La abundancia de críticas en la campaña de las presidenciales francesas a los efectos de la globalización, como las deslocalizaciones, o al euro, ilustran un sentimiento de amenaza en Francia, que no afecta tanto a su economía, abierta y la sexta del mundo, como al futuro de su sistema de protección social. El nivel del euro, que ronda sus máximos en más de dos años, y su efecto en las deslocalizaciones ha sido denunciado en esta campaña electoral, cuya primera vuelta se celebra hoy, por los problemas que crea a las empresas exportadoras.

El candidato conservador, Nicolas Sarkozy, ataca al Banco Central Europeo porque al preocuparse sólo por la inflación ha llevado a la moneda única a sus niveles actuales, y pide “poner el euro al servicio del empleo”. Apuesta por una mayor integración entre los países de la zona euro y por inspirarse en la “política de devaluación” de Estados Unidos, China o Japón para dotar a sus economías de mayor competitividad.

La candidata socialista, Ségolène Royal, quiere inscribir en los estatutos del BCE “el objetivo de crecimiento y empleo” y crear un “gobierno de la zona euro” dirigido por los gobiernos elegidos de los países miembro, y no por la entidad emisora. La mayor preocupación de los franceses es, de acuerdo con las encuestas, el empleo, pese a que la tasa de paro cayera en febrero al 8,4 por ciento de la población activa, el nivel más bajo desde 1983 pero en cualquier caso el más alto de la zona euro.

Con su lema de “trabajar más para ganar más”, Sarkozy quiere desmontar las 35 horas semanales y a las que achaca el estancamiento del poder adquisitivo de los asalariados. En su apuesta por “rehabilitar el trabajo”, planea exonerar de aportes e impuestos las horas extras y lanzar un contrato de trabajo único, que facilite para las empresas los despidos pero dé más garantías a los trabajadores que el contrato temporal actual. Royal, además de plantear un alza del salario mínimo de los actuales 950 euros mensuales netos a 1500 en cinco años, crearía nuevos contratos para jóvenes parados, en particular un Contrato de Primera Oportunidad, de financiación pública, para los que dejan el sistema escolar sin ningún título ni formación.

Para poner a prueba la queja de los empresarios de que las cargas sociales frenan la creación de empleo, el centrista François Bayrou (tercero en los sondeos) quiere permitir a cada empresa crear dos empleos indefinidos en cinco años libres de aportes sociales. Bayrou pone el dedo en una de las más profundas llagas de la economía francesa: la financiación del sistema de protección social en un país donde el gasto público supera el 53,0 por ciento del Producto Interno Bruto, y la deuda pública está en el 63,9 del PIB. De los tres candidatos que encabezan los sondeos, Bayrou es el que va más lejos para atajar la escalada de los números rojos: pide la prohibición constitucional de que un gobierno presente un presupuesto con déficit, salvo en período de recesión.

En contra de lo que sugieren las reacciones políticas ante la globalización, el capitalismo francés no se porta mal a la vista de que 32 de las 100 mayores compañías europeas son francesas (38 de las 500 con más facturación en todo el mundo). Pero los grandes grupos, cuya exultante salud refleja su implantación internacional, juegan en un terreno muy distinto de las pequeñas y medianas empresas, con escasa proyección exterior. En esta campaña como en otras se ha colado el debate sobre la legitimidad de los miles de millones de euros de beneficios de multinacionales francesas o la remuneración de sus directivos.

Otra de las características de la economía francesa, además de su gran número de funcionarios (el 22,8 por ciento del total de asalariados, record en Europa) es el peso todavía relevante del Estado, con empresas públicas que dan trabajo al 3,9 por ciento de la población ocupada.