Dom 14.01.2007
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EL BAúL DE MANUEL

› Por Manuel Fernández López

Socialismo

“Patria, socialismo, o muerte”, acaba de proclamar el presidente de Venezuela al asumir su tercer mandato. La mención de la proveniencia no resta valor a la declaración, sino que recorta su perfil insólito, casi inaudito, no sólo en ese país sino en el resto de la América latina, con excepción de la isla del tío Fidel. Los economistas no quedamos al margen de esa declaración, ya que una parte de esta profesión dedicó un siglo a pensar en cómo organizar eficientemente un Estado socialista, obviamente no sólo para elaborar categorías y leyes sin ningún asidero a la realidad. A quienes construían castillos en el aire, la Revolución Rusa de 1917 los bajó rápidamente al “barro de la historia”, como dice José Pablo Feinmann. Algo aprendimos de socialismo, por ser la economía un aspecto esencial de ese sistema económico. Por sólo citar piezas literarias clásicas, comenzaríamos con los 45 tomos del arquitecto de la URSS, Vladimir Ilich Lenin, y escritos de célebres impugnadores de un posible socialismo, entre ellos Vilfredo Pareto (Les Systèmes Socialistes, 1902-3) y Maurice Bourguin (Les Systèmes Socialistes et l’évolution économique, 1904), Enrico Barone (Il ministerio della produzione nello stato collettivista, 1908) y Ludwig von Mises (El cálculo económico en la comunidad socialista, 1920), a los que siguieron sesudos estudios que economistas ingleses en las décadas de los treinta y cuarenta elaboraron el tema desde la ciencia económica más avanzada, como Fred M. Taylor, Evan F. M. Durbin, Henry Dickinson, G. D. H. Cole, Abba Lerner, Maurice Dobb y otros. Va de suyo la mención de Oskar Lange (1904-65), quien no sólo participó en aquellos debates, sino también los sintetizó teóricamente y aplicó sus conocimientos al gobierno de su Polonia natal, al tiempo que, en algún rato libre, visitaba a sus muchos seguidores de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Ya en 1936, Lange señaló a los planificadores centrales como actores clave en la economía socialista: ellos fijarían la política de distribución, determinarían la tasa de inversión, los precios de los bienes intermedios y corregirían los precios en función de economías y deseconomías externas. Junto a ellos, los administradores de industrias y a los administradores de plantas. Nada de eso se ve en el anuncio de Chávez, y todo indica que sólo se trata de una nacionalización à la Evo Morales.

Nacionalización

Aunque el socialismo implica la propiedad social, pública o estatal de los medios de producción, que el Estado posea o controle una o muchas empresas productoras de bienes o prestadoras de servicios no lo califica como “socialista”. Pueden citarse varios casos argentinos de propiedad o control estatal sobre distintas unidades de producción: el transporte ferroviario, desde sus inicios, tuvo un sector estatal; desde el primer sello postal, el servicio de correos fue prestado por el Estado; las obras sanitarias de Buenos Aires, iniciadas y casi terminadas por el Estado, privatizadas por breve lapso en 1887, debieron ser reestatizadas por Carlos Pellegrini; el control por el Estado en 1935 de cinco bancos quebrados luego de la crisis de 1929; la extracción y refinamiento de petróleo, desde su descubrimiento hasta la presidencia de Carlos S. Menem, cuando YPF había llegado a ser la más grande empresa del país, incluyendo públicas y privadas. Hubo, además, una época de nacionalizaciones, coincidente con igual fenómeno operado en Europa occidental después de 1945. Aquí fue la política oficial a partir de la primera presidencia de Perón (1946-52), en virtud de la cual se nacionalizaron los ferrocarriles de propiedad extranjera, empresas de teléfonos y radiotelegrafía, la producción y distribución de energía eléctrica, etc., y se constituyeron empresas nacionales, como la flota aérea (luego Aerolíneas Argentinas), o se fortaleció sensiblemente la capacidad de empresas nacionales existentes, como la marina mercante. Al culminar la segunda presidencia (1955), el Estado controlaba una parte sustancial de la economía argentina a través de las Empresas del Estado, que daban numerosos puestos de trabajo y sustanciales recursos al Tesoro. Todas fueron puestas en estado de privatización al cabo de la terrible hiperinflación de mediados de 1989. En casos concretos, se adujo para justificar su venta el déficit que producían (ferrocarriles), la incapacidad para expandirse y atender a un mercado mayor (electricidad y teléfonos), la mala calidad de su servicio (antes de vender OSN, se enviaba agua turbia a domicilios particulares). Aerolíneas Argentinas rendía ganancias y era 100 por ciento segura, pero se ofreció privatizarla aun pagando por ello. Poco de socialismo y mucho de oscuros negociados de popes sindicales y políticos criollos.

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