La política económica es, en rigor, fiscal y monetaria. Décadas de auge de monetarismo volvieron complejo, para algunos, interpretar el uso de la política fiscal como instrumento de control de precios. Además, en el caso de cereales y oleaginosas, la Argentina no puede controlar la cantidad de dinero en el mercado mundial. Tampoco la demanda. Para colmo, se trata de productos que no tienen problemas de “cuello de botella” en la oferta local. Ningún cliché es útil.

La discusión sobre el presunto carácter “distorsivo” de las retenciones, por otra parte, es puro eufemismo. No hay política económica que no modifique el funcionamiento del mercado. Sólo la no política es no distorsiva, pero en ese caso la distorsión es provocada por las diferencias de poder de los actores. Sí, es verdad; el de la armonía no es el reino del mercado.

Yendo al principio, desde 2002 la economía local redescubrió el conocimiento de los efectos macroeconómicos y sectoriales del instrumento retenciones. El saber sobre los problemas centrales del agro argentino es aun de más larga data. En un elevado nivel de síntesis –desde la perspectiva del economista, no del empresario (la lógica del funcionamiento del conjunto no es necesariamente la de los actores)–, estos problemas son dos: la llamada sojización y las asimetrías de poder al interior de los circuitos agroindustriales.

La súper-rentabilidad de la soja afecta la estructura agraria, no solamente en términos ecológicos, sino sociales y, por supuesto económicos. Sólo en la presente campaña el área destinada a la oleaginosa se incrementó en medio millón de hectáreas consolidando la tendencia. Esto supone un avance que en parte –porque la producción no es una ecuación de suma cero– se produce en detrimento de otros cultivos y actividades menos rentables. La “distorsión”, ahora sí, que provoca la sojización es multidimensional. El problema no es sólo de precios y recaudación.

Las asimetrías de poder en los circuitos agroindustriales –como se refleja en este suplemento cada vez que se analiza alguno de estos complejos, como el oleaginoso, el cerealero, el lácteo, el ganadero, pero también el yerbatero, cañero, frutícola, citrícola, tabacalero, etc.– están en la raíz de los magros precios que recibe el productor de la materia prima que, como fue dicho muchas veces, llega a comprometer la reproducción simple de su capital, es decir, su reproducción como actor.

Si los problemas son éstos, parecería que las medidas decididas esta semana –aumentar en un 4 por ciento las retenciones a las exportaciones de soja y con lo recaudado crear un fondo para subsidiar los precios de los productos básicos– apuntarían sobre estos frentes: desalentar la sojización y compensar a los productores primarios, a la vez que agregarían otro: el control de los precios de la canasta básica, y con ello de la inflación.

Si esto es así, las preguntas inmediatas son dos. 1. ¿Por qué se demoró la decisión? 2. ¿En qué medida estas políticas conseguirán estos objetivos?

La respuesta a la primera pregunta, que puede parecer ociosa cuando la decisión ya fue tomada, es la más sencilla: se trata de contener los efectos del carácter imparable de la tendencia alcista de los valores de oleaginosas y cereales en el mercado mundial, lo que afecta los precios del conjunto del complejo agroindustrial, en el marco del objetivo amplio de controlar la inflación. El norte de la medida, entonces, no parece ser atacar los problemas estructurales, sino mantener bajo control la canasta básica.

La segunda respuesta es un poco más ardua. Aunque el aumento de las retenciones es importante y llevan el tributo hasta el 27,5 por ciento, no está claro si, dada la evolución de los precios internacionales, será desaliento suficiente para que los empresarios del campo opten por otros cultivos. Lo que ofrece menos dudas es que, por ejemplo, el precio de mercado de la materia prima de la industria aceitera será menor. Se supone que el fondo de subsidios de 500 millones que manejará la Oncca debería cubrir esta diferencia a favor del productor primario. Pero en este último transferir los fondos vía quienes tienen la sartén por el mango, la industria, no parece el mejor camino. Sí lo es, en cambio, como instrumento gubernamental de incentivo o disciplina para controlar precios al consumidor. Por último, cualquier mecanismo de subsidios presupone una administración compleja, por llamarla de alguna manera, pero no cabe duda de que si se quiere beneficiar al productor primario el subsidio debería llegar sin intermediaciones. Y menos aún con la intermediación de quienes han sido hasta ahora los principales beneficiarios de la súper-renta agraria.