La presentación de una nueva edición del billete de 100 pesos, en homenaje a las Madres de Plaza de Mayo, fue aprovechada esta semana por el establishment para traer a discusión la necesidad de imprimir billetes de mayor denominación. La explicación de esta supuesta urgencia es que la pérdida de poder adquisitivo de la moneda requiere incrementar la nominalidad del billete por cuestiones operativas (de manejo del efectivo). Esta semana, banqueros y gremialistas del sector solicitaron “formalmente” al titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, la creación de un billete de más de cien pesos. Las dificultades de mover grandes sumas de dinero no requieren como solución de nuevos billetes sino de un mayor uso de medios electrónicos. Se trata de un debate estructural y que tiene que ver con la necesidad de incrementar la bancarización de la economía, lo que además permite luchar contra la informalidad, que utiliza el efectivo.

Las asociaciones de bancos de capital nacional, extranjeros y de banca especializada, junto con el gremio de empleados del sector La Bancaria, enviaron a Vanoli una misiva en la que solicitan con carácter de urgente un nuevo billete. No se sumó al pedido la asociación de bancos públicos y cooperativos. Quienes suscribieron aseguran que la cantidad de billetes que circulan en la economía es tal que se está volviendo inmanejable para el sector financiero y el público. El objetivo detrás del pedido de estos sectores –que motiva la negativa oficial– es el que el uso de un billete de mayor denominación sea utilizado políticamente como referencia a la suba de los precios.

La cantidad de billetes en circulación asciende hoy a 4885,3 millones de unidades, divididos en 3222,4 billetes de 100 pesos, 330,8 millones de denominación de 50 pesos, 86,1 millones de 20, 387,5 millones en billetes de 10, 371,2 millones de 5, y 458,3 millones de 2, según datos publicados por el Banco Central. El principal rasgo de una economía con alta circulación de billetes físicos es su informalidad más que un signo de alta inflación. Esto no implica negar la obviedad de que los aumentos de precios le quitan poder adquisitivo a la moneda. El debate en torno de la alta impresión de billetes debe centrarse en la necesidad de bancarización de la población.

Una de cada tres personas en el país tiene cuenta bancaria, mientras que sólo un 60 por ciento realiza apenas dos operaciones por mes, lo que refleja el escaso nivel de inclusión financiera. Esta situación contrasta con el hecho de que el país siga siendo el segundo en la región en cantidad de bancos. Pero la mitad de las sucursales están la Ciudad de Buenos Aires. En 2010, el Banco Central y el Ministerio de Economía lanzaron un paquete de medidas para incentivar la bancarización a través de la apertura de sucursales de entidades financieras en las regiones con baja penetración, tanto de parte de compañías ya instaladas como de nuevas instituciones que vienen incorporándose en los últimos años al sistema financiero.

La bancarización entre los sectores bajos está siendo atendida por estos días por tarjetas regionales (no emitidas por entidades bancarias), que aprovechan el desinterés que exhiben los grandes bancos. Según un estudio de la consultora Banca y Riesgo, estos sectores tenían un limitado conocimiento del abanico de servicios financieros disponibles. Las tarjetas en estos casos son el puntapié inicial a otras formas de endeudamiento. “Se observa cada vez más una mayor propensión a utilizar las tarjetas para gastos y consumos cotidianos, y no solamente para consumos puntuales o estacionales”, advierte el informe. La asociación con comercios tradicionales en las distintas zonas se convierte en un aval para las emisoras de plásticos no tradicionales. Pese a este avance, los servicios bancarios continúan siendo escasos en las provincias para las clases medias.

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