La separación de fondo entre las corrientes heterodoxas y ortodoxas en el pensamiento económico pasa por la confianza, o no, en el rol del Estado interviniendo con distinto énfasis en la economía; en “los mercados”. La discusión sobre la naturaleza y formas de esta intervención viene después de esta delimitación principal, quizá reduccionista para los más teóricos. A partir de 2003, la actual administración tomó algunas decisiones trascendentes, entre las que se destacan media docena, que definieron una nueva relación entre Estado y mercados y, con ello, cambió de raíz el curso de los acontecimientos.

Algunos de los actores de estas decisiones argumentan hoy que les hubiese gustado tomarlas en el primer día de gobierno, pero el poder político de aquel día no alcanzaba. A diferencia de lo que suelen creer quienes se mantienen alejados de la construcción política práctica, la de la gestión cotidiana, estas grandes decisiones sólo pueden tomarse desde posiciones de acumulación de poder. El contraejemplo más conocido es el de la resolución 125; paradigma de los límites de la voluntad política frente a los poderes fácticos. Finalmente, el gran ruido político del presente está dado, precisamente, por la separación relativa entre poder político y poder económico. A diferencia de otros períodos históricos, el poder no es hoy uno solo.

Se advierte que el argumento de los tiempos políticos para la toma de decisiones puede funcionar también como excusa para los gobernantes timoratos, como muchos gobernadores de provincia. Sin embargo, los actos de todos los días hacen evidente quién es quién. Los políticos conservadores siempre deciden en favor de los intereses de los poderosos. Los gobiernos progresistas, en cambio, no son neutrales.

Desde fuera de la política, entonces, puede considerarse que algunas de las grandes decisiones de la actual administración deberían haberse tomado antes, pero basta con recordar el accionar del fallido Grupo A en el Poder Legislativo para saber que si la oposición, de izquierda y derecha, hubiese podido, habría volteado sin dudar algunas de las grandes decisiones de la actual administración. Entre ellas, dos cuya relevancia se reveló clave en estos días de emergencias meteorológico-sociales: el fin del régimen de AFJP y la recuperación de YPF.

Al igual que sucede en el presente frente a nuevas acciones trascendentales, como los cambios que se proponen en el Poder Judicial, cuando se recuperó el sistema previsional y se avanzó hacia una mayor soberanía energética, arreciaron los discursos catastrofistas. Se afirmaba que el Gobierno tomaba decisiones por su desesperación frente a un supuesto fin de ciclo y se repetían hasta el hartazgo expresiones como “inconstitucional”, “república”, “seguridad jurídica” y “confianza de los inversores”. Más en detalle se hablaba de la apropiación de “la plata de los jubilados” y de “expropiación” de los capitales extranjeros. Todavía hoy no faltan quienes hablan de YPF como “la empresa expropiada”.

Imposible, en tiempos de emergencias, no imaginarse un escenario contrafáctico. Mucho se dijo sobre las carencias en materia de infraestructura y planificación que amplificaron los efectos de las inundaciones de los primeros días de abril, en buena parte con razón, pero nadie abundó en qué habría sucedido si el Estado no hubiese contado con algunos instrumentos básicos que hoy tiene y antes no tenía.

La solidaridad de parte de la población y el trabajo de la militancia fueron un paliativo importante. En el caso de la militancia, un nuevo signo de época. Pero haber recuperado en su momento el sistema de seguridad social fue lo que permitió, y permitirá en los próximos meses, llegar a más de 150.000 afectados con recursos contantes y sonantes por unos 2400 millones de pesos, entre aportes directos y créditos.

En segundo lugar está la cuestión energética, algo que pasó inadvertido. Las noticias de estos días fueron el congelamiento de precios de las naftas y el inmediato aumento de YPF para intentar cerrar la brecha con la competencia y, de paso, intentar aumentar menos las importaciones propias. La cuestión de fondo no se limita aquí a uno de los frentes del plan antiinflacionario que, sin anuncio integral, el Gobierno lleva adelante. El temporal también destruyó parcialmente la refinería de YPF de La Plata. A los pocos días la empresa anunció una inversión de 800 millones de dólares para un nuevo horno de coke, lo que permitirá salir más rápido de la situación actual. Se agrega que durante toda la catástrofe no hubo desabastecimiento de combustibles. ¿Qué habría pasado con los precios, el abastecimiento y las inversiones de reposición si, en igual situación, YPF siguiese controlada por la española Repsol?

Es cierto, todo habría marchado mucho mejor si el régimen de AFJP y el modelo energético de los ‘90 hubiesen terminado en el mismo 2003. Seguramente, no se habría perdido el autoabastecimiento de combustibles, realidad que hoy afecta negativamente la cuenta corriente. Sin embargo, fue necesario construir la primera minoría de 2007 para recuperar las AFJP, y el 54 por ciento de 2011 para empezar a cambiar el modelo energético. Con la voluntad política no alcanzaba, fue necesario avanzar en un cambio cultural en el sentido común de las mayorías. La prédica no fue en el desierto. Hoy estas mayorías, especialmente las nuevas generaciones, saben que para que exista desarrollo económico con inclusión es necesario más capacidad de acción del Estado y no menos. Lo saben porque lo vivieron, pero también porque a pesar de las catástrofes pronosticadas, tienen más plata en el bolsillo. Mientras tanto, las minorías privilegiadas lucen desesperadas. Ahora se manifiestan en aquellos espacios en los que nunca estuvieron, como la calle. Bienvenidos, pero deberán recorrer todavía un largo camino, empezando por tener una propuesta superadora para legitimarse en el único espacio de verdad de la democracia: las urnas

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