Adquirir el control de una empresa petrolera como YPF en alrededor de 5 mil millones de dólares pagaderos a largo plazo con emisión de deuda es sumamente ventajoso para cualquier analista imparcial. Alcanza con buscar antecedentes de operaciones similares. Sin ir muy lejos, la misma compra de la mucho más pequeña Apache por 800 millones. Y no sólo es ventajoso por el monto que se pagará sino por su componente tácito: la recuperación de un recurso que nunca debió dejar de ser estratégico. El déficit energético externo es algo que nunca debió suceder. Y por supuesto, menos aún debió suceder la ruinosa privatización de YPF. Pero es perfectamente inútil llorar sobre la leche derramada. El futuro tiene componentes muy concretos.

La desregulación de los ’90, como lo muestra la constante caída de la extracción de gas y petróleo durante buena parte de los 2000 y hasta el presente, se tradujo en agotamiento de los pozos sin inversión de reposición. Hoy resulta casi un chiste pensar que durante esos años el país se convirtió en exportador neto de hidrocarburos. También recordar que el litro de nafta era más caro en la Argentina que en España. O que los recursos extraídos del subsuelo local financiaran la expansión internacional de Repsol. Luego, el modelo mixto ensayado bajo el kirchnerismo sirvió para transferir vía precios bajos parte de la renta petrolera a los consumidores, entre ellos el campo y la industria. Con ello se benefició la competitividad de la economía, pero no permitió regresar a un indispensable proceso inversor. Si lo que hubo en la última década fueron buenas intenciones, no alcanzó. La política energética se encuentra en el debe de la actual administración.

El desastre del presente sería mayúsculo si no fuese por la mano de Dios. El aumento de los precios internacionales y los avances tecnológicos posibilitaron en Estados Unidos la revolución de los recursos no convencionales. A partir de entonces, grandes porciones del subsuelo planetario cobraron nuevo valor. Para la Argentina fue un salvavidas en el momento casi justo. Aunque un poco antes hubiese sido mejor. Ya desde tiempos de la YPF estatal se conocían las grandes existencias de recursos atrapados en la roca madre. Ahora se sabe que el país cuenta con una de las principales reservas mundiales de hidrocarburos de arcillas y arenas compactas; las segundas en gas y las terceras en petróleo. Pero extraer estos recursos no convencionales es caro. No se trata sólo de tenerlos. Hacen falta tecnología e inversiones, es decir, alianzas estratégicas con el capital extranjero. En consecuencia, es necesario asumir algunas cuestiones poco agradables a la media del pensamiento progresista, como la seguridad jurídica o la confianza de los inversores. Hasta que comenzó a operar la restricción externa, la escasez de dólares, el crecimiento pudo financiarse con recursos propios. Los errores financieros de los últimos dos años aceleraron la dinámica. Hoy el camino es, mal que pese, una actitud más “pro mercado” en el plano internacional. No se trata de volver al slogan noventista de “seducir al capital”, pero sí de aceptar algunos condicionantes. A ningún heterodoxo le gusta tener que negociar bajo las reglas del capital financiero, arreglar parcialmente en el Ciadi o negociar con el Club de París. Y mucho menos indemnizar a una empresa como Repsol. Pero la necesidad de capitales es hoy indispensable para regresar al crecimiento, cualquiera sea el signo del próximo gobierno.

De esto se trata el acuerdo con Repsol. La Argentina podría haber jugado al límite la carta del daño ambiental. También patear para el futuro remoto, más allá de 2015, cualquier posibilidad de pago a la firma española. No por nada la petrolera ibérica aceptó de buen grado la oferta argentina. Entre sus directivos primó sabiamente el concepto de pájaro en mano.

Luego está la dimensión ideológico-afectiva. El primer error, si lo que se busca es comprender, es demonizar a Repsol. El objetivo de las empresas es ganar dinero, no hacer el bien en mercados extranjeros. Si la estrategia de la firma española fue nociva para la Argentina, la culpa fue exclusivamente de los marcos regulatorios locales. De nada sirven expresiones arcaicas como “el saqueo” de los recursos o “la avaricia” del capital. Por derecha, una vez más, la actual administración se beneficia de la impresentabilidad de muchos de sus adversarios. Dan vergüenza ajena los opositores que suman los intereses a pagar para llegar a un monto final más abultado como forma de criticar el acuerdo a cualquier costo. No hace falta ser especialista para comprender el concepto del valor presente de cualquier activo financiero. Es notable, pero son casi los mismos que festejaron la privatización de YPF, los mismos que nunca desmenuzaron mecanismos como “la capitalización de deuda” y los que nunca les sumaron los intereses a los bonos de operaciones realmente ruinosas como el megacanje.

Finalmente están los problemas estructurales. Luego de la muerte de Néstor Kirchner, desde el pasado noviembre volvió a existir un ministro de Economía. Las tareas de reparación son inmensas. La más urgente fue comenzar a desarmar las restricciones cambiarias. Su costo fue la devaluación. Lo que sigue es evitar al máximo el drenaje de divisas. La “industria” electrónica de Tierra del Fuego y las terminales automotrices deberían estar en la mira. Parece lógico apuntar ahora a lo que puede ordenarse en el corto plazo cuando, apretando los dientes, comenzó a resolverse el largo; la cuestión energética, algo cuyos beneficios serán para el futuro de la economía, no para este gobierno, que ya no tiene reelección

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