La AFIP elevó el cerco antievasión en el mercado inmobiliario a partir de un mayor control de la operatoria con fideicomisos financieros constituidos en el país o en el exterior, fijando un plazo máximo de diez días para informar cambios en esos instrumentos. La medida apunta a que se potencie el cruce de datos con las declaraciones juradas anuales del Impuesto a la Ganancias y Bienes Personales de los inversores y a que la adjudicación de las propiedades inmobiliarias se tasen según el valor de plaza y no al costo. La iniciativa es el resultado de un relevamiento que inició el ente recaudador el año pasado, ante inconsistencias observadas en la operatoria, como es el caso de que el fiduciante y el beneficiario respondan a la misma persona.

Los fideicomisos se conforman mediante una figura legal por la cual una empresa (fiduciante) aporta el capital o el bien para que otro, empresa o particular (fiduciario), los administre. El caso más habitual de uso de esta herramienta se da en los desarrollos inmobiliarios. El 75 por ciento de las construcciones de envergadura en la ciudad de Buenos Aires y en las principales localidades del interior se llevan a cabo mediante fideicomisos. El 11 por ciento de los actuales fideicomisos se concentra en este segmento, según los últimos datos de la Comisión Nacional de Valores. Una vez finalizada la obra, el administrador entrega las unidades a otro particular o empresa, que las adquiere bajo el carácter de beneficiario.

En agosto del año pasado, la AFIP creó una comisión con el objetivo de analizar maniobras vinculadas con el Impuesto a las Ganancias, poniendo la lupa sobre los administradores, que son en su mayoría bancos. El mayor control busca salvar los huecos legales que evidencian la operatoria con fideicomisos. Su estructura se basa en un desapoderamiento patrimonial inicial –disminución de su patrimonio justificado por la inversión– de los inversores, lo que deriva en una menor carga tributaria.

El régimen vigente obliga a los fiduciarios de fideicomisos financieros e inmobiliarios a informar anualmente ante la AFIP las características de los instrumentos constituidos, según explicaron desde el organismo que conduce Ricardo Echegaray. Sin embargo, la intención era relevar a todos los integrantes de la cadena: quién aporta el capital, lo administra y es propietario del inmueble. Según la resolución publicada esta semana en el Boletín Oficial, las personas encargadas de fideicomisos en la Argentina y los que localmente representen a fideicomisos del exterior deberán informar a partir de julio próximo al organismo todos sus movimientos. La presentación de la información deberá formalizarse mediante transferencia electrónica de datos a través del sitio web de la AFIP, mientras que los sujetos que actúen como agentes de información deberán contar con la respectiva clave fiscal para poder realizarlo.

Entre los datos requeridos por el organismo de control se encuentran: la constitución inicial de fideicomisos, ingresos y egresos de fiduciantes y beneficiarios que se produzcan con posterioridad al inicio y, en caso de tratarse de fideicomisos financieros, deberá detallarse el resultado de la suscripción o colocación. Además, se deberá informar sobre transferencias o cesiones de participaciones o derechos, entregas de bienes efectuadas a fideicomisos con posterioridad a su constitución, modificación o extinción del contrato y asignación de beneficios. Las declaraciones se confrontarán contra las presentaciones anuales del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, que los inversores presentarán hasta mayo próximo. Una vez procesadas, las autoridades fiscales podrán avanzar sobre inconsistencias advertidas

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