Con la participación de 1500 delegados provenientes de todo el país se realizó esta semana en Buenos Aires el segundo plenario del Foro Nacional de Agricultura Familiar. El objetivo del encuentro fue consensuar el diseño de un “Plan estratégico de desarrollo rural”. Según los organizadores, la implementación del plan resulta urgente para contrarrestar las tendencias principales que se consolidan en la estructura agraria argentina. Algunas de estas tendencias son muy claras y fueron corroboradas por la información censal: la concentración de la propiedad y la producción, la predominancia del monocultivo y algunos de los efectos sociales de estos dos factores. Uno, el auge de las megaempresas agrarias y otro, la progresiva marginación de las explotaciones de escala familiar. El axioma tácito del Foro fue que la conducción del “mercado” por sí sola está muy lejos de arribar a cualquier “óptimo” social.

El Foro fue promovido desde el Estado nacional a través de la Secretaría de Agricultura, lo que significa una diferencia de grado en relación con otros movimientos reivindicativos de la sociedad civil. En este caso existe la posibilidad cierta de que las medidas consensuadas por los pequeños productores se transformen finalmente en políticas de Estado. De hecho, en el acto de cierre de este viernes en Parque Norte se entregó al titular de Agricultura, Miguel Campos –acompañado por su eterno sucesor, el subsecretario Javier De Urquiza–, un documento con propuestas.

Uno de los puntos tratados fue la jerarquización institucional de la representación del campo en general, con la creación de un Ministerio, y de los pequeños productores en particular, con una oficina pública con rango de Secretaría. El objetivo de mínima es la creación, dentro de Agricultura, de una “Subsecretaría de Desarrollo Rural para la Agricultura Familiar”. Pero las posibilidades parecen ir más allá del simple reordenamiento burocrático. En Agricultura sostienen que el programa contaría con unos 800 millones de pesos, partida que sería incluida en el anteproyecto de la ley de Presupuesto 2007.

Entre los reclamos inmediatos se destacaron principalmente los pedidos de rebajas impositivas para los productores más chicos, divididos en cinco categorías escalonadas según su volumen de producción. La idea es que la homogeneidad de la estructura impositiva actual termina beneficiando a los grandes productores y, a la vez, limita el blanqueo de los más pequeños. La marginalidad fiscal a la que muchas veces se ven compelidos los productores familiares no sólo dificulta las transacciones, sino que impide, por ejemplo, el acceso al sistema financiero formal, volviéndolos sólo sujeto de subsidios e imposibilitando planes de financiación especiales. Otro punto fue la capacitación. Los agricultores familiares también se mostraron preocupados por alcanzar las condiciones de sanidad y calidad necesarias para poder obtener buenos precios para sus productos, una cuestión crítica en la totalidad de las economías regionales extrapampeanas.

Por último, aunque no se definieron en profundidad sus lineamientos, los pequeños productores demandaron “una reforma agraria integral” que, a grandes rasgos, permita lograr una mayor igualdad social y un acceso más equitativo a las mejoras tecnológicas y al desarrollo comercial para los productores amenazados con quedar fuera del sistema.