Siempre se achaca a los economistas de la city la persistencia en pronósticos fallidos. Como cualquier iniciado intuye, no se trata de la particular capacidad de estos economistas para generar proyecciones equivocadas, sino de algo más primitivo: la simple y pura ideología. El pensamiento económico, como destacaba el economista ruso Isaac Ilich Rubin, suele funcionar como una de las formas más importantes de la ideología. Debajo de la pátina presuntamente técnica de los economistas profesionales se encuentra la vulgar defensa de intereses concretos. No es que se proyecte mal, sino que se proyectan escenarios de catástrofe inminente con el objetivo de inducir cambios de política: dólar a 10 pesos, inflación desatada, crecimiento cero, etc.

Dejando esta digresión inicial, efectivamente, como toda teoría, la economía permite proyecciones, pero en tanto ciencia social, su objeto de análisis está plagado de variables aleatorias. Por ejemplo: ¿Qué economista, de la corriente que fuere, era capaz en 2001 de proyectar las tasas de crecimiento del PIB que se registraron en la posconvertibilidad? O más concreto: ¿quién era capaz de predecir, después del megacanje de Cavallo-De la Rúa, que apenas una década después la deuda pública ya no sería una carga central de las cuentas públicas?

El Informe de Inflación del Banco Central para el primer trimestre de 2011, difundido el pasado jueves (informe que en realidad no es lo que su nombre indica), compendia los cambios experimentados en la naturaleza del endeudamiento: “... a septiembre de 2010 –explica–, la Deuda Pública Nacional, excluyendo la no presentada a los canjes de 2005 y 2010, totalizó 160.890 millones de dólares, lo que representa un 47 por ciento del PIB”. Pero además, sólo el 38 por ciento de esta deuda, el 18 por ciento del PIB, corresponde a obligaciones con el sector privado. El resto “se asocia principalmente con deuda intra sector público y con organismos internacionales, que presentan un menor riesgo de refinanciación”. Más importante aun, destaca el BCRA, “el endeudamiento público denominado en moneda extranjera en manos de tenedores privados asciende a aproximadamente el 12 por ciento del PIB”. En síntesis: la deuda se redujo a una proporción del PIB por debajo de los estándares internacionales, una parte muy importante es puertas adentro del Estado y sólo una porción menor está nominada en moneda dura. Aunque no desapareció, la deuda ya no es un problema acuciante para las cuentas públicas. Otra vez, una nueva realidad casi inimaginable hace apenas una década. Contra las predicciones agoreras de toda la ortodoxia, el cambio de lógica en el tratamiento de los pasivos públicos, muestra resultados indiscutiblemente exitosos.

Pero como sucede en otras áreas de la economía, también se observan algunas persistencias del pasado. El endeudamiento público fue un problema no sólo por los montos de los pagos, sino especialmente por la necesidad de refinanciar periódicamente una porción de los pasivos, situación que obligaba a aceptar los condicionamientos de los acreedores vía los organismos financieros internacionales. Con el pago adelantado al FMI, la administración de Néstor Kirchner optó por desembarazarse de estas condicionalidades.

En el presente, dada la nueva situación de la deuda y los dólares que ingresan del intercambio comercial, Argentina no necesita recurrir a nuevo endeudamiento, no necesita de los mercados “voluntarios” de crédito. Ello no evitó que en algunas líneas de la actual administración se haya impuesto la opción de volver a ser “amigables” con los mercados financieros internacionales. Los primeros resultados fueron la reapertura del canje cerrado “con candado” por ley del Congreso y, hoy, la renegociación de la deuda con el Club de París. Seguramente, la reapertura del canje era menos necesaria que pagarle al Club, simplemente porque la deuda que ingresó al canje de 2010 eran pasivos que ya se habían regularizado en 2005. En cambio, antes o después, al Club habrá que pagarle.

Esta semana se difundió que los pasivos con el Club no son sólo los 6729,6 millones de dólares subidos a comienzos de enero a la página de la Secretaría de Finanzas, con datos al 30 de septiembre pasado, sino que, ajustados por los intereses caídos y resarcitorios desde 2001, suman 8950 millones de dólares.

Con soltura, antes de partir a París, los negociadores del Ministerio de Economía confesaron a la prensa que recibieron muchos reclamos sin la documentación respaldatoria, los que dijeron no pagarían. Pero luego de dar por buena la cifra adeudada de casi 9000 millones, señalaron que no interesaba el monto final, sino los plazos. La afirmación sería comprensible si el país atravesase problemas de caja o tuviese urgencias de financiamiento, pero cuando existen recursos ociosos para hacer frente a un monto ajustado, negociado con firmeza, y cuando no se necesitan recursos externos, resulta sorprendente. Y más aun cuando los dichos de los negociadores son públicos y antes de partir a negociar. En Economía, donde abundan los papers sobre el contexto internacional y la fortaleza local de las cuentas públicas y las reservas, nadie considera la posibilidad de avanzar en una renegociación más agresiva.

Pero hay más. En la información a la que se puede acceder de manera pública se encuentra la existencia de 1512 contratos de deuda con el paraguas del Club con entidades financieras de Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, España, Finlandia, Francia, Holanda, Israel, Italia, Japón, Reino Unido, Suecia y Suiza (Rondas IV y V) que suman 3157 millones de dólares. Más difícil de abrir resultan los restantes “Otros préstamos elegibles” y “Otros acreedores”, que agregan 3117,7 y 454 millones de dólares, respectivamente, y de los que no hay detalle

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