El debate por el uso de semillas genéticamente modificadas es complejo, involucra muchísimo dinero y está muy lejos de resolverse. Uno de los puntos críticos de la discusión, de la que participan la industria semillera, representada fundamentalmente por las grandes multinacionales biotecnológicas, el Estado y los empresarios del campo, es cuál es la cantidad efectiva de semilla por la que no se paga a las semilleras. En esta categoría se encuentran tanto las semillas de uso propio, es decir, la parte de la cosecha que el empresario guarda para resembrar en la siguiente campaña, como las llamadas bolsas blancas (sin marca), consideradas ilegales y que directamente provienen de cosecha destinada a ser comercializada como semilla. Cabe destacar que se presupone que las semillas de “uso propio” provienen de semillas adquiridas “legalmente”.

En este contexto, cualquier intervención del Estado para resolver el conflicto de intereses (el reconocimiento pleno de la “propiedad intelectual”), así como la naturaleza de dicha resolución, depende de la magnitud del problema. No es lo mismo que sólo el 20 por ciento de las semillas sea “legalmente” adquirida en el circuito formal, que esta cifra llegue a, por ejemplo, el 80 por ciento. En el primer caso el problema existe, en el segundo es marginal.

Como hasta ahora la cuantificación fue resultado de estimaciones realizadas no pocas veces por actores interesados, el Inase, el Instituto Nacional de Semillas que depende de la Secretaría de Agricultura, decidió encarar su propio estudio de campo.

Según el relevamiento realizado para la campaña sojera 2004/2005 sobre una muestra de 800 productores y cuyos resultados fueron dados a conocer el pasado diciembre, el 67 por ciento de los empresarios pudo justificar la utilización de semilla dentro del marco legal. De este total, un 43 por ciento fue para uso propio y un 24 por ciento correspondió a semilla fiscalizada.

Las cifras muestran dos cosas. Si bien por un lado el 67 por ciento de uso legal resultó mayor a lo esperado –y a lo calculado por las semilleras–, el 43 por ciento de uso propio también resultó más elevado de lo esperado. Según fuentes del Inase, ello se debería a un abuso de esta figura, la que se utilizaría para “encubrir” la adquisición de las bolsas blancas. Estas semillas resultan un 40 por ciento más baratas que las “legales”, diferencia de precio que representa un gran aliciente para bajar costos.

Los datos relevados por el Inase, que destacan que el problema existe, pero que es menos grave que lo expuesto por las semilleras, provocaron esta semana un previsible fuerte rechazo de las cámaras de productores de semillas. A través de un comunicado, la Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales (Asaprove) y la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) expresaron su “sorpresa” por los datos recabados por el organismo oficial, a los que consideraron “información tendenciosa” surgida de una muestra “totalmente inválida”. Para las empresas, menos del 20 por ciento de las semillas utilizadas en el campo son legales, un nivel muy lejano al 67 por ciento obtenido por el Inase.

En la búsqueda de conseguir respaldo estatal, el presidente de ASA, Raúl Palmieri, sostuvo días atrás que el nivel de evasión en el mercado de semillas alcanza los 300 millones de pesos, mientras que en toda la cadena agrícola llega a los 4500 millones de pesos.