Por Susana Díaz

A pesar de las disputas en el frente interno y de los intereses a menudo contradictorios de las entidades que llamaron a la protesta, el lock-out motorizado por los comercializadores y exportadores de cereales, uno de los sectores más beneficiados por el nuevo esquema económico, parece haber conseguido, al menos parcialmente, uno de los objetivos propuestos, esto es, “reducir la presión tributaria”. Así surge de las conciliadoras declaraciones del secretario de Agricultura, Haroldo Lebed, en la inauguración de Expochacra el pasado jueves. “La protesta de los sectores agroindustriales es razonable y atendible y la semana próxima (por la que hoy comienza) convocaremos a la Mesa Nacional Agropecuaria para buscar posibles soluciones”, expresó. Además, el funcionario adelantó por qué lado vendrán las concesiones. Para que el IVA sea “un impuesto de efecto neutro” como reclama la cadena agroindustrial, “el IVA diferencial” para los granos “debería ser del 14,5 por ciento en lugar del 10,5 por ciento” que rige actualmente, explicó.
Aunque la protesta de la semana pasada no apuntó directamente al tributo que más irrita al sector, las retenciones, gabela que por ahora parecen resignados a aceptar, la homologación apenas parcial del IVA compras con el IVA ventas, hoy en el 21 y el 10,5 por ciento respectivamente, seguramente no alcanzará para calmar a uno de los más poderosos lobbies de la economía argentina. Cabe recordar que el IVA ventas fue rebajado por la actual administración como un intento por contener la escalada de los precios de los alimentos. Aunque su impacto en esta materia fue prácticamente nulo, es probable que su dirección en sentido contrario, esto es subirlo al 14,5 por ciento, sí se traslade a los valores pagados por los consumidores.
Además de la cuestión del IVA, la otra reivindicación que justificó la protesta fue la demanda, compartida también por otros sectores beneficiados por la devaluación, de poder aplicar a los balances empresarios el ajuste por inflación y reducir así los pagos del impuesto a las Ganancias. Pero en el Ministerio de Economía no quieren ni escuchar hablar de esta alternativa. Si por retenciones ingresan al fisco 5000 millones de pesos anuales, aplicar el ajuste por inflación significaría dejar de percibir alrededor de 3000 millones de pesos. Por ahora la única contraoferta gubernamental es una posible rebaja, por única vez, de la alícuota de Ganancias del 35 al 30 por ciento.