Las diferencias de ingresos entre los pequeños y medianos productores y los más grandes bajo el actual modelo y dentro del ciclo largo de altos precios internacionales son cada vez más insoslayables. Y son tan potentes que consiguieron entrar en la agenda política de los grandes productores, siempre en busca del mal menor y con asesores muy “creativos” a la hora de las propuestas. Un ejemplo paradigmático fue presentado en lo últimos días por Claudio Molina, quien oficia como presidente de la Asociación Argentina de Biocombustibles. En pocas palabras, la propuesta de Molina consiste en dejar el mercado interno para los productores que carecen de escala para competir en el externo y este último para los más grandes.

Aunque reproducida como un hallazgo por sectores interesados y calificada como “heterodoxa”, la propuesta no deja de ser insólita, pues transfiere el 100 por ciento del conflicto por los precios internos a los pequeños productores a cambio de la progresiva baja impositiva para los grandes. También les regala a los más chicos la complejidad del necesario debate por los posibles precios sostén al interior de las cadenas agroindustriales.

Nada queda librado al azar. Si finalmente se decidiera establecer dichos precios en las cadenas más sensibles, los sectores industrializadores-comercializadores solo deberían pagarlo por la producción destinada al mercado interno. Dejando de lado los detalles, se trata de un nuevo “toma todo” a la medida de la vieja costumbre del poder económico más concentrado. A la propuesta se le escapa sin embargo una excelente fotografía de la actual distribución de la renta: el consumo interno de productos agroganaderos podría satisfacerse con lo producido por algo más de 6 millones de hectáreas, apenas alrededor del 20 por ciento de la superficie hoy cultivada.

En un comunicado difundido el pasado jueves por las cuatro entidades del campo, se avanza en la misma cuestión. CRA, SRA, FAA y Coninagro afirman que “es tiempo de buscar soluciones que no generen confrontaciones entre nuestra sociedad. Seguiremos el sendero de las propuestas, con el fin de alcanzar un consenso hacia una política que entregue los alimentos que producimos a valores que estén al alcance del bolsillo de todos los argentinos. Y que al mismo tiempo, permitan aprovechar las excelentes oportunidades que brinda la actual coyuntura mundial”. ¿Se referirán a la propuesta liberalizadora de Molina? ¿O existen otras propuestas?

En un trabajo reciente, el coordinador de Economías Regionales del Plan Fénix, Alejandro Rofman, presentó un programa alternativo flexible para “la desconcentración económica y el apoyo a los actores subordinados” de los circuitos agroindustriales. Una alternativa que, según el especialista, está refrendada por “el accionar estatal en países tan indudablemente capitalistas como Australia, Estados Unidos y Canadá”. Entre los principales puntos del programa se destacan cuatro:

1. Beneficiar a los actores con menor poder negociador dentro de las cadenas productivas con presencia del Estado en la defensa activa de los precios de los pequeños y medianos productores.

2. Reforzar el ingreso de los actores locales a través de políticas activas y de provisión de bienes públicos (infraestructura, educación, etc.)

3. Fortalecer los mecanismos de asociación y cooperativismo de los actores subordinados.

4. Transformación estructural en el plano político-institucional. Indispensable si se supone una intervención amplia y sistemática del Estado.

Rofman propone, en pocas palabras, que el Estado intervenga para equilibrar las asimetrías de poder al interior de los circuitos productivos. Agrega también dos aspectos que, en principio, parecen difusos y externos a la política económica: a) una clara conciencia de la situación por parte de los actores subordinados, punto que se resolvería a través de la reconstrucción del cooperativismo; b) una transformación institucional para lograr que el aparato de Estado resulte menos permeable al poder económico, las prebendas y el clientelismo.

La limitación de esta propuesta reside en que, en el camino al ideal de largo plazo, también se requieren medidas de corto que no se explicitan. Los sectores tradicionales parecen tener al respecto una visión más pragmática, un lujo posible cuando no son necesarios cambios estructurales. Cualquiera sea el caso, las medidas de corto existen y, según los rumores, en el Ministerio de Economía las conocen.

Claudio Scaletta
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