Finalmente las tarifas fueron, como todo lo anunciaba, la 125 del hijo de Franco Macri, aquel señor que se hizo multimillonario bajo la dictadura aumentando exponencialmente la cantidad de sus empresas y que ni en sus sueños “con final feliz” imaginó el destino que la democracia depararía a uno de sus hijos. Aunque haya existido una mala praxis común en los diseños e implementación, la causa de la 125 PRO fue mucho más deslucida que el intento estatal de participar en la renta sojera disparada por los precios internacionales. El actual gobierno se jugó a fondo por un objetivo sin épica: llevar adelante la política energética dictada por los accionistas de una firma anglo holandesa.

A diferencia de la 125 original, el revés no llegó después de abrirle el juego a un Congreso plagado de intrigas, sino por un fallo a medio camino de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Los Repúblicos encontraron su límite en el partido de los jueces. En el medio no faltaron campañas de miedo y hasta bombas en containers frente a los domicilios de magistradas díscolas.

El disparador de la nueva 125 también fue la reacción social. Pero si en 2008 salieron a las rutas los terratenientes y sus empleados, con el apoyo incondicional de los aliados ideológicos y mediáticos urbanos, en 2016 las denuncias, los amparos y los ruidazos surgieron de una mayoría transversal, no solamente “kirchnerista”, sin la amplificación de los medios de comunicación y hasta con la cerrada oposición del novel periodismo militante del ajuste.

Producido el fallo, y en contraposición a la reacción del titular del Ejecutivo, que según plumas cercanas debió ser frenado para no despotricar públicamente contra “la justicia populista”, los integrantes más lúcidos de la Alianza PRO no tardaron en advertir que la decisión de la Corte era, también, una oportunidad para salir por arriba del laberinto de la protesta social generada por la desmesura. A pesar de las amenazas apocalípticas con las que se intentó presionar a la CSJ y a la sociedad, ningún gobierno se juega en una sola medida ni en la determinación de un solo precio relativo.

La realidad es bastante más gris. A nueve meses de iniciada su gestión, Cambiemos no logró siquiera sortear la más fácil de las medidas que debía afrontar, el único precio relativo que podría haber manejado a voluntad combinando las dosis adecuadas de consenso social, gradualismo económico y muñeca política, aquello que se suponía venía a hacer la nueva derecha.

Yendo a lo resolutivo, entre sus claroscuros, el fallo de la CSJ presentó dos aspectos muy positivos:

El primero fue iluminar una dimensión que todos los comunicadores del régimen taparon o tergiversaron: el problema del precio del gas en boca de pozo o PIST (Precio de Ingreso al Sistema de Transporte, punto en el que se insistió repetidamente en este espacio) un valor que fue más que duplicado a fines de marzo al mismo tiempo que se multiplicaban las tarifas y que representa, en promedio, el 70 por ciento del valor facturado a los consumidores. Medios y gobierno intentaron ocultar que, al mismo tiempo que se aumentaban descomunalmente las tarifas de gas con el objetivo declarado de reducir el déficit fiscal, más que se duplicaba el precio del insumo de estas tarifas, expresado a través del PIST, el que pasó de poco más de 2 dólares el millón de BTU a casi 5. De hacerse efectivo, este aumento origina una transferencia a las gasíferas por un piso de 45.000 millones de pesos anuales. Para tener una referencia se trata de uno de los PIST más altos del mundo y sin ninguna relación con el costo de producción del fluido, calculado por la Fundación Bariloche en 1,9 dólares el millón de BTU.

Esta decisión administrativa, sin fundamentos en la economía real, habilita también a nuevas rondas de ajustes tarifarios, tanto en el caso de las facturas de gas, como de electricidad, de las que el gas es un insumo. Dicho de manera rápida y sin juegos de palabras: en marzo para reducir el déficit, se aumentó el déficit en 45.000 millones de pesos. Se argumentaba que así se entraba en un círculo virtuoso que favorecería a las empresas y a las provincias productoras vía regalías con cargo a los consumidores y al conjunto de la economía. La excusa fue que la multiplicación del PIST se traduciría en un aumento de la inversión; un error teórico y práctico y no verificado en la historia reciente.

Una de las grandes aspiraciones del gobierno antes de que se conozca el fallo de la CSJ era que la determinación del PIST quedara fuera del mandato constitucional de las audiencias públicas. El argumento era que se trataba en esencia de un precio de producción no regulado, es decir, determinado por el libre juego de la oferta y la demanda, y que en las audiencias solo debía discutirse el tramo regulado de las tarifas, es decir: el transporte y la distribución, el 30 por ciento del valor final. La Corte no se metió en la obvia caracterización de la imperfección de este mercado, en el cual unas pocas distribuidoras le compran a un puñado de petroleras en una estructura a la vez muy subordinada a la disposición física de yacimientos y gasoductos. Se limitó a afirmar que desde 2004 el Estado interviene en la fijación de este precio y, hasta que el valor no vuelva a ser fijado por el mercado –una indeterminación del fallo– el PIST debía incluirse en el debate de las audiencias. Dicho de otra manera, el fallo de la CSJ obliga a hablar de lo que no se quería hablar, lo que dejará en evidencia la voluntad macrista de transferir a las gasíferas un piso de 3000 millones de dólares anuales sin mayor fundamentación técnica más que una etéreo incentivo a la inversión.

El segundo aspecto positivo del fallo fue destacar que debe evitarse que las audiencias se conviertan en un simulacro. En rigor las audiencias son “no vinculantes”. El gobierno no está obligado por el corpus legal a obedecer lo que ellas dictaminen. Sin embargo el fallo sienta jurisprudencia para que su contenido no pueda ignorarse sin más, lo que abre una gigantesca oportunidad democrática en un contexto de movilización social contra el tarifazo. El inmediato desafío para la sociedad es una participación activa, solvente y multitudinaria en el proceso de audiencias públicas en defensa de los intereses de los consumidores y la estructura de costos de las empresas.