Pocos temas en el agro local suelen despertar tantas pasiones como el de los transgénicos. Las razones pueden ser dos. La más superficial surge de la confusión ecologista y no está exenta de vínculos con el intento, por parte de Europa, de imponer barreras para-arancelarias a las exportaciones argentinas. La segunda se relaciona, ya sin intermediación, con la puja entre lobbies poderosísimos. Para las empresas de capital tecnológico que desarrollan semillas genéticamente modificadas se trata de un negocio multimillonario. Para los empresarios del campo que las utilizan, se trata nada menos que de ceder una porción de la renta.
Esta contradicción básica no está aún resuelta. Por eso en las últimas semanas la política local asistió, una vez más, a algunos escarceos. La empresa que desarrolló la soja con el gen resistente al herbicida glifosato, Monsanto, amenazó con la posibilidad de cobrar regalías en los puertos de destino de las exportaciones. Aunque no acostumbra responder en voz alta, la Secretaría de Agricultura contestó esta vez que Monsanto “ya había recibido lo suficiente”.
En rigor estos encontronazos se producen dentro de un contexto más amplio, la pelea por las “regalías extendidas”. Es decir: la posibilidad de que las regalías sean pagadas por todos los productores, hayan o no utilizado las semillas transgénicas, a modo de una alícuota sobre la producción. La base sobre la que se sustenta esta pretensión es que los transgénicos han producido una mejora de rendimientos y costos que beneficia al conjunto de la producción agraria y, en consecuencia, es justo que quienes produjeron las mejoras reciban una compensación. El razonamiento es absolutamente válido, pues si no existiese esta compensación no habría incentivos para el cambio tecnológico. Sin embargo, en un segundo nivel, la pretensión del cobro de regalías en forma indiscriminada es un reconocimiento tácito al fracaso de las firmas biotecnológicas por cobrar las regalías por otra vía, por ejemplo, en el momento de la venta de las semillas.
Cuando en 1996 comenzaron a venderse en la Argentina las semillas de soja resistente al herbicida (RR) para los empresarios del campo se produjo una importante mejora. La soja no resistente demandaba herbicidas por alrededor de 45 dólares la hectárea, la RR, 15 dólares. Para las firmas biotecnológicas la ganancia siempre estuvo en la venta del paquete completo, no sólo el herbicida, el glifosato que por entonces vendían sólo ellas sino también las semillas, por un costo de alrededor de 60 dólares la hectárea. Usar esas semillas era más cómodo porque demandaban menos aplicaciones (y cantidad) de herbicidas.
Cabe destacar que el carácter transgénico solamente vuelve a la soja “resistente al herbicida”, los procesos que aumentan los rendimientos son los de selección, los mismos que se practican desde los inicios de la agricultura, selección que puede ir o no acompañada por el gen RR. Todos estos cambios, sojas RR y seleccionadas más la técnica de siembra directa permitieron una expansión de la frontera agropecuaria en consonancia con los cambios de la demanda internacional.
¿Qué pasó desde entonces? Las empresas locales de agroquímicos bajaron sus costos. Hoy producir sin el sistema RR en herbicidas cuesta lo mismo, entre 15 y 18 dólares la hectárea. Adicionalmente, el herbicida para la RR ya no lo produce únicamente Monsanto. Por el lado de las semillas, en el campo se guarda una parte de la cosecha para replantar, lo que resulta perfectamente legal. Los altos valores de las semillas legales dieron lugar a un mercado negro de semillas ilegales, las famosas bolsas blancas, cuyo costo es de entre 28 y 30 dólares la hectárea.
La cuestión que resta resolver, entonces, es si debe cobrarse una regalía indiscriminada a todo el mundo o debe combatirse por la vía policial el comercio ilegal de semillas.