Sucedió hace apenas poco más de una semana, pero en la vorágine la noticia pasó casi inadvertida: la Organización Mundial de Comercio (OMC) falló en contra de la Argentina. Tratándose de un dato negativo sorprende que no haya sido explotado con más intensidad por los medios hegemónicos. Una respuesta posible es que ya había bastante en agenda y ya habrá tiempo en el futuro. Para que el fallo quede firme deberán transcurrir algunas rondas de apelaciones. Sin embargo, el lector debe estar preparado. En cualquier momento aparecerá algún economista del establishment notificándolo de las calamidades que ocurrirán si el país “rechaza las reglas” internacionales y persiste en políticas comerciales autónomas.

Más allá del fallo y la posibilidad de que los beneficiarios, Estados Unidos, la UE y Japón, puedan ejercer en el futuro, a modo de retaliación, restricciones sobre las exportaciones locales, los sucesos sirven para poner en evidencia los mecanismos de sujeción imperial. Dicho de otra manera, para rever cómo el capitalismo creó instrumentos y reglas para que cada cual mantenga su lugar en el orden mundial: tanto para evitar que surjan nuevos competidores en los mercados de manufacturas como para limitar las restricciones a las ventas de los países desarrollados.

En la última década la economía local aumentó sus niveles de bienestar e inclusión. La asignatura pendiente, reconocida con matices por propios y extraños, fue que no existió un cambio acorde de la estructura productiva. Por esta razón, y tal como lo preveían los macroeconomistas locales desde las décadas del ’60 y ’70, luego de un período de fuerte crecimiento volvió a irrumpir la restricción externa. El problema es conocido y no se abundará en él nuevamente. La discusión del presente, en este caso más entre propios que con extraños, es que las políticas comerciales, que generan transferencias hacia los sectores productores de manufacturas, no fueron acompañadas con más intensidad por políticas productivas. El resultado fue una transformación incompleta de la estructura productiva sin que cambie mayormente el patrón de inserción internacional del país, es decir, lo que compra y vende al exterior. Dicho de mala manera, y simplificando, una descripción gráfica sería el régimen de Tierra del Fuego versus un polo de industria electrónica. A esto se sumó un dato complementario, pero vital: las nuevas necesidades de importación de energía a partir de 2012. Como se preveía el resultado fue lo que hoy sucede: freno al crecimiento por restricción externa. En este marco, el fallo pro buitre del Poder Judicial estadounidense colaboró a posteriori abortando la estrategia financiera diseñada para superar la restricción.

Al margen de las discusiones ideológicas hacia afuera, y de lo que se hizo mejor o peor, hacia dentro, sostener el crecimiento supone superar la escasez de divisas, para lo que se necesita transformar la estructura productiva, lo que a su vez demanda políticas comerciales y productivas, cuya sumatoria es una política industrial integral. Aquí es donde aparece la OMC. Las necesidades enumeradas chocarían con las reglas del organismo, que impide políticas comerciales simples, a las que engloba bajo el nombre de proteccionismo. En el caso del fallo reciente las acusadas fueron las Licencias No Automáticas (LNA) y las Declaraciones Juradas Anticipadas (DJAI); medidas aduaneras que la OMC consideró restrictivas a las importaciones.

El factor irritante es que a lo largo de sus procesos de desarrollo e industrialización, los tres demandantes hicieron uso y abuso de prácticas realmente proteccionistas de todo tipo. Y como cualquier exportador argentino sabe, el problema no es del pasado. Una investigación de Cancillería de 2013 mostró que sólo las restricciones a las importaciones de todo tipo, arancelarias y paraarancelarias, que impone Europa provocan al país pérdidas por 2500 millones de dólares anuales en exportaciones y 12.500 millones en producción (http://bit.ly/1nKcjtN). Vale recordar que la Argentina tiene abiertos procesos en la OMC contra las limitaciones al ingreso de carne vacuna y limones a Estados Unidos y de biocombustibles a la UE. Además, precisamente Estados Unidos como país, con 121 casos, y la UE como bloque aduanero, con 79 casos, son los más demandados en el marco del Entendimiento de Solución de Diferencias de la OMC. La Argentina, en tanto, suma 15 demandas. Otra vez el viejo haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago.

En cuanto al futuro, se espera que la Argentina apele en septiembre. Su alegato seguramente sostendrá que las DJAI y los LNA no son restricciones comerciales, sino regulaciones aduaneras, y luego la OMC tendrá hasta 90 días para resolver. Imaginando el peor de los resultados, que al final de todas las apelaciones llegue el momento de imposición de restricciones sobre las ventas a los tres destinos denunciantes, que en conjunto representan alrededor de un tercio de las exportaciones del país, las limitaciones actuales se volverían virtud: dado que los productos exportados por el país son fundamentalmente commodities no habría mayores dificultades en redireccionar las ventas. Sin embargo, tanto en Cancillería como en el Ministerio de Economía no creen que el proceso llegue a un momento de retaliación. En todo caso bastaría con eliminar los instrumentos cuestionados.

Pensando en perspectiva y suponiendo un desenlace sobre la base de las relaciones de poder global, quizá se haya perdido la oportunidad de hacer políticas productivas mientras había margen para aplicar políticas comerciales fuertes, un pensamiento perfectamente inútil a posteriori, salvo para agudizar el análisis si se desea continuar con políticas de desarrollo en los próximos años.

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