Por Horacio Zamboni *

La confesión de Pontaquarto obligó a la discusión sobre la nulidad o derogación de la llamada “Ley Banelco” de reforma laboral. Así las cosas, es necesario aclarar que se está frente a una discusión parcial y no general del sistema neoliberal. El retorno al método anterior de calcular las indemnizaciones, en los casos de despido sin justa causa, por la mejor remuneración mensual por año de antigüedad en el trabajo; la reducción del período de prueba; la imposibilidad de derogar normas legales, convencionales o contractuales en perjuicio de los trabajadores por actos posteriores, constituirán casi con seguridad parte del proyecto de ley que enviará el presidente Kirchner al Congreso. También se incluirá, luego de algunas vacilaciones, la negociación colectiva libre para las partes en cuanto a la definición de ámbitos y materias sin preeminencia de jerarquías.
Lo más importante, en realidad, es que se ha abierto el debate sobre el “sistema” que en el futuro regirá las relaciones entre el capital y el trabajo. En otras palabras: si el actual sistema neoliberal será sustituido y si lo es, por el anterior correspondiente al Estado de Bienestar, o si asistiremos al nacimiento de uno nuevo y distinto. Esto es de difícil precisión en la actualidad.
Debe tenerse en cuenta que la Argentina ha comprometido con el FMI en el último y vigente acuerdo una política monetaria de “metas de inflación”. En la primera información del Banco Central sobre el “relevamiento de las expectativas de mercado” se habla de un crecimiento del salario real del 8 por ciento para el 2004. Con ese porcentaje no habrá recuperación del salario mínimo vital y de los mínimos profesionales y tampoco, en consecuencia, del mercado interno. De tal manera cualquier intento de los trabajadores por alcanzar aquellos mínimos será calificado de “inflacionista” y seguramente de irresponsable.
Para evitar esos riesgos inflacionarios nada mejor que asegurar la vigencia de los viejos burócratas sindicales, lo que tiene que ver con los intentos de centralizar la negociación colectiva. Las normas que permitan una negociación colectiva con una mayor participación de las bases, continuando con el incipiente proceso abierto en el 2003, y que aseguren la homologación de los acuerdos, prescindiendo de la oportunidad política o económica, ayudarán a que los reclamos de los trabajadores pongan nuevamente en marcha las ruedas del desarrollo. Será posible así que avance un proceso de mayor impulso al desarrollo de las fuerzas productivas con una mejor distribución de la riqueza nacional.
Tal la importancia del debate abierto con la reforma laboral.
* Abogado laboralista.