Dentro del pánico mundial irradiado por la admisión de un fraude contable de 3850 millones de dólares por la telefónica estadounidense WorldCom –seguida por la de otro fraude, de entre 2000 y 6000 millones, por Xerox–, la noticia de que el PBI norteamericano había crecido un inesperado 6,1 por ciento en el primer trimestre pasó casi inadvertida. En todo caso, alcanzó para detener la caída en picada de las bolsas desde Wall Street hasta el resto del mundo, pero no hubo nada de la retórica triunfalista ni del descorche de champagne que han caracterizado a los funcionarios económicos de la administración Bush ante logros mucho menores. De hecho, los propios inversores recibieron la noticia con escaso entusiasmo, atribuyendo el surgimiento a una baja de las importaciones –causada por el descenso del dólar– y prediciendo que este trimestre el crecimiento bajará a la mitad o a menos. Lo único que Paul O’Neill pudo festejar fue que la Cámara de Representantes accediera finalmente en la noche del jueves –y por escaso margen– a la suba del techo admisible de la deuda gubernamental de 5,9 billones de dólares hasta 2008. En esta diversidad de reacciones radica parte del extraño y contradictorio carácter de las cifras que salen de la economía norteamericana: el 6 por ciento del primer trimestre debería señalar una especie de boom y sin embargo ningún actor económico se comporta como si eso estuviera ocurriendo.
En parte, lo que ocurre es que los inversores están dejando de confiar en la economía norteamericana. Una luz muy roja es el déficit, que este año alcanzará la cifra de 160.000 millones de dólares (o 1,5 por ciento del PBI). La supuesta recuperación en marcha no llega a reflejarse en la recaudación impositiva: la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) calcula que, para los primeros ocho meses del año fiscal que termina el 30 de setiembre, los ingresos fiscales serán 161.000 millones menos que el año pasado. Los pagos de impuestos individuales registran una caída del 36 por ciento. Incluso si la tendencia se revierte en los próximos meses, los analistas esperan que la recaudación sea 150.000 millones de dólares inferior a la del año pasado. La administración ha dicho que espera tener un presupuesto equilibrado para 2005, pero nadie le cree. Hasta el momento, Bush ha descrito a su política en los términos más virtuosos: se propondría aumentar sólo los gastos de defensa, necesarios para la guerra antiterrorista, mientras ajustaría todo despilfarro por el lado civil. “Cañones, no manteca”, sería su lema. Pero eso no se está verificando. De acuerdo con el informe de la CBO, el gasto en los primeros ocho meses fiscales de 2002 fue un 10 por ciento superior al de igual período del año pasado, mientras el gasto discrecional, no incluyendo defensa, subió un 17 por ciento el año pasado, y en este año ya acumula un ascenso del ocho por ciento. Es que ganar elecciones cuesta dinero: los subsidios agrícolas aprobados recientemente por Bush, por ejemplo, cuestan 73.000 millones de dólares. Y, en un año de elecciones, el Congreso no está en ánimo de entrar en astringencia financiera.
La ola de escándalos financieros no ayuda. Ya hay al menos una docena de corporaciones bajo el radar de alarma de los inversores, que están desesperados por averiguar quiénes son los verdaderos dueños de la deuda de las compañías, que en el caso de World-Com sola llega a 33.000 millones de dólares (o un cuarto de la deuda externa argentina). Nadie sabe quién está expuesto y quién no, ni en qué medida. En este tembladeral, que tarde o temprano se complicará por la nueva inestabilidad de las economías de América del Sur (y quizá también México), George W. Bush tiene una sola brújula: ganar las elecciones legislativas de noviembre. Hasta ahora pareció seguro que lo haría, pero esta semana aparecieron las primeras nubes de duda en el horizonte.