“Dentro de sistema.” “Fuera de sistema.” Con estas dos anotaciones separaba en su agenda personal sus operaciones legales de las vinculadas com el lavado de dinero. El anotador era propiedad de Rubén Darío Romano, investigado por una millonaria defraudación contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Inssjp), siendo prestatario de la obra social, ligado al sindicalista Luis Barrionuevo. La agenda de Romero llevó en 2007 al descubrimiento de operaciones de fraude bancario y lavado de dinero en el país por parte de BNP Paribas por un monto de 904,5 millones de dólares. Manuales para gestionar activos off-shore en paraísos fiscales, cuevas financieras en pleno microcentro porteño y millonarias cuentas sin declarar de importantes ex funcionarios forman parte de la acusación contra la entidad francesa. Esta semana hubo reuniones en París entre reguladores argentinos y franceses para avanzar en la investigación.

La causa investiga la presunta responsabilidad penal de unos veinte funcionarios y empleados del BNP Paribas, entidad francesa que montó en el país una oficina de banca minorista sin autorización del Banco Central. Durante poco más de diez años se dedicó a captar fondos ilícitos de argentinos y facilitarles su fuga al exterior, utilizando su propia estructura de banco y la de sus sucursales en los paraísos fiscales de Luxemburgo y Suiza.

En la investigación a Romano se encontró que, caracterizadas como dentro y fuera del sistema, apuntaba importantes sumas de dinero depositadas en cuentas de sucursales del BNP Paribas en el exterior, en particular en las plazas de París y Ginebra, según el informe del Ministerio Público Fiscal. Esto derivó en un allanamiento el 28 de septiembre de 2007 en el piso 27 del edificio ubicado en Alem al 800, en pleno microcentro porteño. Allí funcionaba la sucursal del banco más grande de Francia, con la salvedad de que operaba fuera de la órbita del Banco Central y de los demás organismos de control.

La pesquisa fue realizada por el Ministerio Público Fiscal y la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Central se constituyeron como parte querellante. La manera de operar es similar a la utilizada por el HSBC en las 4040 cuentas no declaradas de argentinos en su filial suiza. Según la UIF, se tenía en cuenta en los cargos por el manejo de dinero cantidad inicial a ingresar, país y banco, grado de confidencialidad deseado por el cliente y perfil de inversión. Los clientes tenían incluso la posibilidad de utilizar un nombre codificado (o alias) para identificar cada cuenta.

Se encontró documentación de servicios de constitución y administración de sociedades, fundaciones y fideicomisos en el exterior, puntualmente en Bahamas, Islas Vírgenes Británicas, Costa Rica, República de las Seychelles, Hong Kong, Chipre, Panamá, Principado de Liechtenstein y en Islas Cayman. También se ofrecía la posibilidad de administrar desde la Argentina activos que estuviesen radicados en algunos de estos paraísos fiscales.

La UIF le solicitó esta semana al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº35 que dicte el procesamiento con prisión preventiva y medidas cautelares patrimoniales a veinte imputados. Por su parte, el fiscal de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, se reunió con el director de Tratamiento de Información y Acción contra los Circuitos Financieros Clandestinos (Tracfin), Bruno Dalles, para profundizar la investigación. Gonella precisó que las maniobras fueron comprobadas durante el período comprendido entre 2002 y 2008. “Los acusados franceses deberán presentarse en juicio oral y público en Argentina y, de ser necesario, se podría pedir la extradición, mecanismo habilitado por un acuerdo binacional firmado recientemente”, señaló.

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