Los cambios en la conducción y dentro del Directorio del Banco Central responden a una necesidad –y exigencia de la Presidenta– de regular el poder financiero. El abuso de los bancos, que en los últimos años acumularon abultadas ganancias a partir de la especulación financiera y cambiaria, se hizo insostenible en los últimos meses. La pulseada del establishment financiero derivó en un movimiento paralelo de divisas, por fuera del mercado oficial, de 27.400 millones de dólares. “Lo que hicieron fue crear un Banco Central paralelo”, dijo a este suplemento Pedro Biscay, ex titular del área de Fraudes Económicos y Bancarios de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), ahora designado director del BCRA. Si bien la atención se centrará en desarticular ese entramado especulativo, el rol de Alejandro Vanoli, quien está al frente del organismo en reemplazo de Juan Carlos Fábrega, no podrá perder de ese foco el ingreso de divisas. En ese sentido, será clave el proyecto de su autoría sobre control de granos para evitar la especulación con la liquidación de la cosecha.

La denuncia sobre supuesta connivencia de personal de distintos estratos de la autoridad monetaria con cueveros de la city y bancos derivó en el despido de Fábrega. En su puesto fue nombrado quien era el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV. Desde esa institución, Vanoli buscó ponerle trabas a una operatoria que en esencia es legal, pero que su vinculación directa con transacciones de comercio exterior la vuelve ilícita. Se trata de las operaciones de contado con liquidación, que implica la compra de un bono o acción en pesos en el mercado local para su venta en dólares en el exterior. Bancos y sociedades de Bolsa ofrecían este servicio para sortear los límites en el mercado cambiario oficial y los precios resultantes de ese arbitraje de activos bursátiles son usados como referencia para forzar una devaluación de la moneda local.

El equipo de la CNV y la Procelac iniciaron un seguimiento de este tipo de operaciones desde fines de julio, cuando su utilización se hizo más intensiva luego de que el juez neoyorquino Thomas Griesa trabara el cobro de servicios de deuda argentina reestructurada a sus tenedores. Los allanamientos de esta semana fueron resultado de esas investigaciones. En la mira se encuentran las sociedades Mariva y Balanz Capital y los bancos Macro, Marica –sede bancaria del grupo financiero– Patagonia, Supervielle e Itaú. Los operativos continuarán, al igual que las sanciones. También deberá darse curso a 80.000 expedientes con multas millonarias por ese tipo de operaciones especulativas que involucra a grandes exportadores de granos y petroleras.

La otra parte de la maniobra de pinzas que denunció la jefa de Estado se refiere a los sojeros que no liquidan su cosecha para pujar por un tipo de cambio más alto. Las medidas aplicadas por el Central hasta el momento estuvieron lejos de revertir esa situación. A principio de año se les ofreció una letra que los cubriera de oscilaciones en el tipo de cambio más un “premio por la espera” que significó una tasa de interés en dólares del 3 por ciento. Los exportadores continuaron con la liquidación con cuentagotas hasta que se llevó a cabo la devaluación de enero, que también abultó las ganancias de los bancos. En los últimos días se analizaban nuevos alicientes para la liquidación de la cosecha remanente, que se estima en 27 millones de toneladas.

La espalda financiera y el poder de lobby de las corporaciones ruralistas requieren de un accionar más concreto de regulación que de incentivos. En ese sentido, se cuenta con herramientas para reducir los canales para eludir los controles oficiales. En tal caso, el Ministerio de Agricultura y la Comisión de Valores firmaron en julio un acuerdo para registrar todas las operaciones de comercialización de granos, de manera online, con el objetivo de eliminar las asimetrías en el precio que reciben productores. La normativa genera un mecanismo de control de las operaciones granarias y permite transparentar los precios.

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