Por Susana Diaz

La multinacional biotecnológica Monsanto anunció la suspensión de la producción de las semillas de soja transgénica RR, Roundap Ready, resistente al glifosato, un potente herbicida que la firma comercializaba bajo la marca Roundap y que completaba un paquete tecnológico de alta productividad que se encuentra en la raíz del
boom sojero, no sólo argentino. Según informaron a Cash ejecutivos de Monsanto, no se trata de una maniobra de presión ya que “no amenazamos con dejar de producir, simplemente dejamos de hacerlo hace más de un mes”. La razón esgrimida por la empresa es que el negocio dejó de ser rentable. En adelante, Monsanto se concentrará en la producción de maíces y sorgos transgénicos, aunque no descarta volver a producir simientes de soja si las condiciones cambian.
Otra multinacional, Greenpeace, tradicional enemiga de los transgénicos, emitió un comunicado acusando a Monsanto de chantajear al gobierno para que apruebe la liberación del maíz RR y de querer “quitarle al productor agropecuario la libertad de guardar semillas de soja RR”.
Bajo la superficie de las escaramuzas reside un negocio multimillonario. La producción local de soja ronda los 20.000 millones de pesos. Parte de los insumos de esta producción son las semillas. Que quienes invirtieron en su desarrollo reclamen una parte de los beneficios originados en la mayor productividad resulta lógico. Que el cobro pretenda extenderse a la descendencia de las primeras semillas parece, en cambio, más cuestionable. Precisamente de esto tratan los proyectos de regalías extendidas y regalías globales que las multinacionales semilleras demandan al gobierno, según los cuales los productores deberían pagar cada vez que utilicen las semillas, no sólo la primera vez, perdiendo así la facultad milenaria de guardar una parte de la cosecha para resembrar.
Según las cifras de las firmas proveedoras, sólo un 20 por ciento de las semillas son certificadas, es decir vendidas directamente por las empresas que las producen, otro 30 por ciento proviene de la reutilización propia y el 50 por ciento restante son “bolsas blancas”, es decir, sin marca. Se trata de las consideradas semillas ilegales vendidas por productores que decidieron aprovechar que las transgénicas pueden ser reutilizadas con un mínimo de pérdida de rindes. Monsanto argumenta haber perdido rentabilidad por dos vías, la competencia de las “semillas ilegales”, que obligó a sucesivas bajas de precios, y la competencia también en la otra pata del negocio, la producción del herbicida, ya que no pudo demostrar la existencia de daño por las importaciones del insumo básico (el glifosato) desde China, situación que benefició a otros productores locales del herbicida.