión de plazos en la instancia abierta con los acreedores. O sea, quebranto para los afiliados e incertidumbre por la instancia judicial elegida por el resto de las AFJP.
Las Administradoras reclaman que se dolaricen esos préstamos garantizados, una exigencia que si fuese aceptada las colocaría en una relación de privilegio frente a otros tenedores de deuda pública previa al default. Esa redolarización, de todos modos, no aseguraría beneficios para el aportante, puesto que adelanta una futura cesación de pagos ante el voluminoso pasivo en moneda dura que acumularía el Estado. En cambio, los préstamos garantizados pesificados están indexados por la inflación (CER), lo que implica una cobertura a la depreciación del patrimonio por aumentos de precios.
El temor que dicen tener las AFJP reside en que afiliados enojados les inicien juicios por manejar incorrectamente sus fondos al aceptar la pesificación. En realidad, aquellos que destinan sus aportes previsionales a esas compañías deberían estar furiosos porque rechazaron la opción de Economía. Y todavía mucho más los que están próximos a jubilarse, que con el rechazo de las AFJP a ese canje les produce una licuación impresionante de su fondo de retiro.
En realidad, las AFJP pueden estar tranquilas acerca de juicios de sus afiliados. Hasta ahora no han contabilizado muchos por comisiones abusivas, compraventa de acciones o bonos con dinero de los aportes en operaciones trianguladas en provecho del banco controlante o del gerente financiero o por la pésima estrategia de acumular en exceso títulos públicos en la cesta de inversiones. Si en esos casos gozan de la impunidad por despreocupación de sus clientes y por complicidad del ente de control, una operación que es beneficiosa para los afiliados, y que ellas rechazan, no sería censurada.
Las AFJP pueden aprender de sus padres, los bancos, que se han convocado a ejercer el perfil bajo luego del fraude a la confianza de sus ahorristascon el corralito. Tanto cacareo de las Administradoras puede despertar a los afiliados, que descubrirán que en sus cuentas tienen menos dinero que el aportado por las excesivas comisiones que les restan. O, más interesante, ser el toque de diana a legisladores y funcionarios para que avancen en la tantas veces prometida reforma al sistema previsional privado.