desde Caracas *

Apelando a un refrán venezolano, podría decirse que en materia económica, el gobierno de Hugo Chávez ha estado resbalando en lo seco y manteniéndose de pie en lo mojado. Las autoridades venezolanas prácticamente no han tenido obstáculo alguno para realizar enormes operaciones comerciales destinadas a nacionalizar empresas tan grandes como la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela –por la que pagó 572 millones de dólares al grupo propietario– y Electricidad de Caracas, una gestión que algunos analistas habían anticipado como muy complicada y llena de conflictos.

En cambio, el gobierno confronta severas dificultades para mantener la normalidad de la actividad económica y en los últimos días se ha visto obligado a anunciar medidas de control para evitar el desabastecimiento y los altos precios en productos de la dieta básica nacional.

El vicepresidente Jorge Rodríguez ha asegurado que, de ser necesario, el Estado asumirá directamente la comercialización de productos como la carne de bovino, que repentinamente desapareció de los mostradores de los supermercados y carnicerías. El kilo de carne de vaca de primera calidad debía venderse a poco más de 9 mil bolívares –3,5 euros–, pero sólo se conseguía pagando entre 15 mil y 19 mil bolívares.

Cuando el Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y el Usuario –Indecu– intentó obligar a los supermercados a respetar los precios regulados, éstos optaron por guardar la carne en sus refrigeradoras y el público puso el grito en el cielo. En un intento por evitar que se produzca de nuevo este tipo de situaciones, el gobierno acordó eximir a las empresas de producción y comercialización de carne del pago del Impuesto al Valor Agregado –del 14%–, lo que permitirá a ganaderos, mataderos, mayoristas, transportistas y vendedores minoristas ganar un poco más sin incrementar el precio al consumidor.

El gobierno de Chávez intenta desesperadamente frenar la inflación, que en enero ya llegó a 2 por ciento y que podría entrar en una escalada a lo largo del año, arruinando los planes del Ejecutivo de cerrar el 2007 en 12 por ciento. El año 2006 fue de 17 por ciento, también por encima del tope estimado de 15 por ciento. El gremio de los ganaderos, que ha estado enfrentado al gobierno de Chávez desde sus inicios, hace ocho años, esta vez celebró la decisión oficial. No era para menos, pues la ministra de Industrias y Comercio, María Cristina Iglesias, se puso de su lado cuando afirmó que es inconcebible que el kilo de carne de la vaca en pie cueste menos de 4 mil bolívares y al llegar al plato del consumidor haya cuadruplicado su precio.

El gobierno mostró los dientes a las cadenas de comercialización el pasado domingo, cuando montó un gran mercado popular en Maracaibo, la segunda ciudad del país, en el que se expendió carne por debajo de los precios regulados. El vicepresidente Rodríguez comparó la situación que se ha presentado en las últimas semanas con la huelga patronal que se realizó en Venezuela a finales de 2002 y comienzos de 2003, cuando las grandes empresas productoras y comercializadoras de alimentos cerraron sus puertas y dejaron al país desabastecido de casi todo.

El gobierno de Chávez aprendió entonces la lección y a lo largo de los cuatro años que han transcurrido ha montado una estructura de distribución y venta minorista de productos básicos que cubre todo el territorio venezolano. Se trata del programa social Mercados de Alimentos (Mercal), el cual se ha convertido en la principal fuente de abastecimiento de una porción mayoritaria de la población, la de los más pobres.

Mercal vivió una etapa de esplendor, al punto de ser considerado el programa social más eficiente del gobierno, pero desde finales del año pasado menudean las denuncias sobre fallas en el abastecimiento, cierre de locales y reventa de los productos subsidiados en establecimientos privados. Estas irregularidades se presentaron especialmente con el azúcar, producto que ha escaseado en Venezuela a lo largo de los últimos cuatro o cinco meses y cuyos precios alcanzaron niveles muy altos, debido a la acción de acaparadores y especuladores.

En las últimas semanas, autoridades administrativas acompañadas por efectivos de la Guardia Nacional realizaron numerosos decomisos de azúcar. Los cargamentos encontrados fueron, de inmediato, vendidos a precios regulados directamente por los militares en zonas populares.

Los voceros oficiales advirtieron que además de medidas de corte económico, como la eliminación del IVA al sector cárnico, se procederá sin contemplaciones a esta clase de acciones policiales.

* Especial de El País.