Desde Montevideo

Mientras que los defensores de la globalización convencional proclaman sus beneficios, tanto económicos como políticos, en América latina se suman los conflictos con la democracia y la autonomía nacional que genera la apertura al comercio y las finanzas mundiales. Adentrarse en la globalización exige renuncias, y aunque poco se hable de ellas, entre las más dolorosas están el debilitamiento del Estado y la democracia. Las bases conceptuales de estas tensiones entre las metas globales y las renuncias nacionales acaban de ser recordadas por Dani Rodrik, un destacado economista de la Universidad de Harvard. Cuando se apunta a tres objetivos: la globalización comercial, mantener la soberanía nacional y a democracia, se desemboca en contradicciones inevitables, ya que los avances hacia una de esas metas exige renuncias en las otras. Rodrik presenta ese problema como mucho más que un dilema: es un “trilema” sujeto a una imposibilidad práctica, ya que no se pueden alcanzar las tres metas a la vez.

Casi todos los gobiernos de América latina, con diferente énfasis, insisten en insertarse en la economía global, lo cual inevitablemente exige que se eliminen las regulaciones, trabas y costos en el comercio de bienes y el flujo de capitales. Marchar por ese sendero desemboca en redefinir el papel del Estado-nación, aplicando medidas para atraer inversores y promover exportaciones. Pero esas acciones tienen consecuencias, y una de las más evidentes ha sido una reducción del Estado en varios temas, como desproteger sectores productivos nacionales. Pero el proceso es un poco más complejo, ya que, simultáneamente, los gobiernos se fortalecen en otros aspectos para asegurar ese flujo de mercancías y capitales.

Este nuevo entramado global se basa en reglas y convenios que van mucho más allá del comercio convencional de mercancías, alcanzando temas tan dispares como los servicios o el flujo de capitales. Además, el Estado-nación suscribe o acepta compromisos internacionales bajo los cuales cede parte de sus facultades de regulación y ata sus funciones a la economía global. En constante competencia frente a otros países por atraer a los inversores, se aligeran las exigencias ambientales, se reducen los estándares laborales y se desentiende del ordenamiento territorial. Más tarde o más temprano, los agentes globales se apropian de una proporción mayor de beneficios, mientras que las comunidades locales deben lidiar con los efectos sociales y ambientales negativos.

Las reacciones ciudadanas son ignoradas, y en algunos casos combatidas debido a que entorpecen ese flujo de capitales, y por lo tanto la democracia se deteriora.

El “trilema” de Rodrik advierte sobre esta problemática. Si se profundiza la integración comercial global, no se podrán atender las exigencias ciudadanas nacionales para revertir sus consecuencias negativas y por lo tanto la democracia queda recortada. Las estrechas vinculaciones de estas tensiones con el sueño globalizador no reciben la atención que merecen, y en muchos casos el “trilema” de Rodrik es ignorado. Es así que las propuestas económicas gubernamentales no discuten las implicancias negativas de la globalización, aunque se sufren sus consecuencias. Los procesos de integración regional dentro de América del Sur olvidan su potencial para permitir otra forma de inserción internacional, recuperando la autonomía frente a la globalización. Por el contrario, insisten en permanecer como acuerdos intergubernamentales basados en el protagonismo presidencial.

Terminan siendo plataformas para zambullirse todavía más dentro de la globalización, cuando en realidad podrían ser los marcos para fortalecer al Estado y la democracia en la búsqueda de un desarrollo comprometido con las necesidades nacionales y regionales.