Una vez más, el presidente Kirchner desde la tribuna y su ministro Lavagna a través de los medios despotricaron contra el Fondo Monetario Internacional. Cada uno a su estilo. El primero de manera frontal, poco sutil, y pendenciera, preferible por cierto a la sumisión de la mayoría de sus antecesores. El otro con indirectas e ironías, con ese modo flemático que lo caracteriza. Es obvio que a ningún argentino le falta razones para criticar al desprestigiado organismo, y no hay duda de que todos los argumentos esgrimidos por K y L para cuestionarlo son correctos y justificados.

Precisamente, por toda esa retórica, cuesta entender la práctica del Gobierno en su relación con el FMI, lo mismo que la estrategia que se perfila para la negociación por venir con la institución que dirige el español Rodrigo Rato. En primer lugar, y mirando hacia atrás, resulta difícil congeniar tanto berrinche con el cumplimiento puntilloso y sin chistar de los pagos de capital e intereses con la institución. Las cifras son descomunales: desde que asumió este gobierno ha abonado en términos netos 4100 millones de dólares al Fondo más 1500 millones al Banco Mundial y al BID. Y, como bien se sabe, sin una pizca de la quita que sí supo imponer a los acreedores privados que aceptaron el canje de deuda, y aceptando expresamente que los tres organismos multinacionales gozan del status de acreedor privilegiado.

En cuanto a la negociación futura, antes que nada corresponde reconocer que se debe ser muy cauteloso y humilde al objetar la estrategia elegida por el ministro, habida cuenta de la pericia que ya ha demostrado en ocasiones anteriores, particularmente durante la reestructuración de la deuda en default. Dicho esto, no pareciera que la alternativa de mostrarse paciente y sin apuro tal como se escucha en la Casa Rosada sea la adecuada. Por la sencilla razón de que mientras se está a la espera continúan realizándose los pagos de manera religiosa. Cabe tener en cuenta que en los próximos doce meses vencen intereses con el FMI por 1100 millones de dólares, más vencimientos de capital no refinanciables por 2100 millones. Todo indica que mientras el pasajero no se baje ni se rebele, el reloj corre a favor del FMI, cuyo objetivo principal en este viaje es bajar su exposición con la Argentina, el tercer deudor entre sus prestatarios. Dada la relación planteada con el Fondo, el tiempo no pasa gratis sino que cuesta muy caro.

El gobierno argentino está en condiciones políticas de apurar el trámite de un acuerdo de refinanciación que estire el horizonte de pagos en lugar de dejar pasar el tiempo mientras se sigue pagando. Con el 76 por ciento de adhesión al canje, con varios acuerdos firmados y algunos más encaminados con las prestatarias de servicios públicos y, por sobre todas las cuestiones, con los números gruesos de la macroeconomía mostrando crecimiento, abultado superávit fiscal, baja inflación y cumplimiento de las pautas monetarias (para no seguir enumerando datos que condicen con la prédica ortodoxa), K y L sólo necesitan un poco de audacia para meter más presión y acelerar el asunto. Y en estos casos, como ya lo ejercitó el propio Lavagna en ocasiones anteriores, audacia es un elegante eufemismo que reemplaza a la amenaza y hasta si se quiere al chantaje de plantear la disyuntiva acuerdo ya o cesación de pagos.

Es notorio cómo el Gobierno intenta disfrazar el pecado de virtud, presentando lo que es un innecesario drenaje de divisas como una conveniente política de desendeudamiento, un neologismo para las costumbres fiscales argentinas que por contraste ha sido asimilado con una connotación positiva, aunque si se lo analiza con detenimiento quizá no la tenga del todo. O, como mínimo, sea tema de controversia. Que el endeudamiento argentino haya sido perverso está fuera de discusión, pero eso no implica que el desendeudamiento sea necesariamente positivo. Porque aún resignándose al conservadurismo distribucionista de Lavagna, cada dólar que se gasta en los organismos de crédito como extraño tributo de la paciencia a una estrategia difícil de comprender, es un dólar desaprovechado para resolver las prioridades que el propio ministro plantea en pos del desafío de sostener un crecimiento ininterrumpido hasta el 2010. Según él dijo, eso requiere de aumentar la tasa de inversión pública y privada, en equipamiento productivo y en infraestructura, lo que por cierto podría promoverse con los recursos fiscales que ahora se desvían hacia Washington. Por ejemplo, financiando más obra pública y aumentando los subsidios para atrapar el interés de un mayor número de pymes, que con el incentivo que ahora tienen no están respondiendo en la medida prevista, a tal punto que los cupos disponibles quedan en parte vacantes, mientras que las grandes firmas locales y multinacionales arrasan con cada peso de subsidio que se les ofrece para iniciar emprendimientos que quizás hubieran concretado de todas formas.