Por Pablo Mira *

A comienzos de 2002, el gobierno de Eduardo Duhalde anunció que la causa de los males argentinos había sido la convertibilidad y que se imponía un “cambio de modelo”. Puesto que la convertibilidad se había caracterizado por las políticas amigables con los mercados, dicho cambio debía traer una acción más determinante del Estado en la economía. Sin embargo, cuando se repasa lo ocurrido en la política económica desde entonces, se advierten dos cosas. Primero, varias de las reformas de los ‘90 siguen en pie. Segundo, que buena parte de los cambios no fueron consecuencia de la aplicación de políticas específicas sino, simplemente, el resultado de la explosión del modelo anterior.
En cuanto a las reformas estructurales de los ‘90, ni las privatizaciones, ni la apertura comercial, ni la desregulación de ciertos mercados, ni la independencia del Banco Central, ni la estructura financiera basada en los bancos, ni el sistema previsional, ni la negociación con el FMI fueron removidas en su esencia. En varios de estos casos, sin embargo, la razón por la que no se han afrontado grandes reformas es aparentemente que el Gobierno pretende realizar transformaciones ordenadas, y sobre todo, no incurrir en costos hundidos al realizar cambios drásticos en medio de la crisis. Este es un criterio que diferencia mucho al gobierno actual del anterior, y no debe descartarse que en un futuro se lleven adelante algunos cambios necesarios.
Por otra parte, es fácil notar que muchas de las nuevas políticas son simplemente el resultado del estallido del sistema anterior. El tipo de cambio fijo de la convertibilidad ya no podía resistir los embates de los ataques especulativos, y finalmente cedió, en el peor momento político de la historia del país. La sobrerreacción del tipo de cambio fue la esperada, pero a diferencia de otras experiencias, la megadepreciación no provocó un aumento de precios de la misma magnitud. La recesión de casi 4 años en que venía sumida la economía, más diez años de acostumbramiento a la estabilidad, impidieron que los precios siguieran al dólar. La falta de una estructura sindical, también heredada de los ‘90, facilitó la negociación para controlar los salarios. En consecuencia, casi sin querer, el Gobierno se encuentra con un tipo de cambio real alto al tiempo que logra mantener la estabilidad.
Sin embargo, el hecho de que el Poder Ejecutivo no haya querido o podido definir los grandes lineamientos de la política económica no debe alarmar. La política económica en la Argentina es exógena desde hace unas cuantas décadas, en parte porque se trata de un país pequeño y, como consecuencia de esto, abierto al mundo. Dado este contexto, el Gobierno tiene un margen muy pequeño para maniobrar, y lo que diferencia a las políticas económicas son las acciones dentro de este rango.
Este límite tiene dos consecuencias principales. Primero, que los cambios bruscos en el direccionamiento de la política económica en general son costosos, y suelen terminar en fracasos rotundos, dejando una situación peor que la precedente. Segundo, dado que el margen de maniobra es grande hacia el lado del liberalismo, pero limitado para el lado del intervencionismo, las políticas activas suelen ser aquellas que dejan de tender hacia el liberalismo económico, y no tanto las que revierten las políticas ortodoxas.
Cuando se comparan las políticas actuales dentro del marco de acción permitido, es indudable que algunas políticas distan de ser liberales. El plan Jefes y Jefas, el plan Remediar y los aumentos salariales, por ejemplo, son un síntoma inequívoco de que el Gobierno no confía en las soluciones de mercado para afrontar los problemas sociales. Lo mismo ocurre con algunos aspectos de la negociación con los acreedores privados, a quienes se les ha ofrecido una solución realista. En aspectos no económicos, mientras tanto, las diferencias de modelo resultan evidentes. Si hay una diferencia entre la configuración actual de la política económica y la anterior, es que actualmente se procura por todos los medios evitar los riesgos macroeconómicos que la convertibilidad tomaba sin ningún tipo de seguro. Una política de generación de superávits fiscales y externos es, sobre todo, una política que arriesga poco, que acumula reservas para compensar errores pasados y para usarlas en tiempos mejores. Dentro del arte de lo posible, parece una trayectoria sensata.

* Economista. Docente de la UBA.