La situación post enero es compleja. No pasa sólo por la discusión de tales o cuales medidas económicas. El problema tampoco reside en las grandes conspiraciones, que siempre las hay; como las brujas. El panorama completo muestra una imagen diferente y más preocupante: un cuestionamiento global a la legitimidad del pensamiento económico alternativo. En el centro de la escena vuelve a estar la legitimidad de la heterodoxia económica, es decir, la posibilidad de seguir un camino diferente al sentido común del mainstream neoliberal.
Entre los ideólogos del poder económico, además, comienza a aparecer cierto regodeo mordaz, una especie de “teníamos razón”. Menos claro, en cambio, es en qué y dónde residiría tal razón. La reacción se produce en bloque y es muy homogénea. Un recorrido por los principales diarios de Latinoamérica y de algunos países centrales, por ejemplo, muestra cómo el poder económico actúa cohesionado. En todos estos países la prensa hegemónica reproduce el mismo diagnóstico sobre la situación argentina y luego potencian su efecto por la vía de la “bicicleta informativa”. La secuencia es la siguiente:
1) la prensa neoliberal local publica un diagnóstico ortodoxo como descripción del presunto caos de las variables. 2) Ese diagnóstico es inmediatamente reproducido por el grupo conocido de los diarios del interior y del exterior que comparten similar comunidad de intereses o visión del mundo. 3) El momento culminante llega cuando el medio de la publicación original repite lo ya publicado originalmente, pero presentado como “la mirada del resto del mundo”. 4) La bicicleta vuelve a rodar.
El diagnóstico repetido es además una receta estándar, ya que toda crítica lleva en sí una propuesta alternativa, aunque no sea explícita. El enfoque es que Argentina, o más concretamente su modelo económico, estaría atravesando una suerte de crisis final por su insistencia pertinaz en las fórmulas populistas, a lo que se sumaría su desafío casi solitario a la lógica financiera global. En consecuencia, la dinámica de aceleración de precios reimpulsada por la devaluación no sería un proceso de inflación cambiaria o producto del recrudecimiento de la puja distributiva rezago de altas tasas de crecimiento, sino una consecuencia del aumento de la cantidad de dinero o de la expansión indiscriminada del gasto. Nada nuevo bajo el sol. A ello suman un elemento clave que en la última década estableció un piso para los salarios, un supuesto descontrol de los subsidios, aunque no de los que favorecen a los sectores más acomodados, sino de aquellos que se canalizan en los genéricamente denominados “planes”. Y un dato infaltable: si aparecen problemas de precios en circuitos productivos específicos, como carnes, frutas o yerba mate, ello no respondería a los problemas de oligopsonio (pocos compradores para una multitud de oferentes) y apropiación de renta, sino a las retenciones a las exportaciones.
Lo que se observa entonces no es una reformulación del diagnóstico dado el cambio de escenario financiero y cambiario, sino una repetición de las propuestas tradicionales de ajuste. El problema, como en toda crisis, es que el descontento social generado no discrimina en estos detalles y resulta terreno fértil para la reaparición de las propuestas conservadoras. Y, junto con ellas, de la elección equivocada del culpable de la situación.
La actual administración cometió no pocos errores que es necesario asumir para no repetirlos. Luego, en términos comparativos con los países de la región, resulta discutible pensar que el presente es resultado de la falta de resolución en tiempo y forma de los problemas propios de la estructura productiva desequilibrada. Los vecinos no están inmersos en procesos agresivos de sustitución de importaciones y la situación de sus variables macroeconómicas, por ejemplo la relación PIB/cantidad de dinero o PIB/gasto público, no son muy diferentes a las locales. Si bien es cierto que en materias como la energética, la sustitución de importaciones o la integración de las cadenas de valor, la actual administración tiene asignaturas pendientes, la situación actual no es una crisis estructural. En todo caso es una crisis financiera provocada por problemas en la administración de la restricción de divisas. Probablemente todo haya empezado con la pérdida de credibilidad en los números públicos, pero luego pesó la falta de autocrítica inherente a un estilo de ejercicio del poder. También la creencia de que podían tomarse decisiones que desdeñaran la lógica de los actores en un sistema capitalista. Las restricciones cambiarias, por ejemplo, profundizaron las expectativas de devaluación sin que se refuercen las opciones de mantener los excedentes en moneda local. Todo esto ya es conocido y quienes están hoy al frente del Ministerio de Economía lo saben. Por eso, una vez que la devaluación fue un hecho, las alternativas abiertas no son muchas y se parecen bastante a las elegidas por el Gobierno: 1) evitar por todos los medios posibles que la devaluación se traslade íntegramente a precios; 2) evitar que un inevitable porcentaje del traslado a precios deteriore en exceso los salarios profundizando el descontento social y la puja distributiva; y 3) encontrar una respuesta política para neutralizar los errores cometidos en el pasado. Como puede entreverse, se trata de desafíos mayúsculos frente a enemigos muy poderosos y que, adicionalmente, ocurren en el marco del desgaste natural de más de una década de gestión.
Frente a este panorama, el escenario que acecha es de retroceso de las conquistas sociales conseguidas en la última década. Es necesario explicitarlo, porque una vez más no son pocos quienes sueñan con tirar al bebé junto con el agua sucia de la bañera. La historia de al menos los últimos 80 años muestra en cambio una realidad diferente: los procesos de desarrollo económico y expansión de derechos sociales para las mayorías se produjeron siempre en el marco de políticas heterodoxas, nunca de la mano del presunto sentido común del mainstream y el beneplácito del poder financiero global. Una vez más, es necesario cuidar al bebé
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