Primer dato duro: la composición nacional de un automóvil hecho en Argentina es de entre el 30 y el 40 por ciento. La composición nacional del Arsat-2 supera el 70 por ciento, se podría decir que la relación es la inversa. En el primero de los casos la explicación es la subordinación a la estructura de costos de las cadenas globales de valor. En el segundo, más o menos también, pero con una diferencia. La escala de producir un satélite no es la misma que la de un millón de autos. No tiene mucho sentido económico, por ejemplo, producir algunos componentes electrónicos específicos para una sola unidad satelital que piezas estandarizadas para cientos de miles de vehículos. Distinto sería el caso, por ejemplo, si la electrónica fueguina fuese algo diferente a simples armadurías diseñadas para hacerse de recursos fiscales y explotar el monopolio del mercado interno. Si fuese una industria real podría trabajar en el desarrollo de insumos para otros sectores: por ejemplo para la industria automotriz, la hidrocarburífera, la de maquinaria agrícola y también la atómica, la aeronáutica y la satelital. Es así como se generan eslabonamientos, escala y desarrollo local. Un mercado de 40 millones de habitantes y sectores productivos en la vanguardia mundial, como el agro y la energía, lo posibilitan. Se trata de asignaciones de recursos que, al menos en los primeros años, demandan la guía del Estado, es decir; visión y decisión política para construir la trama de las interacciones entre las distintas cadenas productivas. En ningún lugar del planeta estas cuestiones son resueltas por el mercado. No alcanza solamente con generar un “clima de negocios” o “condiciones favorables para la inversión”. Manteniéndose en el marco de los incentivos de una economía de mercado, hace falta planificación y empujar sectores: política industrial. Un ejemplo exitoso es el complejo estatal-militar-industrial estadounidense.

Segundo dato duro, una afirmación casi de charla de café: con Invap, satélites y tecnología nuclear no se resuelve la restricción externa. Es cierto, tampoco con los radioisótopos, los reactores de investigación o el combustible nuclear se autofinancia la Comisión Nacional de Energía Atómica. Si genera ganancias la estatal rionegrina Invap, Investigaciones Aplicadas, un poco por sus características de empresa dedicada a específicamente al desarrollo de ingeniería y producción, pero también por sus relaciones con un complejo, que podría denominarse tecnonuclear, en el que la inversión pública y el Estado acompañan los negocios globales. El hecho de ser una firma estatal permite además decisiones de crecimiento; reinvertir el 85 por ciento de las utilidades y repartir el 15 restante entre sus empleados. Pero por volumen de ventas, el complejo tecnonuclear es todavía marginal en el conjunto de la economía. Precisamente por este lado vinieron las excusas para el desmantelamiento atómico de los 90, muy en línea con los intereses de los países que no querían que Argentina forme parte de los selectos clubes satelitales y nucleares, a los que hoy sí pertenece.

Sin embargo, el peso del complejo tecnonuclear, integrado por firmas como Nucleoeléctrica, Arsat, Invap y organismos como la CNEA y el Instituto Balseiro, tienen una importancia que va mucho más allá de lo estrictamente simbólico. Para empezar, a tono con la escritura de época, “derriba mitos”. El primero y principal es el “no se puede”, la vieja idea de que la brecha tecnológica y de recursos con los países desarrollados es tan grande que ni vale la pena intentarlo. No es casual que esta baja autoestima sea uno de los argumentos de las armadurías fueguinas, que de esta manera justifican seguir importando electrónica de consumo desarmada para un universo de 40 millones de habitantes. Pero si una firma de una provincia es capaz de producir, entre tantas otras cosas, un satélite de comunicaciones de vanguardia o de construir y exportar reactores de investigación ¿es posible que no exista al menos una sola empresa automotriz nacional testigo? ¿Puede ser que se continúe considerando imposible un desarrollo más autónomo de la electrónica?

El segundo mito es el del Estado mal empresario. Todas las firmas y organismos del complejo tecnonuclear son estatales y son eficientes; Invap y la CNEA participan de licitaciones internacionales y las ganan. Invap resuelve problemas de ingeniería en todo el mundo y es convocado para tareas tan diversas como resolver una radarización o desarrollar aerogeneradores. La historia del complejo tiene un origen casi insólito, un austríaco-alemán escapado de la Segunda Guerra Mundial que en la década del 50 le vendió a Juan Domingo Perón lo que sería el Proyecto Huemul. Fue una decisión de Estado y es probable que haya contado con el secreto anhelo de fabricar una bomba atómica en una isla del remoto Nahuel Huapi. El proyecto fracasó entre otras razones porque superaba las capacidades técnicas de su hábil vendedor, Ronald Richter, pero sentó las bases del temprano desarrollo nuclear argentino. Si tras una larga etapa de vaciamiento deliberado y sólo una década de reimpulso político el país logró retomar su Plan Nuclear, terminar la tercera central y volver a exportar reactores, es inevitable preguntarse cuál sería hoy su posición si la subordinación geopolítica durante tantos gobiernos no hubiese cortado la continuidad del proceso.

Vale agregar, no obstante, que el modelo empresario de Invap fue exitoso porque tras la decisión política de impulsar al sector, la política en el mal sentido no se metió en el complejo. Quizá el carácter “supertécnico” de las tareas desarrolladas haya funcionado como una barrera invisible para que los espacios gerenciales no fueran ocupados con criterios de militancia, lo que permitió, al margen de la propiedad estatal, una indispensable conducción técnica; una guía práctica sobre cómo debe funcionar la intervención pública en un contexto ampliado.

En una segunda línea, vale destacar que el principal apoyo concreto del Estado a firmas como INVAP pasa por las compras públicas, una herramienta clave para el desarrollo de proveedores industriales. Argentina construyó satélites porque su desarrollo temprano en el área le permitió acceder al reparto de las órbitas. Para ocupar ese lugar el Estado podría haber comprado un satélite en el exterior, como hizo Australia, por ejemplo, pero decidió adquirirlo a una firma local y a valores competitivos, aunque esto último no hiciera falta porque el precio no valora los derrames tecnológicos y de soberanía. Mientras esto ocurría, dirigentes opositores señalaron en distintos momentos que la política para el sector era “innecesaria y un despilfarro en empresas que no hacen falta y que no funcionan”.