Las elecciones no son mañana, pero el escenario económico aparece subsumido por el horizonte electoral. Algunos detalles están por fuera de lo previsto. El dato principal es que la inflación no es el estandarte principal de las proclamas opositoras. Nadie la olvidó, está allí, pero los principales actores de la puja distributiva desensillaron hasta que aclare, al menos por ahora. El segundo dato es que el modelo ya no está en jaque como durante la génesis de la entente agromediática. Tres años después de la 125 nada es como se predecía. La oposición se desdibujó en sus largas disputas por lugares electivos dejando una estela de vacío propositivo. El primer plano fue cedido a las reales o posibles desprolijidades de caja. Nada épico. El modelo no enfrenta hoy el desafío real de un sustituto, sino las limitaciones de su propia evolución.

Los tiempos, entonces, parecen más propicios para pensar en el remoto día después de los comicios, ya que en la víspera nadie espera golpes de timón. El objetivo de base es consolidar los logros de la post convertibilidad en materia de redistribución del ingreso y equidad. Hasta 2007, ello vino por el lado de la recuperación del empleo. Desde entonces, la puja distributiva se manifestó en una aceleración de la evolución de los precios que, en el camino, afectó al tipo de cambio. Factores externos, como el aumento de los precios internacionales de los alimentos, sólo explican una parte, quizá “la porción de nivel medio latinoamericano”, el resto de los aumentos de precios responde a la puja local. La continuación de esta lógica por la misma vía supone la exacerbación de la conflictividad social y, lo que es más grave, el deterioro de los fundamentos del modelo, con los trabajadores informales perjudicados en primera instancia.

Entre las salidas posibles a esta lógica se destaca la posibilidad de avanzar en políticas de ingresos, un universo indisolublemente unido a las políticas fiscales. Las mejoras en la distribución del ingreso no se consiguen sólo por la vía salarial, sino también por la extra salarial. Una de las limitaciones de la post convertibilidad fue no haber avanzado suficientemente en la recuperación de la provisión de bienes públicos. En particular en la porción que resultó más afectada durante los ’90, como la salud, reducida a mercancía en el marco del avance de la medicina prepaga, y la educación, donde proliferaron los emprendimientos comerciales. A ello se agrega la previsión social y la protección laboral. Se trata de bienes, todos, en los que el Estado había avanzado en su provisión durante décadas logrando lentamente bases para una sociedad más equitativa y con movilidad social ascendente.

Pensar en ingresos extra salariales por la vía de la mejora en la provisión de bienes públicos es un camino indisolublemente unido a una reforma fiscal. En esta línea, un reciente trabajo del economista e investigador del Cefid-Ar Jorge Gaggero, destaca los lineamientos para “una reforma fiscal necesaria”. El especialista agrega a la dimensión redistributiva vía provisión de bienes públicos aquí considerada, dos dimensiones más: la macroeconómica y la competitiva.

El aspecto macroeconómico es de consistencia. Se trata de pensar en políticas de mediano plazo que se adelanten a la reversión de los ciclos económicos. Gaggero destaca como prioritario conservar los logros de la post convertibilidad, como la mejora en los ingresos públicos y la continuidad de los excedentes fiscales; que son los que permiten pagar deuda, afrontar el gasto social y mayores inversiones en infraestructura.

La dimensión competitiva significa que la política fiscal progresiva no debe afectar la competitividad de las empresas, sino fortalecerla, por ejemplo combatiendo la evasión y la elusión, que mediante un sistema de “selección perversa” afectan la competitividad de los que pagan, reduciendo las alícuotas de IVA a los consumos básicos y aumentándolas en los suntuarios, eliminando las exenciones que benefician a las actividades financieras y especulativas y aumentando la presión tributaria en cabeza de las personas físicas con alta capacidad contributiva. Esto último, destaca el especialista, permitiría terminar con la asimetría que hoy afecta a muchas empresas y actividades productivas. Obviamente, por el lado del gasto público también se necesita una asignación más eficiente y racional de los subsidios y una “más alta y mejor direccionada inversión pública y una ambiciosa y equilibrada coordinación regional”.

Aunque demandan una clara formulación, que Gaggero realiza, los lineamientos de una reforma fiscal posible son relativamente compartidos por muchos economistas. El problema es llevarlos a la práctica. En este punto se describen dos requisitos indispensables y relacionados: la relegitimación de la imposición mediante la eficientización del gasto y, en el camino, la reconstrucción de la “ciudadanía fiscal”. Para conseguir ambos objetivos, el Estado deberá tener voluntad y capacidad de “imponer”, lo que entraña superar las resistencias de los “agentes retardatarios”, como por ejemplo:

- El levantamiento de los propietarios rurales en 2008.

- El metódico accionar del sector financiero y la dirigencia de las grandes empresas contra cualquier forma de progresividad.

- Y, paradójicamente: los embates de la dirigencia sindical, tanto de la CGT como de la CTA, contra el Impuesto a las Ganancias para los trabajadores en relación de dependencia

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