Cuando se habla de economía es sumamente probable que los conflictos entre los actores sean más agudos en períodos de escasez que de abundancia. La relación entre el campo y el Gobierno parece pasar, en cambio, por su peor momento. Esta semana, CRA y FAA amenazaron con un nuevo lockout. Y ello sucede cuando cosechas y exportaciones alcanzan niveles record. Es predecible que ningún empresario salte de contento si le restan rentabilidad con nuevos tributos. La lucha del campo por obtener el precio pleno de sus productos es histórica y razón de ser de sus entidades gremiales hasta la década del ‘90, pero es posible también que las manifestaciones de descontento tengan una raíz más compleja. En un reciente libro, Acción colectiva y corporaciones agrarias en la Argentina (Universidad Nacional de Quilmes, 2006), el investigador del Conicet, Mario Lattuada –especialista en estudios sociales agrarios– presenta algunas claves que pueden ser de utilidad para desentrañar la trama de los conflictos actuales.

La obra de Lattuada reseña que las paradojas no son nuevas: durante los ‘90, el campo duplicó su producción y exportaciones, a la vez que aceleró su modernización tecnológica. Al mismo tiempo, su estructura se concentró a partir de un vertiginoso proceso de endeudamiento y expulsión de pequeños y medianos productores. El nuevo escenario planteó a las llamadas “cuatro entidades” un conjunto de problemas. Por un lado, los temas centrales de sus luchas –retenciones a las exportaciones, tipo de cambio, precios sostén– dejaron de ser parte de la agenda de gobierno, y los espacios oficiales reservados al sector, como la Secretaría de Agricultura, perdieron relevancia en el organigrama estatal. Muchos espacios de decisión para las cuestiones agrícolas se trasladaron fuera del ámbito nacional (OMC, FMI), y otros fueron desmantelados (JNG, JNC). A esta pérdida de espacios se sumó la disminución de la importancia del triple rol estratégico que hasta el momento había desempeñado el campo –proveedor de divisas, de recursos fiscales y de bienes salarios– y con ello, el principal sustento de su poder corporativo.

En esta nueva etapa, continúa Lattuada, se esperaba que los interlocutores sectoriales fueran más específicos (por producto o actividad), que las asociaciones reivindicativas desplazaran el contenido político-ideológico de sus funciones gremiales y sus acciones defensivas por una actividad propositiva y de colaboración, con carácter más técnico-profesional y de prestación de servicios a sus asociados.

En el plano de la producción, los cambios también fueron profundos. A diferencia de la etapa anterior, el ingreso y viabilidad de las explotaciones pasaba por la eficiencia microeconómica de los productores en el mercado. De este modo, los productores se vieron impulsados a la búsqueda de formas de organización y asociación que dieran respuestas adecuadas a necesidades concretas e inmediatas, predominantemente aquellas de carácter productivo, tecnológico o comercial, que otorgaran viabilidad a sus explotaciones.

Todo esto exigía una nueva red de representación de intereses más amplia y heterogénea en cuanto a sus actores, y que diera cuenta de sus nuevas y diversas necesidades y demandas; en consecuencia, presionaba a una adaptación de las corporaciones históricas para satisfacerlas ante el riesgo de perder sus clientelas y su rol de interlocutor válido en los ámbitos públicos y privados.

Estructuradas durante medio siglo para dirigir su actividad central sobre el aparato estatal, las corporaciones agrarias manifestaron cierta incapacidad para defender en forma eficiente a sus asociados ante los restantes intereses privados, condición que exigía la nueva etapa. En particular fueron ineficaces para dar una respuesta adecuada a los problemas de rentabilidad, capacidad de reproducción de las pequeñas y medianas explotaciones y deterioro de las condiciones de vida en el mundo rural.

De todas maneras, no puede negarse que lentamente las entidades comenzaron a redefinir sus posiciones de acuerdo con el nuevo escenario y con “temáticas que pasaron a ocupar un lugar destacado en sus agendas: la manipulación oligopsónica de los precios, calidades y condiciones de pago en la comercialización; los costos de fletes y peajes; los altos intereses presentes en los planes de financiación de los insumos; las deficientes condiciones de recepción de los granos por los puertos privados en período de cosecha; y otros mecanismos de apropiación y redistribución del excedente agropecuario por los distintos actores privados”.

Lentamente, asumiendo ineficiencias y retrasos, las entidades intentaban adaptarse, pero llegó 2001 y se produjo un nuevo cambio abrupto en las reglas de juego con una suerte de retorno al escenario pre-convertibilidad en la relación Estado-corporaciones agrarias. Es probable que, en algunos años, las actuales movidas de la dirigencia de CRA y FAA sean leídas como un intento, quizá desesperado, de readaptación a los nuevos tiempos.