En esta semana coincidieron los dos años desde la quiebra del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers y el acuerdo de 27 países para endurecer los controles sobre el sistema financiero. Esto último fue la tercera versión del Tratado de Basilea, un conjunto de reglas para los bancos que nació en 1988 sin resultados favorables para evitar crisis financieras. Ahora los principales banqueros centrales del mundo centraron su atención en el capital mínimo que deberá integrar cada banco. Esa condición fue triplicada en el proyecto que deberá ser discutido y, eventualmente, aprobado en la próxima cumbre de jefes de Estado del G-20.

Si bien la debacle de las hipotecas subprime se inició un año antes en el mercado estadounidense, la caída de Lehman permitió tomar verdadera dimensión de la crisis. El elevado grado de apalancamiento de ese tipo de bancos de inversión y su fuerte exposición en activos muy especulativos fueron la principal vía de contagio hacia el resto del sistema. Luego de atravesar lo peor del vendaval, los responsables de la estructura financiera de los países desarrollados comenzaron a estudiar la necesidad de incrementar controles.

Una alternativa fue fortalecer el Tratado de Basilea, a pesar de que nunca llegó a aplicarse de manera global. En julio de 1988 el Comité de Basilea emitió un acuerdo de medición y estándares mínimo de capital de los bancos internacionales conocido como Acuerdo de Capitales. Este tenía como finalidad que el sistema operara con un capital adecuado a los riesgos asumidos. Este pacto requería un mínimo de capital equivalente a 8 por ciento sobre los activos ponderados por riesgos.

Las consecuentes crisis y el desarrollo de instrumentos de inversión más complejos obligaron a reformular, en 1999, el marco regulatorio, que se denominó Basilea II. Este se basó en el anterior modelo, pero también tomó en cuenta la calidad crediticia de los prestatarios y los riesgos de mercado y operacional. “Este marco incrementará la seguridad y la solidez de los bancos, fortalecerá la estabilidad del sistema en su conjunto y mejorará la capacidad del sector financiero en servir como fuente de crecimiento sostenible para la economía en general”, dijo en esa oportunidad Jean-Claude Trichet, titular del grupo de banqueros centrales del entonces G-10.

Ese nuevo marco regulatorio tampoco evitó que se desencadenara la última crisis, cuyo epicentro estuvo en los Estados Unidos y se extendió rápidamente al resto del mundo. El contagio se dio aun cuando los ratios capital mínimo se encontraban en niveles de dos dígitos. Esto demostró que existen riesgos de otra naturaleza, que no se pueden determinar con modelos estadísticos, sobre todo cuando se trata de productos financieros negociados en mercados no regulados.

Entonces los jefes de bancos centrales y autoridades reguladoras de 27 países acordaron volver a endurecer las normas de solvencia bancaria. Se trataría de Basilea III. Este marco contemplaría un incremento de los fondos propios que deberán tener las entidades como respaldo. Los bancos tendrán que contar con reservas procedentes de un aumento de capital y de ganancias por un 7 por ciento del monto de los préstamos que otorguen a sus clientes. Hasta el momento, ese porcentaje era del 2 por ciento.

Este marco será discutido en la próxima reunión del G-20, en noviembre, en Corea. Sin embargo, Trichet, ahora presidente del Banco Central Europeo, sostuvo: “Los acuerdos alcanzados constituyen un refuerzo importante de los estándares globales de capital y darán más estabilidad financiera y al crecimiento a largo plazo”