¿De quién depende la buena gestión de las economías regionales? ¿De la Nación o de las provincias que las albergan? ¿Es todo cuestión de la macroeconomía nacional o los actores locales son los principales responsables? ¿Está bien subsidiar permanentemente a economías que expulsan actores y desde hace décadas no crecen? ¿Corresponde hacer concesiones fiscales a cambio de nada?

Parecen preguntas muy elementales, pero no siempre resueltas. Sucede que la cuestión regional no es un tópico habitual de la macroeconomía. La mirada del Estado se limita por lo general a lo estrictamente territorial. No hay una teoría de subsistemas. Para los hacedores de política, el abordaje habitual pasa por los “paquetes de medidas”: concesiones impositivas y subsidios. Este abordaje, de paso, resulta absolutamente funcional a la realpolitik, al juego del toma y daca con los actores en el territorio, con Nación y provincia repartiendo fondos a cambio de lealtades varias. Como las economías regionales son, en su abrumadora mayoría, actividades de base agraria que, a lo sumo, se extienden a Manufacturas de Origen Agropecuaria (MOA), la gestión de políticas se inicia normalmente en el área de Agricultura y pasa a Economía recién al momento de hablar de más dinero o regímenes impositivos específicos. En el ínterin alcanza con el reparto discreto de recursos para las permanentes “emergencias” agropecuarias. Este es el reino del “así fue siempre” y en el que los gobiernos provinciales se limitan a la tarea de meros gestores ante Nación de los poderes económicos locales.

El análisis resulta más claro aplicado a un caso específico. En el Alto Valle de Río Negro, año a año, cuando llega el momento en que las empresas empacadoras y comercializadoras de peras y manzanas reciben la fruta de los productores, se vuelve a hablar de la permanente “crisis de la fruticultura”. Para entonces, el lobby sectorial ya preparó el paquete de demandas, con gran repercusión en la vinculada prensa local. Inmediatamente políticos provinciales y empresarios, acompañados por algún “productor” de ocasión, llegan a Buenos Aires con los reclamos.

Dos datos clave para empezar a discutir: la producción del subsistema frutícola, en cantidad de kilos, se encuentra estancada desde hace al menos tres décadas. Abundan las chacras abandonadas y sólo florecen las instalaciones de unas pocas firmas exportadoras. El sujeto social preponderante de los orígenes del circuito, el chacarero independiente que entrega su fruta al empaque, prácticamente desapareció. De los 15 mil productores existentes en la etapa de auge, quedan menos de 800. Los reclamos, sin embargo, siempre se realizan en nombre de estos productores míticos. Frente a décadas de ausencia del Estado en el circuito, la conducción fue ejercida por el sector empacador comercializador, que a juzgar por los resultados, fracasó en su función. Aunque unos pocos comercializadores se enriquecieron, el resultado social neto del circuito es desastroso: achicamiento productivo, expulsión de actores y pérdida de relevancia hemisférica en la exportación. ¿Se justifica que el conjunto de la sociedad continúe derivando ingresos a este circuito?

Como es lógico esperar, los empresarios del sector sienten tirria por cualquier intervención del Estado. El rechazo no evita que demanden para sí mismos recibir subsidios y regímenes impositivos especiales. La estrategia para evitar el ruido ideológico es presentar estas demandas como “una devolución”. Para ello suman el aporte de impuestos y aranceles pagados en un período de tiempo, digamos una década, y agregan, “queremos apenas el uno por ciento de esto”. Siguiendo la misma lógica, un asalariado podría pedir un aporte mensual del Estado sobre la base de sumar sólo del 21 por ciento de IVA que pagó por la mayoría de sus gastos desde que tiene memoria. A la hora de argumentar por qué se los debería subsidiar apelan sí, a la macroeconomía. Exportadores al fin, culpan al tipo de cambio (incluso en momentos de devaluación, como la pasada temporada), la inflación, la compra de insumos valuados en dólar blue, las retenciones, las demoras en reintegros y los aumentos de salarios. O sea, el pack clásico. El mascarón de proa para legitimar las demandas consiste en hacerse acompañar a las reuniones con funcionarios por algún chacarero, el que en el paroxismo del síndrome de Estocolmo, presenta los mismos reclamos que su verdugo. De paso, si el chacarero consigue algún subsidio para sus tareas culturales, los habilitará a pagar menos por su fruta. Históricamente, los valores que los empresarios acuerdan entre sí pagar a los productores permiten apenas la reproducción simple del capital primario.

Adicionalmente, el esquema de demandas resulta funcional a la inacción y la desidia de la política provincial escudada en la muletilla “la culpa es de Nación”. La realidad es que las provincias podrían hacer mucho en materia de distribución del ingreso al interior del circuito. Alcanzaría apenas con el establecimiento de reglas de transparencia comercial que eviten la apropiación de renta de los empacadores, lo que a su vez, al cambiar la ecuación de rentabilidad, habilitaría el ingreso de nuevos capitales medianos al circuito. Pero de esto no se habla. Siempre es más fácil culpar a la inflación, los precios internacionales o a la caída de la demanda rusa.

Con este diagnóstico en mano, y tras décadas de continuidad, algo cambió en el Ministerio de Economía. El paquete concedido para esta temporada se resume en los siguientes puntos:

- Un fondo para la producción primaria de hasta 300 millones de pesos (el sector pretendía una cifra similar, pero en dólares) aportado por Nación y las provincias involucradas. Los aportes comienzan con 50 millones de Nación y 75 de las provincias. La continuidad de los desembolsos queda vinculada a compromisos empresarios en materia de corresponsabilidad gremial y exportaciones.

- Frente al pedido de aumento de reintegros se estableció que se otorgarán sólo sobre los aumentos de exportaciones a Rusia y Europa. En la misma línea, dada la situación de los mercados internacionales, se concedió un diferimiento del pago de retenciones a Rusia y la UE sólo en caso de que se verifique caída de precios en dichos mercados.

- Aunque sin mayores definiciones, se habló de avanzar en transparentar relaciones comerciales y de crear un observatorio de precios como única manera de saber cuánto reciben los productores independientes. Se trata de tópicos transitados permanentemente en la última década, pero en los que nunca se avanzó. Nada indica que ahora sucederá. Adicionalmente también se comprometió a los comercializadores a colaborar en Precios Cuidados.

El balance preliminar indica que la concesión de Nación, aunque menor a la pretendida por empresarios y dirigentes locales, es significativa para un circuito que desaprovechó históricamente los fondos concedidos y permanece estancado. Se destaca, sin embargo, haber involucrado a las provincias en los aportes y, sobre todo, no entregar fondos públicos a cambio de nada. Queda pendiente la tarea de la transparencia comercial, algo que debería corresponder primero a las provincias, pero de las que puede esperarse poco. En la materia, resultan reveladoras las palabras del gobernador rionegrino Alberto Weretilneck: “Yo no me meto en un negocio entre privados”.

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