Julieta Pesce y Martin Schorr *

En su búsqueda por respaldar el aumento en las retenciones a las exportaciones de petróleo, el presidente Kirchner había señalado: “Tenemos que defendernos con estos instrumentos porque en la década pasada se vendió y remató todo lo que hacía al control de la ecuación energética en la Argentina... Nos quedamos sin las empresas que, bien administradas, hubieran defendido el patrimonio nacional como corresponde. La excusa que tomaron para venderlas fue que daban pérdida, según decían, pero hubieran echado a los gerentes ladrones y defendido el patrimonio nacional: es lo que tenían que hacer”.
La fijación de mayores derechos a la exportación al oligopolio petrolero, uno de los sectores más favorecidos con el “modelo de dólar alto” vigente (lo mismo que con el “modelo de los noventa”), es una medida alentadora en términos de equidad y proporcionalidad distributivas y de uso racional de recursos no renovables. Sin embargo, en el marco de un Estado desguazado, como lo sugieren las declaraciones presidenciales, existe una amplia gama de medidas que podrían encararse (o, cuanto menos, empezar a discutirse) para dejar de “correr desde atrás” la complicada situación existente en materia petrolera en particular y energética en general.
Pocas dudas quedan de la necesidad de formular un marco regulatorio integral para el mercado de hidrocarburos, combustibles líquidos y electricidad que, en su condición de insumos básicos de uso difundido, afectan al conjunto de la economía. Ello porque los precios finales de la casi totalidad de los bienes y de buena parte de los servicios se han visto sujetos a los resultantes del recurrente ejercicio de prácticas desleales o abusivas derivadas de la posición dominante que ejerce un número reducido de grandes grupos empresarios que, en muchos casos, también participa en los mercados gasífero y eléctrico, así como en una amplia gama de actividades productivas de energía-intensivas.
Ante este escenario, no sólo debería impulsarse la creación de un marco regulatorio y de un ente de control para el conjunto del mercado ampliado de la energía, sino también avanzar en la derogación de los decretos desreguladores de la actividad petrolera fijados durante el gobierno de Menem y ampliar los alcances de la Ley de Hidrocarburos vigente. Entre otros aspectos, sería imprescindible considerar y jerarquizar ciertos aspectos que reviertan el legado de los noventa; así como:
n Regular la actividad energética en todos sus segmentos y, por esa vía, recuperar para el Estado la capacidad de definir la política petrolera con sentido nacional.
n Establecer restricciones a las exportaciones de petróleo crudo, sus derivados y el gas natural relacionadas con la evolución de las reservas comprobadas y de las inversiones (sobre todo, en exploración); asegurar el abastecimiento interno antes que la exportación y garantizar el mismo con la producción local por un lapso razonable de tiempo y eficiente desde una perspectiva intergeneracional.
n Eliminar el beneficio del que disponen los integrantes del oligopolio petrolero de mantener en el exterior hasta un 70 por ciento de las divisas generadas por la exportación.
n Regular el segmento productor (este mercado hidrocarburífero, en el que las ocho empresas más grandes controlan casi el 90 por ciento de la producción total, es estratégico por cuanto provee de insumos básicos y fija los precios que rigen en el transporte y la distribución de gas y electricidad y en un vasto número de sectores productivos).
n Garantizar que los impuestos internos a los combustibles se determinen como un porcentaje del precio final de venta y no como un valor monetario fijo del precio final.
n Promover el uso racional de los hidrocarburos y su sustitución por recursos energéticos de tipo renovable (generación hidroeléctrica en lugar de la termoeléctrica, energía eólica, etc.); y evitar y sancionar daños ambientales asociados a la exploración y explotación hidrocarburífera.
n Fijar los precios del petróleo y sus derivados y del gas natural en función de los costos internos y no de los precios internacionales (como es habitual en la mayoría de los países con petróleo).
A partir de la reciente disparada del precio internacional del petróleo, miembros clave del gabinete han reconocido la necesidad de adecuar los precios internos a sus costos de producción como un mecanismo para disminuir en parte la elevadísima renta internalizada por el oligopolio petrolero desde el abandono de la convertibilidad: “Está claro que Argentina tiene en producción petrolera interna costos que no tienen nada que ver con el precio internacional del petróleo” (Alberto Fernández) y “Estos precios no tienen nada que ver con los costos de producción locales” (Roberto Lavagna).
Si bien es cierto que la nueva estructura de retenciones logra acortar la enorme brecha entre los devaluados costos domésticos y el precio internacional, no puede soslayarse que los miembros del oligopolio petrolero seguirán internalizando una renta extraordinaria. Según especialistas en el tema, el costo de producción local es según cuencas de entre 4 y 10 dólares, mientras que de acuerdo al esquema de retenciones fijado, si el precio internacional del barril fuera de 32 dólares, el valor neto de exportación equivaldría a 24 dólares; si la cotización fuera de 40, el valor neto sería de 25,2; y si alcanzara los 50, las empresas obtendrían 27,5 dólares por cada barril exportado.
n Avanzar en la creación de una empresa petrolera estatal que actúe como reguladora de la actividad y promueva su integración con las otras empresas estatales de América latina. Si bien el anuncio de la creación de Enarsa ha sido una medida alentadora, dadas las indefiniciones oficiales, surgen al menos tres grandes interrogantes: a) ¿con qué recursos se va a financiar?; b) ¿existe el riesgo de que el Estado se convierta en el “socio bobo” del capital concentrado realizando las tareas de mayor incertidumbre y menor rentabilidad como, por ejemplo, la exploración off shore? Ello se sustenta adicionalmente en la experiencia histórica de falta de voluntad política en materia regulatoria que derivó en escasísimos niveles de inversión privada en exploración y en sobreexplotación de los pozos descubiertos, en lo sustantivo, por la YPF estatal, y c) ¿estará en condiciones de competir con el oligopolio petrolero? En tal sentido, las recientes declaraciones del ministro Julio De Vido generan ciertas dudas: “Enarsa no será YPF. Con una oficina y a lo sumo 25 personas, incluyendo directores, nos arreglaremos”.
En suma, el nuevo cuadro de retenciones es auspicioso. Sin embargo, como en tantas otras áreas, sigue sin discutirse cuáles son los elementos mínimos que tendría que incluir un plan energético integral, que le otorgue al sector la importancia estratégica que posee y que, entre otros puntos, reconstruya un marco regulatorio integrado acorde a la propia idiosincrasia y las características del mercado ampliado de la energía; al tiempo que proteja a los consumidores locales e inscriba las políticas a desarrollarse en un esquema de mejor distribución del ingreso y en una eficiente asignación social de los recursos.

* Investigadores del Conicet.