Nivel 1: En sólo 7 meses el nuevo régimen neoliberal indujo cambios que tendrán profundas consecuencias de largo plazo. Los más destacados son dos: haber sentado las bases para el desfinanciamiento del sistema previsional y la multiplicación del endeudamiento externo, ambas medidas tomadas con el apoyo mayoritario de la oposición parlamentaria, lo que permite hablar de un nuevo bloque histórico en sentido gramsciano. Dicho de otra manera el régimen ya operó sobre los flujos pasados y futuros de los recursos públicos para conducir a la economía a una situación de “déficit estructural”: lo que significará pérdida de grados de libertad de la política económica y dependencia del poder financiero global.

No se trata de las exageraciones de un crítico, existen antecedentes históricos que grafican la secuencia que volvió a ponerse en marcha. El agujero fiscal que condujo a la crisis de 2001-2002 comenzó, precisamente, con el desfinanciamiento del sistema previsional vía la creación del régimen de jubilaciones privadas que le dejó el grueso de los pasivos al Estado y transfirió todo lo que era negocio a un puñado de bancos que durante años, hasta bien avanzado el kirchnerismo, filtraron una parte muy significativa de la masa salarial. Sobre el final de la convertibilidad, este desfinanciamiento fue acompañado por el acelerado aumento del endeudamiento en divisas para sostener el tipo de cambio hasta que todo estalló por los aires.

La Alianza PRO no inventa nada, sigue el camino de la extinta Alianza radical-frepasista, incluso reciclando a muchos de sus más conspicuos integrantes. Apenas 12 años parecen haber bastado para borrar la memoria colectiva. Pero no todo es lo mismo, a la nueva Alianza debe reconocérsele una muy superior voluntad de poder y un claro plan de avance.

Nivel 2: El segundo grupo de medidas que acompañan el proceso, en un nivel inmediato inferior al de las dos grandes transformaciones del nivel 1, fueron los cambios en los “precios relativos” de la economía, entendiendo como tales a los que determinan los precios de otros bienes. Los principales precios relativos locales son el dólar, las tarifas de los servicios públicos, los salarios y los impuestos y aranceles. Aquí el recorrido fue tan rápido como contundente: devaluación del 40 por ciento, la eliminación de retenciones sobre bienes salario, el recorte salarial real vía shock inflacionario y paritarias por debajo de la inflación más la multiplicación desmesurada e inconsistente de las tarifas de los servicios públicos, incluida la energía.

Todas y cada una de estas medidas suponen cambios en la distribución del excedente económico entre distintos actores y clases sociales y son atribuibles exclusivamente a decisiones tomadas por el gobierno actual. No tienen nada que ver con situaciones obligadas por la “herencia recibida”. El resultado es conocido: caída del consumo, de la actividad y déficit de las cuentas públicas. El hilo conductor entre medidas y resultados es evidente, repetido y universal. La única herencia recibida que realmente incidió en las medidas tomadas por la Alianza PRO fue la que posibilitó tomar las grandes decisiones del nivel 1, un país desendeudado y la caja llena de la Anses.

Nivel 3: Es la dimensión de negocios vía el control del Estado a la que se podría denominar “guantecito blanco”. Queda para el final en orden de subordinación porque no es una condición intrínseca del nuevo modelo económico. O quizá sí. La definición marxista clásica del Estado, aportada ya en el siglo XX por el pensador francés Louis Althusser, sostiene que se trata de “un aparato de dominación de una clase social”. El sesgo de clase de la nueva administración debe ser una de sus características que menor controversia suscitan en el debate público. Este sesgo alcanza incluso a sus dimensiones más cuestionables, como la naturalización de que el grueso de los nuevos funcionarios, incluido el titular del Ejecutivo, sean fugadores seriales de divisas y, en consecuencia, más que probables evasores. En tanto integrantes de la elite económica tradicional no se considera una anomalía que hayan seguido a pie juntillas todas sus prácticas. Al parecer en el país existirían dos tipos de corrupción; la muy cuestionable del funcionario “self made man” que acumuló vueltos en formato físico durante años, y la nada cuestionable de la elite que se enriqueció gracias a los negocios con el Estado.

La mejor manera de entender este nivel es ir al ejemplo de la semana que pasó, cuando el Banco Central completó el pago de los contratos de dólar futuro celebrados, entre otros, por el grueso de los funcionarios que decidieron la devaluación. Aunque fueron pocos quienes se perdieron el negocio pues el listado de los que recibieron los pagos tiene más de 600 páginas (se encuentra en Internet). De acuerdo al comunicado del Banco del pasado 30 de junio, los pagos sumaron “53.719 millones de pesos por las posiciones vencidas entre diciembre de 2015 y junio de 2016. Durante todo este período, el BCRA se limitó a pagar contratos heredados”. Es verdad, salvo por un detalle nada menor: los vencimientos más importantes se registraron en febrero y en junio. Precisamente antes de esos dos vencimientos la divisa estadounidense disparó su cotización, en ambos casos por decisiones del BCRA. Los vencimientos de dólar futuro se pagan el último día de cada mes. El 29 de febrero, después de una disparada de su cotización del más del 12 por ciento en el mes, el dólar estuvo cerca de su techo post restricciones de 16 pesos por unidad. En junio la disparada también se produjo antes de los vencimientos del 30 y alcanzó casi el 7 por ciento.

Los analistas del mercado señalaron que la suba se debió a dos razones “el Brexit”, que vino de perillas para la ocasión, y la voluntad de la autoridad monetaria de bajar la tasa de interés. ¿Por qué no se postergó la decisión de la baja de tasas al 1º de julio si la relación con el nivel de tipo de cambio es conocida? Una respuesta posible es que el efecto concreto de la suba en la cotización significó una transferencia adicional a los tenedores de contratos de dólar futuro, entre ellos muchos funcionarios del gobierno, por alrededor de 4000 millones de pesos o 270 millones de dólares. Todo en blanco, legal, vía movimientos electrónicos de cuentas y sin necesidad de bolsos voladores.

Menos comentada en materia de cotizaciones fue el detalle más grave por sus efectos futuros: la presión por el sector exportador que reinició el retaceó en la liquidación de divisas. Otra vez comenzó a hablarse de “atraso cambiario”, lo que pone en un brete a la administración de Cambiemos: volver a devaluar significaría mantener altos niveles de inflación e inestabilidad. El camino para resolver el problema sin resolverlo es conocido: seguir colocando deuda en divisas.