El reclamo se repite de tanto en tanto. El presidente de turno o su ministro de Economía se plantan en público frente a los banqueros y les piden una baja de las tasas de interés. Buscan que los financistas reduzcan sus márgenes e incentiven el otorgamiento de créditos. Roberto Lavagna no fue la excepción, y la semana pasada trasladó la queja a los bancos estatales. Sin poner en discusión la validez del reproche, hay una cuestión central a la hora de evaluar la potencialidad crediticia de las entidades financieras estatales: al día de hoy cuentan con una liquidez que está en niveles históricos gracias al buen momento fiscal. Al respecto, Brasil es un buen ejemplo de cómo pueden utilizarse los fondos públicos para reactivar el crédito de largo plazo.
Los depósitos del sector público se duplicaron en el último año. Ahora se encuentran en 28.100 millones de pesos, expansión que se repartió en 15.000 millones para las cuentas a la vista y el resto a plazo fijo. Nada que ver con las colocaciones del sector privado: los plazos fijos de empresas e individuos cayeron 340 millones en los últimos 12 meses.
Esa enorme liquidez proveniente del superávit de las cuentas públicas podría, tranquilamente, destinarse a otorgar crédito barato y de largo plazo, tal como reclamó Lavagna. Y no cualquier tipo de crédito sino aquel que contribuya a la expansión del aparato productivo y a la mejora de la situación económica: ambos son objetivos perseguidos por el ministro de Economía.
Los préstamos al sector privado han venido creciendo en los últimos meses (el stock creció 23 por ciento en un año, a 32.650 millones de pesos), pero exclusivamente los de corto plazo. Aquellos ligados al consumo y también las líneas utilizadas por las empresas para financiarse en el día a día.
El lanzamiento, por parte del Banco Central, de nuevos instrumentos financieros para acelerar el otorgamiento de líneas de largo alcance puede ser una buena idea. Pero mientras se aguardan los resultados, no quita que el Estado (el propio Lavagna) se vuelva más activo y lidere la cesión de préstamos.
Es posible que Brasil sea un buen modelo para imitar.
Más allá de los tironeos políticos que aparecieron la semana pasada, el Bndes brasileño parece un ejemplo a seguir. El banco estatal prestará este año un total de 14.300 millones de dólares. La tercera parte se destinará a empresas que exportan, especialmente pymes. En 1995, este tipo de líneas totalizó 370 millones. En nueve años ese monto se multiplicó por once. En los últimos meses, el Bndes se propuso ampliar la base exportadora de su cartera ampliando sus préstamos a microemprendimientos. El promedio de los créditos del banco es de ocho años. ¿Cuál es la explicación del éxito? Una de las bases, sin dudas, es el bajo costo de sus líneas: a través del Bndes, las pymes logran financiarse a una tasa de interés real de entre 3 y 4 por ciento anual.
La experiencia del Bndes, un modelo cercano, puede servir como disparador de una discusión acerca de la función que deben cumplir los bancos públicos. Está claro que no alcanza con las buenas intenciones. Ni con los discursos. La banca estatal cuenta con recursos para alentar la producción. Si no se traza ese camino después será difícil plantear que se pretendió encarar una propuesta diferente a la ya divulgada por los economistas ortodoxos, profesionales que históricamente operaron para que los bancos públicos “presten” a los amigos del poder o directamente sean privatizados a precio ganga.